Any Alarcón

Sería importante realizar una revisión del discurso de los derechos humanos bajo una perspectiva libertaria. Hasta los momentos hemos visto con asombro cómo éstos han sido manejados bajo un doble discurso: por un lado encontramos a grupos y organizaciones que de una manera u otra tratan de ser vigilantes de que el Estado cumpla y respete los derechos humanos, además de realizar trabajos de educación en las zonas más paupérrimas del país. Del otro, encontramos a representantes del Estado fundando organismos y entes que sirven sólo para criticar la gestión de la política de turno en cuanto a este tema, convirtiéndose los derechos en algo manipulable por una élite corrupta, inmoral y esnobista que busca figurar y crear simpatía en la población bajo una coyuntura "X" para ganar centimetraje en los medios de comunicación de masas. Valdría la pena preguntarse porqué el discurso de los derechos humanos se presta para esta ambigüedad.

El problema radica, a nuestro modo de ver, en el papel del Estado. Lamentablemente éste se erige como el responsable y garante de los mismos. Es el Estado quien ejerciendo su autoridad decide que derechos merecemos, es el estado omnipresente quien los viola, quien se juzga y se castiga. Cuando el gobierno, la ONU u otra institución se digna a explicitar en un documento o pacto el disfrute de algún derecho (después, por supuesto, de haber masacrado o vejado a trabajadores o ciudadanos que lucharon por el reconocimiento del mismo) encontramos que de alguna manera responden a los intereses económicos y políticos de esa élite. Tal es el caso de la objeción de conciencia, que en algunos países de Latinoamérica ha sido concedida, pero este reconocimiento está canalizado a través de una normativa legal que no dañe los intereses de la institución castrense, buscando pro el contrario militarizar las acciones sociales.

Otro aspecto que bien valdría la pena revisar es el concepto de derechos humanos. Para ello sería importante citar algunas definiciones: "Toda persona posee unos derechos morales y estos deben ser reconocidos y garantizados pro la sociedad y el poder político" (Eusebio Fernández, citado en Sagusteme Gemell, pág. 1). Encontramos en esta definición dos aspectos importantes: estamos de acuerdo en que todos los individuos tienen derechos inherentes a su condición de ser vivo, derechos que nacen según sus necesidades para desarrollarse plenamente en dignidad y libertad. Reposando el reconocimiento en la sociedad a que pertenece, más no en el aparato estatal. Con respecto a esto último, el autor de esta definición, le atribuye al estado la responsabilidad, no sólo del reconocimiento, sino de la garantía de los mismos, arrebatando la posibilidad de un disfrute inmediato de los derechos a la sociedad. En otra definición leemos: "Facultad que la norma atribuye a la protección de la persona en lo referente a la vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o cualquier otro aspecto, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás, de los grupos sociales y del estado, y con la posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción".

Es en esta definición donde encontramos una cantidad de contradicciones. Para empezar, nos dice que es la norma, la ley, los mecanismos legales quienes protegen a los individuos, visto de esta forma es el Estado quien brinda una estabilidad bajo un marco jurídico inviolable (sólo por él), sacando del juego cualquier posibilidad alternativa de protección por parte de la sociedad. También apunta, que en este marco jurídico es para garantizar la igualdad, la libertad y el respeto. Seamos realistas, ninguna ley, ningún pacto firmado garantiza la igualdad y mucho menos la libertad de un individuo, de una sociedad. Hay que tomar en cuenta que nunca existirá la igualdad mientras un grupo selecto maneje el poder y mientras exista la autoridad (esto último está comprobado no sólo en sociedades capitalistas como la nuestra, sino en sociedades comunistas como Cuba, o la ya desaparecida Unión Soviética). También provoca risa saber cómo algo inherente a la condición humana, al individuo, se ha burocratizado y retenido por un pacto. Quien mejor que un colectivo, que una sociedad y que un ser humano para saber el momento exacto en que desee disfrutar de sus derechos.

Casi todas las definiciones, por no decir todas, coinciden en entregar las garantías y la responsabilidad de los derechos humanos al estado, convirtiéndolos en una instancia burocrática (amén de todos los procesos engorrosos que hay que vivir para que el estado reconozca un derecho) y en una razón de ser para su existencia. A lo mejor puedan decir que sin el Estado no existirían los derechos. Esta observación es falsa, los derechos nacen y mueren con nosotros, trascienden las fronteras de la tierra y del universo. Es el Estado quien se toma esta atribución que, más que brindar estabilidad provoca inestabilidad, inseguridad y miedo, porque es el Estado quien los viola para seguir manteniéndose en el poder y para poder asegurarse su existencia, interpretándola a su favor, concediéndolos para velar por sus intereses.

Ahora bien, queremos proponer una definición tentativa, bajo una perspectiva anarquista sobre los derechos humanos.

"Los derechos humanos son necesidades inherentes a la condición humana que promueven el bienestar de una sociedad bajo valores de solidaridad, amor, apoyo mutuo, entre otros. Donde la responsabilidad, garantía y disfrute reposan en el colectivo quien bajo consenso velará para que todas y todos tengan la posibilidad de acceder a ellos. Se considerará violación de los derechos cuando una minoría quiera mecanizar y adjudicarse la potestad de reconocerlos. Su disfrute será inmediato o cuando la misma sociedad así los requiera.

Queremos invitar a todos y todas las compañeras (os) a construir y ampliar este concepto, este discurso para comenzar a edificar una sociedad más humana, más digna.