Después de una intensa campaña de descrédito frente al EZLN desde su aparición en 1994 auspiciada por el partido de gobierno (PRI) y tras la formación de un ejército paramilitar("Mira") producto del uso de fondos del tesoro público y el entrenamiento de terratenientes y paramilitares, el gobierno mexicano inició el proceso de desplazamiento y exterminio de las comunidades que conforman el estado de Chiapas.

Estas acciones representan un ataque frontal no sólo a la población, sino al EZLN, con la intención de debilitar sus bases y negarse a satisfacer sus demandas, que no son otras que las mismas de las comunidades indígenas.

La acción no puede ser más infame: 45 indígenas desplazados de sus comunidades que rezaban refugiados en la población de Acteal fueron asesinados salvajemente mientras rezaban. Con el respaldo de la policía del estado y bajo la supuesta intención de aclarar la situación, el presidente Ernesto Zedillo promete castigar a los culpables, cuando uno de los culpables y responsables es el mismo. Mientras tanto, el gobierno se empeña en reiniciar conversaciones cuando las peticiones anteriores no se han cumplido.

La importancia y la urgencia de esta situación no pueden ser minimizadas. Es necesario apoyar la campaña que actualmente se realiza a nivel internacional frente a lo sucedido en Chiapas. Manda cartas, faxes solicitando y demandando la desaparición de poderes en el estado de Chiapas, castigo a los responsables de este crimen, el inmediato desarme de grupos paramilitares y la desmilitarización del estado de Chiapas a las siguientes autoridades: