(Versión resumida de la Resolución presentada por Amigos de AIT - Colombia y aprobada en el XXI Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en Granada, España, los días 8, 9 y 10 de diciembre del 2000)

Colombia se ha convertido en pocos meses en uno de los ejes de la política exterior de Estados Unidos. Dos elementos la hacen acreedora a tal protagonismo: el problema del narcotráfico y la consideración de Colombia como amenaza de la seguridad hemisférica, por un desbordamiento del conflicto armado hacia los países vecinos. La soberanía títere de este país ha quedado confirmada en el congreso norteamericano, donde se dictan ahora las leyes para Colombia.

El Plan se concretó ante el Capitolio de Washington a través del proyecto de ley S-1758, presentado por los parlamentarios republicanos Coverdell, Dewine y Glaseley el pasado 20 de octubre, mediante el cual se solicita una ayuda suplementaria para Colombia de 1.574 millones de dólares en tres años, donde más del 80% estará destinado, supuestamente, a diferentes aspectos relacionados con la lucha antinarcóticos. Así, Colombia se convierte en el principal destinatario de ayuda yanki después de Egipto e Israel, con lo cual se hace evidente el compromiso cada vez mayor del Estado colombiano con los intereses estratégicos imperiales en la región. El Congreso de USA aprobó 1.300 millones de dólares, los otros 274 restantes se pretenden conseguir de un fondo especial destinado al Pentágono para respaldar tropas estadounidenses en el exterior.

La erradicación forzosa de cultivos ilícitos a través de la fumigación no es nueva en Colombia. 25 años de aplicación demuestra su fracaso no solo en términos de reducción de la oferta. Las hectáreas sembradas de hoja de coca aumentaron entre 1992 a 1998 de 40.000 a más de 100.000, aumentando también el conflicto armado y el daño al medio ambiente que la fumigación ha causado. La fumigación mediante aspersión aérea tiene un efecto masivo y por tanto los cultivos lícitos resultan igualmente afectados. La actual política específicamente enunciada en el Plan Colombia tiene como principal víctima a los cultivadores de la hoja de coca y amapola, dejando intactos a los grandes capitales que se lucran en el comercio de los precursores (químicos requeridos para elaborar droga) y el tráfico de cocaína y heroína, la mayoría de ellos ubicados en USA, donde están las grandes lavanderías de dólares del mundo.

El cinismo del Presidente Andrés Pastrana quedo ratificado una vez mas cuando decide solicitar ayuda a la Comunidad Europea, intentado que estos países compartan los costos del componente militar aportado por USA. El gran empujón del Plan en ese escenario se daría meses después por parte del Presidente español J.M. Aznar, al comprometerse a convocar a los países de la Unión Europea, así como a Japón y Canadá, a apoyar el Plan Colombia a través de una mesa de donantes que tuvo como sede España en el mes de junio del 2000.

Del presupuesto proyectado para el "Plan Colombia", US $ 4.000 millones deben ser aportados por los colombianos, quienes hastiados de esta guerra, serán obligados a financiar una nueva escalada del conflicto. Saldrán entonces o del nuevo endeudamiento, o de los procesos de privatización, o de los denominados bonos para la paz que suscribirán obligatoriamente las empresas. Pero el mayor aporte de este dinero viene de los impuestos que pagan los colombianos. De las finanzas corrientes del Estado no saldrá dinero, en razón a que los altos niveles de corrupción de la administración pública han saqueado las arcas oficiales.

Los famosos dineros del "Plan para la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado" serán invertidos en un 84,9% para gastos militares, con destino a: Batallón Antinarcóticos, Policía Nacional, compra de 30 helicópteros Black-Hawk y 15 helicópteros Huey, equipamiento de equipos infrarrojos para un avión Schweiser, instalación de radares en Leticia y Tres Esquinas, mejoramiento de bases militares en las fronteras con Perú y Ecuador, y logística para la interdicción aérea terrestre y marítima. Apenas se apuntan 145 millones para la sustitución de cultivos, 93 millones a derechos humanos y justicia, y otros 30 millones para los desplazados de la Amazonía.

