Las venas siguen abiertas

Política petrolera en la Argentina o la promoción de ecocidios y genocidios.

Durante los últimos años y de acuerdo a las exigencias del ajuste estructural, se ha iniciado el proceso de privatización de las empresas estatales, liberalización de la economía y promoción de la inversión privada para la explotación de los recursos naturales. En el marco de esta política, y como resultado de las amplias facilidades y exoneraciones tributarias otorgadas por las empresas, el actual gobierno ha ubicado a la Argentina en la lista de "país de interés petrolero". Es por ello que grandes zonas de la provincia de Neuquén, en muchas de las cuales viven comunidades Mapuche, son ambicionadas por las compañías petroleras.

Durante los últimos cinco años, Argentina ha suscrito y promulgado importantes cuerpos legales que reconocen la "preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos... la propiedad comunitaria de las tierras... regular la entrega de otras... asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten".

Sin embargo todas estas leyes quedaron supeditadas a la política de favorecer la inversión económica. De esta manera se legaliza la miseria material en que sumergieron a los mapuche y se otorga total libertad para el saqueo de las riquezas subterráneas.

Paynemil y Kaxipaiñ ¿lo que vendrá?

Afirmar que la implementación de esta política petrolera es el primer paso hacia un próximo genocidio y ecocidio, no es un planteo absurdo efectuado un conjunto de pesimistas caprichosos ni de fanáticos apocalípticos. Lo sucedido en las comunidades (lof) mapuche Paynemil y Kaxi Paiñ son un claro ejemplo de ello.

Ambas comunidades están ubicadas al sur de Añelo, a pocos kilómetros del yacimiento Loma de la Lata. Desde 1994 el lof Paynemil (Kaxipaiñ se conformó en 1997) viene denunciando a Y.P.F., intimándola a reconocer los daños causados, sin obtener respuesta alguna En medio de la crisis ambiental originada por los derrames de crudo en la cuenca del río Colorado - entre los meses de octubre de 1996 y marzo de 1997 - se conoció un informe reservado, realizado por el estado neuquino. Allí se anunciaba la presencia de metales pesados en la sangre y orina de los miembros de la comunidad Paynemil.

"La observación inicial efectuada a partir de los resultados de estudios de laboratorio efectuados con muestra de agua de pozos obtenidos de la napa freática señala la presencia de niveles altos de plomo, mercurio, cadmio, y bario en el de consumo de algunas familias de la comunidad, y, que los altos valores de mercurio en orina y bajos de delta-ALA -dehidrogenasa sanguíneo (indicador de interferencias por exceso de plomo en el ciclo de formación del hemo) en muestras obtenidas de ancianos y niños de la comunidad, indican una distribución de los resultados siguiendo un gradiente aumento según residencia agua abajo, a part¡r del camino de acceso a la agrupación indígena.

Algunos contaminantes presentes son el plomo, el mercurio, el cadmio, los hidrocarburos, el arsénico, y el bario.

Demanda Mapuche.

Recientemente se han conocido los resultados de nuevos "estudios" realizados, por el estado provincial, a pobladores de la zona: mágicamente disminuyeron los niveles de metales pesados encontrados en sangre y orina.

Con estos nuevas datos se intentaría demostrar que el grado de contaminación no es el que se preveía, restando así trascendencia al problema. En tal situación la multinacional Y.P.F. quedaría desvinculada del envenenamiento a las comunidades mapuche. Con esta maniobra queda al descubierto la dualidad Estado/Y.P.F. No sólo se brinda seguridad jurídica y política a la inversión extranjera sino que el gobierno provincial se convierte en cómplice del etnocidio y ecocidio. Se asume como un precio razonable el exterminio de dos comunidades si ello significa progreso, regalías, dólares...

De no existir tal grado de contaminación la provincia e Y.P.F. se verían liberadas de dar solución a los mapuche. Ya no se justificaría la construcción de un acueducto río arriba, para garantizar la provisión de agua potable a las comunidades.

Ante esta situación, la Coordinación de Organizaciones Mapuche pidió que se realizasen nuevos análisis; pero esta vez a cargo de un laboratorio internacional, para garantizar la veracidad de los resultados. Por esa razón la demanda presentada al gobernador Felipe Sapag fue acompañada del presupuesto de un laboratorio Suizo (el costo de los estudios seria de U$S 28.800).

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se conprometió a aportar los fondos necesarios para realizar nuevos estudios, pero ha surgido una nueva dificultad: al parecer sacar sangre humana hacia el extranjero es un problema de política exterior que debe resolver Cancillería.

Paradójicamente la soberanía no fue violada en 1996, cuando científicos de Universidad de Pennsylvania (EEUU.) sacaron, bajo engaño, sangre a 120 mapuches para patentar su secuencia genética.

Ocultar el problema antes que dar soluciones se ha convertido en una regla. Ante este ecocidio y genocidio sólo se ha obligado a Y.P.F. a administrar agua mineral a las familias de Paynemil y Kaxipaifl.

Aukache:

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