Las violaciones de derechos humanos en la tragedia en Vargas

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Los puños se crispaban dentro de las chaquetas impermeables. Las lluvias nos recordaban que el desquite de la naturaleza a la irracionalidad de los hombres puede ser implacable. Un techo de nubes grises y un temor sordo a que la infinitud del mal tiempo aumentara el número de víctimas por la improvisación de viviendas y construcciones inestables. Y mientras las labores de rescate a damnificados y cadáveres comenzaba, el desasosiego se aumentaba por causas ajenas al vendaval: las consecuencias de la intervención de las Fuerzas Armadas en la situación de emergencia. Se hablaba de "turbas de saqueadores y violadores" a quienes había que redimir a sangre y fuego. Los anarquistas nos temimos desde el comienzo lo peor. Y lo peor pasó.

El beneplácito generalizado por la presencia de efectivos del ejército en las zonas de desastre mostraba cuan efectiva ha sido la inoculación de la idea de que, en los tiempos que corren, los militares son los únicos capaces de restaurar el "orden perdido" por la "fácil corruptibilidad" de los civiles. No es casual por tanto, que un gran número de uniformados y veteranos ocupen puestos claves en los distintos organismos gubernamentales, o que los operativos sociales realizados por contingentes de soldados (el llamado "Plan Bolívar 2000") repare entuertos administrativos en comunidades, espacios públicos y centros de estudio.

El desdén castrense por lo considerado "civil" ha tenido en la historia de este país consecuencias prácticas y cotidianas, cuya más evidente son las formas de control sobre la población. La preparación intrínseca de los militares para enfrentar las "alteraciones del orden público" activa variados dispositivos psicológicos para eliminar a un hipotético enemigo, según su mentalidad, en situaciones de conflicto bélico. Por un lado, esto lleva a una total arbitrariedad para procedimientos menudos como el chequeo de identificación, y por otro, al uso permanente de armamento de alto calibre para cualquier labor de vigilancia y control (soldados vigilando con Fales espacios inofensivos como bibliotecas públicas por ejemplo), en el que la voz de alto es seguida por la ráfaga. Tales prácticas son asimiladas por el resto de los organismos represivos, que teniendo a militares en la cima de su jerarquía oficial, reproducen un modelo que consideran exitoso.

Este esquema de polos enfrentados es el comunmente usado por el presidente y obedece a su formación. Si se permitió la ligereza de dividir en la contienda electoral contituyente a los bandos como "patriotas" (el suyo por supuesto) y "corruptos", la población afectada del estado Vargas se clasificaba asimismo en dos polos irreconciliables: "sobrevivientes" y "saqueadores y violadores", últimos contra los que anunció luego de los días álgidos de la tragedia "mano dura" según sus propias declaraciones a la prensa. Esta criminalización, al permitir la deshumanización del otro -abominable por tanto y merecedor de alguna reprimenda- es la autopista que conduce a los ajusticiamientos. Al no reconocerme en el otro, al que considero perjudicial además, el darle el castigo que creo merece me da un cierto sentido de trascendencia.

La opinión publicada

La airada reacción presidencial al informe de la organización no gubernamental Provea colocó el tema de los derechos humanos de protagonista de los titulares de prensa. Al calor del debate, el sector que respaldaba las ejecuciones extrajudiciales era abrumador. Ante una confusión mayúscula, el clamor era "¿quién defiende los derechos humanos de las violadas y de los saqueados?" alentados por las noticias sesgadas y manipuladas de los medios. Las voces que trataban de aclarar la diferencia entre un delito (agresión de una persona contra otra) y una violación de derechos humanos (transgresión de los derechos sociales de los individuos a cargo del Estado) encontraban poca palestra y poco público. "Por algo sería" afirmaban los más para escurrir el bulto. Nosotros, los menos, no sabíamos si habíamos retrocedido al tiempo de Videla o Pinochet.

El morbo de los medios y sus historias sensacionalistas sobre ancianas ultrajadas por antisociales en medio de la tragedia, ayudaron a convertir la opinión publicada en opinión publica. Tales hechos efectivamente sucedieron, pero hay que darles su justa dimensión: el de acciones aisladas en medio de una situación límite. Una conducta generalizada -estamos firmemente convencidos de ello- fue la solidaria: el de personas compartiendo la poca ropa o alimentos que pudieron salvaguardar de las aguas. ¿Esto tuvo igual eco en los medios? Decididamente no.

Las denuncias sobre atropellos servía asimismo a los directores de algunos medios que aprovechaban la coyuntura para pasar facturas al gobierno, o de quienes hace tiempo tratan de hacer bulto oposicionista desde las filas de los ex-partidos del status. Un caso típico es el de El Nacional quien hasta hace unos meses era un incondicional del chavismo y ahora torpedea las políticas gubernamentales.

Los discursos oficiales

Las primeras declaraciones de los voceros gubernamentales nos reafirman la noción de que los cargos de poder delimitan la actuación de las personas. Quienes otrora eran paladines en la denuncia de los desmanes represivos -Tarek William Saab, Jose Vicente Rangel- ahora descalificaban a priori la versión de los periodistas y ONG´s. Chávez por su parte continuaba en el estilo que lo caracterizó en la campaña electoral: tantos auditorios tantos discursos. Si la verborrea cambió a favor de la investigación de los acontecimientos era por el costo político que podía acarrear servir de tapadera a la ola creciente de señalamientos. El presidente necesitaba una imagen simbólica que olvidara su airado reproche a Provea y Vanessa Davies, de allí el bajar a escuchar personalmente los testimonios sin guardaespaldas, pero bien acompañado por los fotógrafos de la prensa.

Las investigaciones arrojarán algunos chivos expiatorios pero nada más. El ejército responde con férreo espíritu de cuerpo, por lo que algunos oficiales ya han declarado que "no entregaremos a nuestros muchachos" . Un escudriñamiento completo señalaría la responsabilidad de la oficialidad en el entrenamiento de los contingentes de reclutas que son llevados a estos operativos y del papel que juega toda una institución en la vida social. Del porqué otros organismos más idóneos para afrontar situaciones de tragedia (Bomberos, Defensa Civil) poseen unos menguados presupuestos que contrastan con la tajada gorda que reciben los organismos de seguridad y represión. Desmontar la explicación de que fueron algunos "soldados que se excedieron en sus funciones" y no hechos esperables consecuencia de una lógica, es reiterar que los valores inherentes a la institución armada son antagónicos a una democracia profunda, directa e internacional. Los anarquistas no creemos en militares buenos ("revolucionarios") o militares malos ("de derecha"), existen diferencias de matices pero todos obedecen a una estructura rígida de mando y obediencia y al poder de las armas. Lo contrario es garantizar que cíclicamente estas cosas se repitan. Pero allí estaremos los antimilitaristas para denunciarlo.