El Plan Colombia es también la forma más aberrante de cumplir los compromisos con el FMI; de esta manera, el Estado colombiano por vía de guerra pretende aniquilar cualquier posibilidad de protesta social, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Las medidas económicas son, entre otras:
a. Recortes en el gasto público, ampliación de la base del IVA, impuesto sobre las operaciones financieras, reforma fiscal, nuevos tributos.
b. Congelación de salarios públicos, recortes sin precedentes en la nomina estatal y en gastos diferentes a la inversión.
c. Reforma y privatización a las instituciones de seguridad social y los fondos de pensiones.
d. Privatizaciones: Empresas y banca estatal. Se pretende aumentar su productividad y financiar el déficit fiscal.

Los gastos militares y la guerra en Colombia

El "Plan Colombia" no es sino otra estrategia de la carrera armamentista del Estado colombiano para mantener su dictadura y para ello, mantener la guerra es el mejor escenario. Sin la guerra, es imposible justificar los altos niveles de impunidad, de corrupción, de autoritarismo, de eliminación sistemática de la oposición política, de nuevos impuestos, las masacres de su brazo paramilitar, de expropiación de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, la entrega de los recursos naturales, etc. Sin la guerra, el Estado colombiano hace muchos años que hubiese sido derrocado.

Asistimos en Colombia a una situación ambigua por parte de los diferentes actores armados; de una parte su manifiesto deseo de "defender a la población civil": los grupos insurgentes nos quieren "defender" de las siniestras causas del capitalismo y su versión mas reciente, el neoliberalismo; los grupos paramilitares pretenden "defendernos" del comunismo, el secuestro, el "boleteo" y la extorsión; las fuerzas armadas afirman "defendernos" de la violencia irracional de los anteriores, sin embargo, las cifras de muertes ocasionadas a la población civil por parte de todos los actores armados, muestra una evidencia contundente: los diferentes grupos enfrentados en el conflicto armado han sacrificado de la manera más siniestra aquello que afirman "defender": a la población civil. De otra parte, su cacareado deseo de buscar salidas políticas al conflicto se contradice con su actividad, cada vez más evidente, de consolidar un arsenal militar que les permita mantener y de ser posible ganar la guerra.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, dependencia del Pentágono, en un reciente informe sobre las finanzas de la guerrilla asevera que los grupos rebeldes en Colombia han ganado la mitad de sus ingresos, calculados en 150 millones de dólares anuales, a partir del negocio de la droga. De ese dinero, se asegura que cerca de 20 millones de dólares al año, son invertidos en compra de armas. Las finanzas de los paramilitares son todavía más secretas, se ha afirmado que parte de su patrimonio ha sido aportado por gremios ganaderos, agroexportadores y algunos sectores militares. Sin embargo, en un informe del 22/02/00, la DEA sindica por primera vez a Carlos Castaño (principal jefe paramilitar) de producir y exportar droga a los Estados Unidos, con lo que sus finanzas tendrían así una gigantesca inyección. Lo que invierte en compra de armas e infraestructura bélica no está calculado pero las modernas y sofisticadas armas y vehículos utilizados en las últimas masacres contra la población civil no dejan lugar a dudas que es un porcentaje elevado. Las formas de financiación de la guerra por parte de grupos guerrilleros y paramilitares son fruto de actividades ilícitas, algunas de una crueldad extrema como el secuestro, la desaparición forzada, las masacres y los ataques indiscriminados sobre la población civil.

