L@s antimilitaristas en general escuchamos con incredulidad las declaraciones de Caldera, a poco tiempo de asumir su cargo de presidente, en las que anunciaba que la recluta quedaba prohibida en todo el territorio del país. La experiencia ha enseñado al Movimiento de Objeción de Conciencia que mientras no haya un papel escrito que refrende una decisión como esa, este tipo de comentarios se quedan y se quedarán, en bonitos discursos ante los medios.

No nos equivocamos. El nuevo procedimiento consistía en que aumentaban las regalías dadas a los soldados, esperando un tiempo prudencial a que los chicos se enlistaran "voluntariamente" con lo que aseguraban por lo menos sus tres golpes diarios (para nadie es un secreto que el servicio militar obligatorio sólo es para los pobres). Pero en los destacamentos que no llenaban el contingente, daban la orden para que en la última semana de conscripción salieran a reclutar a la fuerza, tal como lo manda la costumbre "democrática" venezolana.

Una carta enviada al gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, por parte del movimiento "Elige la Paz" le expresaba que a pesar de sus declaraciones sobre la eliminación de la recluta en su jurisdicción, su policía continuaba con esta práctica. La respuesta, a cargo del Secretario General de la Gobernación, es todo un poema al doble discurso de los políticos. La misma comienza diciendo que "ha sido criterio del señor gobernador estimular el cumplimiento del servicio militar promoviendo el alistamiento de manera voluntaria" y termina afirmando que "producido como ha sido el Plan de Llamamiento del Presidente de la República, corresponde al Ejecutivo del Estado dar cumplimiento al mismo, y utilizar en forma legítima la fuerza de policía para requerir de los ciudadanos la satisfacción de la obligación militar establecida".

El derecho a la objeción de conciencia, es decir no prestar el servicio militar sólo por no estar de acuerdo con él, ha sido acordado en convenios internacionales que nuestro querido gobierno ha firmado. Pero como dice el dicho, "quien hace la ley hace la trampa", y en este caso, utilizan la coerción y las armas para legitimarse. Seguiremos luchando por la prohibición de la recluta y el reconocimiento de la objeción de conciencia en nuestro país. Mientras tanto, pilas con la recluta.