A pesar de que en los últimos años se han construido más cárceles, casi todas de máxima seguridad, también se constata -fruto de la sobrepoblación penal- un mayor hacinamiento en las cárceles, todo ello no obstante las medidas de despenalización penitenciaria puestas en marcha como la aceleración de procesos, los beneficios del 2 por 1, y el traslado de las audiencias a la prisión.

Las cifras hablan por sí solas. Hay 87 cárceles para 24,500 internos en todo el país, de los cuales el 65% -de acuerdo a los cálculos de la Defensoría del Pueblo- estarían en situación de procesados y el 35% sentenciados. Sin embargo, otras dos instituciones relacionadas al tema no se ponen de acuerdo en las cifras: un informe de marzo, elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hablan de un 68% de detenidos procesados mientras que el Poder Judicial sitúa este dato en 45%.

¿Qué pasó con la reforma penitenciaria? Para el ex ministro de Justicia, Carlos Blancas, en cuya gestión se inició hace 11 años la primera reforma frente ante el alto grado de corrupción en los penales, la despenalización, uno de los objetivos del cambio propuesto, no ha dado resultados porque "es un ir y venir de presos que se liberan a través de beneficios penitenciarios pero regresan por reincidencia".

Blancas señala que una verdadera reforma penitenciaria requiere de inversión para mejorar la infraestructura y capacitar al personal civil especializado así como de una adecuada remuneración para los agentes penitenciarios y así evitar la corrupción. También considera importante la clasificación de los presos en diferentes tipos de penales.

En cambio, Wilfredo Pedraza, director del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, sostiene que prácticamente nunca hubo reforma penitenciaria en los últimos 20 años.

"Lo que se está haciendo es una especie de reorganización del INPE y creo que más es administrativa. No existe ni se ha hecho en los últimos 20 años una reforma penitenciaria sustantiva, en asuntos de régimen interno y en enfoque de lo que sería el tratamiento del interno", señala.

Según su opinión, las últimas reformas han sido administrativas del INPE como institución "y entiendo que la actual reforma está por cesar y los resultados todavía no se ven".

Considera que el INPE ha estado en proceso de reorganización permanente desde 1987 y esta vez ha sido la quinta vez.

Es un error, añade, creer que los problemas de las cárceles se resuelven cambiando las estructuras de la institución o cambiándolas de nombre, cuando el problema va mucho más allá: factores sociales, económicos y hasta políticos.

Se está exagerando al persistir en la reforma administrativa cuando la carcelaria propiamente no existe", agrega Pedraza.

Los especialistas consideran que no hay capacidad en las cárceles para albergar más presos como consecuencia de la nueva política que implementará el Ejecutivo.

"Un mayor número de presos significará hacinamiento y congestión de los penales porque la infraestructura es inconveniente. Ya existe un déficit: existen 24 mil presos y la capacidad de los penales es para 15 mil. Otra cosa sería si la capacidad fuera para 50 mil", dice Blancas.

La respuesta de Wilfredo Pedraza fue rotunda. No existe capacidad, puesto que el 60% de los penales sufre un hacinamiento exacerbado, siendo la máxima expresión la prisión de Lurigancho, que hasta hace un mes tenía 7 mil internos pese a que fue construido para 1,700.

Hace poco fueron trasladados mil reos al recientemente inaugurado penal de Cañete. "Se está despoblando parcialmente, pero sigue sobrepoblado en casi 300 por ciento, dice.

No existe un penal, salvo raras excepciones, que tengan mayor capacidad de albergue, ni siquiera los nuevos, excepto Challapalca, que tiene un pabellón disponible, pero es muy complejo por su ubicación.

Precisa que los demás, o están de acuerdo a su capacidad o todos están exacerbados. Hay penales, como el de Yanamilla (Juliaca), que tiene buena capacidad y no hay mucho hacinamiento. Pero el de Pucallpa, que es el mejor del país, tiene cubierta su capacidad, no hay hacinamiento y todavía podría recibir un número mínimo de internos. En cambio, penales más importantes, como Castro Castro y Chorrillos, en Lima, Yanamayo, en Puno, que tienen alto hacinamiento.

En la última década se han construido establecimientos penales, especialmente para presos de alta seguridad, como los de Challapalca, Picsi (Chiclayo) Yanamilla (Ayacucho). Todos han sido concebidos para sistema de máxima seguridad, con la excepcion de penal de Cañete, que es de mediana seguridad, según la evaluación del Programa de Asuntos Penales de la Defensoría del Pueblo.

Se diría que el gobierno se ha preocupado especialmente en renovar la infraestructura carcelaria con ese matiz, para terrorismo y ahora para delincuencia común.

Ya se tiene un diagnóstico de clasificación de penales- entre buenos malos y regulares- a través de la evaluación de 38 penales visitados el año pasado por dicho programa con apoyo del gobierno de Canadá.

Ya se conocen los primeros resultados. En términos generales, la situación carcelaria no ha variado mucho, la población penal se está incrementando sistemáticamente. Tenemos aproximadamente 24 mil 500 internos. Cada año hay un incremento del 10%.