Nuestros supuestos "defensores" no han tenido ningún reparo en convertirnos en objeto de sus ataques; por esta razón la población civil colombiana nos declaramos en mayoría de edad, esto significa que no necesitamos el tutelaje de ningún grupo armado para que asuma la defensa de nuestros legítimos intereses; en consecuencia, rechazamos cualquier medio que se utilice para financiar esta guerra que no compartimos, no queremos, nunca pedimos, nos manifestamos en su contra porque atenta de manera directa contra nuestra conciencia. Por estas razones decidimos no apoyar moral, espiritual, física ni económicamente a ninguno de los participantes armados que de manera ciega continúan empeñados en esta guerra.

Aparte de lo que oficiosamente se indica como gasto militar y de seguridad en los presupuestos del Estado colombiano, un porcentaje adicional importante está difuminado en otros rubros como educación, salud y trabajo y seguridad social, más complicados de precisar. Además falta por analizar el verdadero monto del apoyo militar, técnico, humano y en infraestructura de comunicaciones proporcionado por los Estados Unidos y países europeos como Francia, Alemania y España, quienes incumplen los criterios aprobados por el Consejo de Europa en 1991, bajo el nombre de Código Europeo sobre el Comercio de Armamento, tras reconocer que este continente había sido un importante proveedor de armas a Irak durante los años anteriores al conflicto del Golfo. Estas normas subrayan que cualquier decisión de exportar armamento deberá tener en cuenta la situación interna y regional del país comprador, su situación de derechos humanos, y el efecto de la compra sobre la economía nacional. Una primera conclusión es, que si sumamos el presupuesto ordinario del gobierno destinado a la guerra mas los dineros del Plan Colombia que comenzaran a llegar a finales de abril del 2001, tendremos que el gobierno colombiano gastará en la guerra $ 2 de cada $ 5 que recibe. Por ello proponemos a los colombianos que realicen actos de objeción fiscal, es decir, que se nieguen a pagar los impuestos o el porcentaje de los impuestos que van destinados a la guerra.

¿Por qué rechazamos al "Plan Colombia"?

Porque este significativo incremento de la "asistencia" militar norteamericana, indiscutiblemente, será el comienzo de una intervención cada vez mayor y sin esperanza de conclusión. Seremos un simple teatro de operaciones.

Porque, sin duda, lo que nos espera es un escalamiento de la guerra. No sólo enfrentamientos entre los diferentes actores o fuerzas militares. También: bombardeos de saturación, arrasamiento de caseríos, destrucción de infraestructura, hostigamiento de la población, violación de todos los derechos humanos, desplazamientos masivos.

Porque esta guerra, centrada inicialmente en las zonas de los cultivos ilícitos, tiende a devastar la Amazonía, eje del equilibrio planetario, y progresivamente, las selvas y páramos, cuna de nuestra biodiversidad.

Porque, aún aceptando que debe eliminarse el narcotráfico, no podemos convenir en que, en esta guerra, el enemigo sean los campesinos y jornaleros, dejando de lado los grupos del capital, nacionales y extranjeros, que mueven el negocio. Los cultivos reaparecerán en éste u otros países. El narcotráfico continuará mientras sea empresa tan rentable.

Porque sabemos que cualquier guerra de hoy es total. Que no se reducirá a los campos sino que abarcará las ciudades. Que polarizará la sociedad entre los "buenos", aliados del Imperio, y los "narcosubversivos". Que se convertirá en el mejor expediente para aniquilar la protesta social, producto de la crisis que estamos viviendo, y para continuar asesinando dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. Sintomáticamente, la atroz empresa paramilitar parece, en silencio, hacer parte de los cálculos bélicos y no propiamente como objetivo a eliminar.

Porque, finalmente, el señuelo de una cooperación financiera internacional destinada a lo social, no sólo es, en estas condiciones, una trágica compensación, sino que ha terminado, desde ya, maquillando a la funesta estrategia económica neoliberal con una oferta asistencialista.

Porque lo que queremos es la eliminación de todas las causas de la exclusión, de la pobreza, del racismo, de la guerra, del autoritarismo, de la muerte, en fin, queremos una sociedad libre y autónoma.