ONGs cuestionan capacidad y voluntad de la Fiscalía para investigar

José Gregorio Guarenas / Raúl Cubas
Vocería del Foro por la Vida

Al cumplirse seis meses de las denuncias públicas realizadas por Provea, Cofavíc, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, sobre violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por efectivos militares y de la Disip, hasta el momento las investigaciones adelantadas por los tribunales y la Fiscalía General de la República no han arrojado resultados. No se han tomado decisiones que permitan avanzar en la identificación y sanción de los responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, violaciones a la propiedad privada y de la desaparición forzada de los ciudadanos Roberto Hernández, Oscar José Blanco Romero, Marco Antonio Pérez Monasterio y José Francisco Rivas Fernández.

Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa Jurídica de Provea, organización que formalizó la denuncia inicial de violaciones a los derechos humanos en el Estado Vargas en diciembre de 1999, recuerda que "es una obligación internacional del Estado venezolano no sólo investigar sino que estas investigaciones deben concluir con el debido castigo a los funcionarios responsables y las reparaciones correspondientes a las víctimas y familiares de éstas".

Por su parte, Liliana Ortega, Directora Ejecutiva de Cofavíc denuncia que "estos casos pareciera que siguen el mismo patrón de impunidad que la mayoría de los casos anteriores de violaciones a los derechos humanos que las ONGs hemos denunciado en la última década. La impunidad supone un fracaso del sistema democrático, y es una causa de futuras violaciones a los derechos humanos, que es necesario superar. Vemos con preocupación que algunos funcionarios encargados de conducir las investigaciones vulneren los derechos de los familiares que le asisten por su condición de víctimas los cuales se encuentran consagrados en el COPP, al negarle información sobre el desarrollo de los respectivos procesos y al darle un trato no acorde con su condición de víctima".

Preocupa a las ONGs de derechos humanos la situación psico-social de los familiares de las víctimas, por lo que José Gregorio Guarenas, Coordinador de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas lamenta y denuncia que "en estos casos de desaparición forzada de personas, las familias de las víctimas permanezcan en la más absoluta incertidumbre, ya que el Estado no ha ubicado el paradero de las personas desaparecidas, lo que de por sí constituye una carga de sufrimiento mayor para el núcleo familiar."

Ante esta situación, las ONGs involucradas en el acompañamiento a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Estado Vargas redoblarán sus esfuerzos para que las instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos actúen diligentemente para que los casos no queden en la impunidad. En el curso de la próxima semana solicitarán audiencias con el Fiscal General de la República, Javier Elichiguerra para exigirle celeridad y decisiones prontas en los casos presentados ante esa instancia, y con el Ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, para exponerle la preocupación sobre el tema de la impunidad y proponerle la realización de una primera reunión del Alto Gobierno con las ONGs de derechos humanos para analizar la situación y conocer las políticas que el Ejecutivo Nacional adelante en la materia de derechos humanos.