Pedraza precisa que este incremento de reos se debe a que las últimas medidas legislativas están orientadas a restringir beneficios orientados a levantar las penas.

"El efecto natural de este tipo de medidas es, obviamente, que los presos vinculados a delitos de terrorismo, tráfico de drogas, secuestros, robos agravados, violaciones, que son los delitos que mayor incidencia, tendrán un mayor período en las cárceles. Es un resultado inevitable. Quizás se acreciente mucho más como resultado de la política criminal que el gobierno implementará", añade.

El diagnóstico también encuentra problemas de alimentación, de salud y demanda de todas las necesidades. Los penales donde hay hacinamiento presentan graves problemas de alimentación; en los medianos, como el de Chorrillos, o pequeños, este problema es menor.

En Lurigancho, el presupuesto para alimentación, pese a que se ha elevado de S/.1.50 a S/ 1.80, sigue siendo un gran problema porque sólo permite una alimentación al día. En Chorrillos, además de desayuno y almuerzo se sirve una cena muy ligera, a lo cual también contribuye la organización del penal.

También hay presos enfermos de tuberculosis, los mismos que son atendidos dentro del programa de TCB del Estado. Aparte, hay necesidades de instrumentos quirúrgicos y medicamentos para otros males, en su mayoría estomacales.

Además, hay 110 internos con problemas psiquiátricos y el Hospital Larco Herrera sólo ha dado cobertura para 10 de ellos.

La falta de comunicación entre el Poder Judicial y el INPE explica la diferencia del porcentaje de procesados y sentenciados presentadas por ambas instituciones, según Wilfredo Pedraza.

Al parecer no sólo es problema de comunicación. En los pasillos del Poder Judicial se dice que algunas veces los directores o responsables del INPE han impedido sistemáticamente a los magistrados y comisionados el ingreso a sus órganos jurisdiccionales.

Creo que existe un margen de error del 10% en las cifras presentadas por el INPE, siendo una de las razones la tardía comunicación de una sentencia, dice Pedraza.

"Se supone que el Poder Judicial en cuanto emite una condena debe comunicarla al INPE para que registre en la ficha del interno su condición jurídica. Ese registro tiene un retraso histórico y, por esa razón, habiendo internos que teniendo condiciones de sentenciados aparecen en las fichas como procesados. Esa ficha va emitiéndose de manera incorrecta", añadió.

Para él, el 65% está en condición de procesados y 45% sentenciados. El ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa, tomando como base las estadísticas de INPE, dijo que el 70% de la poblacíon penal era procesada, porcentaje que corresponde a 17,487 de un total de 24,694 internos. En cambio, para el Poder Judicial dicha cifra se reduce 40%.

Consideró, sin embargo, que aún cuando la cifra hubiese disminuido en 5 o 10 puntos, el problema más grande sigue siendo el de los presos sin condena, "lo cual demuestra que los avances de la reforma procesal no han tenido en este aspecto los resultados importantes".

Consideró que hay dos factores que explican el alto número de procesados. Por un lado, siguen siendo procesadas aquellas personas que tienen recursos de nulidad pendiente en la Corte Suprema (puede durar seis meses o un año) y por el juzgamiento establecido para el tráfico de drogas, que está retrasando sensiblemente el procedimiento para este tipo de procesados que representan el 20% de la población penal.

De otro lado, las salas que juzgan a reos en cárcel reportan carga cero, es decir no tienen a quien condenar

Entre los avances logrados con la reforma, dijo que debe reconocerse que los plazos de juzgamiento se han reducido por el sistema que se ha adoptado en el Poder Judicial.

El juzgamiento de presos en los penales ha abreviado en forma importante los procesos. En 1990, casi el 60% de las audiencias se frustraban por una tardía diligencia judicial. Los reos eran llevados con retraso al Palacio de Justicia para su juzgamiento.

En cambio, agregó, hay otros problemas, como la Sala de Narcotráfico y la de bandas, que generan grandes concentraciones de procesos y enormes prejuicios a los procesados.

El Poder Judicial tiene otra versión. Según trascendidos, el presidente de la Corte Superior, Marcos Ibazeta, evaluó hace poco que en los penales de Lima el 70% de presos se encuentra en calidad de inculpados como una constante. Consideró que la diferencia de cifras se debe al deficiente manejo de la información y estadísticas por parte de INPE.

Sus estadísticas indican que cada juez penal de reos en cárcel está recibiendo un promedio de 20 nuevos procesos y en cada proceso hay dos o tres detenidos, lo cual multiplicado por 20 procesos mensuales de cada juez nos lleva a 2,400 nuevos procesos por año. El promedio de reos por proceso los lleva a calcular más o menos 7,200 nuevos internos por año, sólo en Lima.

Entre agosto de 1996 y julio de 1997, de los 5,827 expedientes con reos en los cuatro penales de Lima, se resolvieron 4,474 y quedaron como pendientes 1,353.