Armando Vergueiro

Con la situación que vivimos en Venezuela a raíz de las inundaciones de diciembre pasado - muy probablemente el mayor desastre natural en cuanto a número de víctimas en América durante el Siglo XX -, se confirmó lo que los anarquistas decimos respecto a toda instancia de poder autoritario, en particular del Estado: esas estructuras, hechas por y para la injusticia y la desigualdad, ni quieren ni pueden atender con eficacia y prontitud las necesidades sociales mas importantes. En esta oportunidad, vimos como lo que es cierto en circunstancias cotidianas se hizo mas patente aún al tener que enfrentar un evento natural extraordinario, pues al costo tremendo en vidas y recursos que dejó la catástrofe, se sumaron los efectos de la ineptitud y/o torcida intencionalidad de la acción posterior del Estado venezolano y otras instancias del poder (gobiernos extranjeros que remitieron "ayuda", empresarios privados, iglesia católica, y sus respectivos tentáculos caritativos conocidos como ONG´s).

Al hablar de la ineficacia estatal en la atención a la emergencia, hay que recalcar que mas allá de quienes estén ejerciendo el gobierno en un momento determinado, el Estado venezolano se ha mostrado como estructuralmente incapaz para responder a semejantes retos. Ya el pueblo había padecido de esa ineptitud oficial en regímenes pasados, bastando solo con que cualquiera de nosotros recuerde el saldo de la acción oficial en emergencias anteriores, por ejemplo, el gobierno de Caldera en el terremoto de Sucre, o el dúo Lusinchi-Ibañez en las inundaciones de Aragua. Lo diferente ahora es que a las fallas conocidas (dilación burocrática para iniciar el socorro; falta de coordinación institucional e inexistencia de planes para atender emergencias de este rango; irrespeto a las víctimas que llegó hasta la violación de derechos humanos básicos; manejo turbio de recursos; distribución limitada y desigual de auxilios, además repartidos mas en atención a la demagogia para televidentes y al afán protagónico que por la necesidad del receptor), se suma lo que en EL LIBERTARIO hemos denunciado repetidamente como el rasgo dominante del mandato de Chávez: la desmedida militarización de la respuesta gubernamental, salida obvia cuando quienes ejercen el poder están absolutamente convencidos que los civiles, con nuestra supuesta tendencia a la incompetencia, en momentos como estos somos incapaces de alcanzar las virtudes de organización, planeamiento y ejecución que únicamente corren por la sangre de los militares de oficio.

Con toda la pantomima de una operación guerrera de altos vuelos (desembarcos, paracaidistas, helicópteros, vehículos blindados, etc.), la ahora denominada Fuerza Armada venezolana - con el refuerzo de congéneres extranjeros siempre disponibles para estas tareas de entrenamiento y relaciones pùblicas - realizó su grandielocuente acto para las cámaras de TV. Terminaron haciendo no más, y por los testimonios posteriores tal vez mucho menos, de lo que con recursos y medios equivalentes pudieron haber ejecutado los organismos civiles del Estado. De hecho, y como suele ocurrir en este continente cuando los uniformados se erigen a si mismos en "salvadores" de sus conciudadanos, el resultado final estuvo lejos de lo que se vendió para consumo propagandístico, pues el "rescate" fue mas bien una operación de transporte de unos que huían y otros que eran forzados a retirarse; en cuanto a la "seguridad de la población", en otro artículo de este número se habla de lo que resultó en materia de violación de derechos humanos, al mismo tiempo que la acción delictiva se multiplicaba; tampoco contribuyeron a los esfuerzos de aquellas personas que empezaban a recuperar viviendas y lugares de trabajo, ni se supo que tras la ocupación de puntos estratégicos en el Estado Vargas, los militares desarrollaran acciones para rescatar en alguna medida la infraestructura de obras públicas de la zona; ni siquiera fueron capaces de proveer cifras al menos aproximadas sobre la magnitud de una tragedia que ellos mejor que nadie podían verificar sobre el terreno, convirtiendo en "secreto militar" la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos, como si interesará ocultar esta información tal y como lo hicieron el 27-F-89 y en los golpes de 1992. Como adecuado cierre a esta demostración castrense, cuando finalmente llega el momento de apuntar estrategias y planes de reconstrucciónque expresen visión de futuro e inteligencia para sustentarlos, para nada se han manifestado propuestas originadas desde los cuarteles, a pesar de que puertas adentro se ufanan de tener los mejores y mas calificados cerebros del país.

Como otro rasgo especial de la respuesta oficial ante esta tragedia tuvimos el triste papel que correspondió a los gobiernos regionales y locales: las andanzas y decires del Gobernador de Vargas serían hasta tema de una comedia de no enmarcarse en tan grave drama; de otros gobernadores y alcaldes de lugares afectados poco o nada se supo pues fueron echados a un lado por los militares que asumieron control; apenas se dejó ver el Gobernador de Miranda, a fuerza del padrinazgo de medios de difusión que lo apoyan y de aplicar en su ámbito la misma receta demagógica que el Comandante usa a escala nacional (¡tan bien le fue en esto a Mendoza, que los chavistas se plantean asimilarlo a su bando para la reelección!). En fin, que también quedaron en evidencia las carencias de una descentralización del gobierno que, mas que eliminar la inoperancia del Estado, la multiplica en la escala local.

No podemos tampoco dejar de comentar la presencia de los otros "ogros filantrópicos". Aquí estuvieron algunos gobiernos extranjeros practicando una solidaridad ensayada, de cara a la galería, lo cual en el caso de los países capitalistas ricos corresponde a la macilenta zanahoria que se alterna con los gruesos garrotazos de la globalización al servicio de las transnacionales. En cuanto a la Iglesia y los capitalistas locales, la ocasión les fue propicia para comenzar a reconquistar posiciones en la opinión pública después del fracaso electoral de su oposición ofuscada a las cosméticas reformas constitucionales del chavismo, aunque sin dejar de dar patinazos como el del Arzobispo de Caracas proclamando - al mejor estilo medieval, en medio de una ceremonia religiosa - que lo ocurrido fue "castigo de Dios por nuestros pecados". Por supuesto y en previsión de pasar pronta factura por sus servicios, los jerarcas eclesiásticos y empresariales se han ocupado en recordarnos a cada rato lo bien que se han portado y la cantidad de dinero que dan - sin valer aquello de que, en materia de caridad cristiana, "tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha" -, olvidando mencionar que en enorme medida ese aporte proviene del propio pueblo venezolano, que en cuanto pudo se organizó, ayudó y respondió positivamente ante la tragedia, reiterándonos en nuestra confianza sobre ese potencial de acción transformadora que hay en su seno.