Señalan los miembros de la Coalición Contra el Tendido Eléctrico
La lucha contra el industrialismo no se detieneCoyuntura
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Las desigualdades y otras injusticias sociales no sólo son consecuencia de las políticas neoliberales que viene cuestionando el nuevo gobierno, también lo son de los planes y políticas industrialistas. Así lo señalan, las organizaciones que conforman la Coalición Contra el Tendido Eléctrico, entre las que se cuentan la Unión Nacional Ecológica y Social (Unes), la Sociedad de Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), AVA, XXX,XXX (y todas las que deseen suscribir este texto) y Provea. Agregan que el industrialismo es "un modelo político-económico que interviene violentamente, con tecnología a gran escala, sobre las formas de convivencia fragmentando, marginando y desarticulando a los individuos y a su hábitat, bajo la coartada de traer a futuro mayor calidad de vida a la población". Para frenar tal modelo, que hoy demuestra su colapso en términos ecológicos, es necesario que exista voluntad política de los responsables de la conducción de las instituciones estatales. Esta voluntad política fue precisamente "la que faltó para evitar que el modelo industrialista que supone el proyecto del tendido eléctrico se materializara" continúan las organizaciones ecologistas y de derechos humanos. A pesar de las razones y argumentos esgrimidos contra el tendido, desde hace 4 años, este lunes 13 los presidentes de Venezuela y Brasil realizarán su inauguración.
Desde que en 1997 el gobierno de Rafael Caldera acordara la instalación de una línea de alta tensión que transmitiría electricidad a la región norte de Brasil, empezaron a oírse las críticas contra este proyecto que sustentaba su existencia sobre la base de una serie de irregularidades administrativas, atropellos a la Constitución y la imposición de una actitud política monolítica que ignoró a las comunidades afectadas y la condición de Parque Nacional y Zonas Protectoras sobre las que pasaría el sistema.
La construcción del tendido implicó deforestación, erosión, sedimentación de ríos, pérdida de bosques y otros hábitat de animales y plantas del Parque Nacional Gran Sabana. Pero también representa "la implantación del industrialismo, una forma de desarrollo ajena a la cultura de los pueblos indígenas de la Gran Sabana e Imataca, que progresivamente amenazará su existencia, ya que será aprovechado como infraestructura de servicios que atraerá una diversidad de actividades económicas a gran escala. Los efectos de la gran minería legal, la minería ilegal, las empresas deforestadoras o el gran turismo, multiplicarán los problemas que el habitual descontrol gubernamental tiene con estas industrias. La dinámica económica que irá floreciendo alrededor del tendido no sólo desfigurará el paisaje, sino que atentará contra la estabilidad ecológica de la zona".
También desde la perspectiva económica se han hecho cuestionamientos relativos a la rentabilidad del proyecto para el país. Un estudio de 1998 de la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela aseguraba que el precio de la electricidad que se venderá a Brasil está por debajo del valor real, si se consideran los factores socioambientales que la compañía rectora del proyecto, Edelca, ha dejado fuera de sus estimaciones. De manera que la transmisión de electricidad a Brasil, tomando en cuenta el colapso eléctrico que el país sufre actualmente, puede ser vista más como un derroche energético que como una política de intercambio económico entre dos Estados vecinos.
En cuanto a los efectos sociales inmediatos, las comunidades indígenas que se resisten han sido reprimidas y criminalizadas, mientras que aquellas que han aceptado los acuerdos gubernamentales han sufrido ya el incumplimiento de una agenda que contenía un conjunto de medidas acordadas para culminar las obras de la línea de transmisión de energía a Brasil.
Por estas razones, los actores sociales que hasta ahora se han opuesto al tendido eléctrico manifiestan su "pesar pero no su desesperanza, porque la lucha política y social a favor de la preservación de los derechos a un ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas, tiene razones de sobra para hacerse más aguda y constante". Prometen mantener un monitoreo constante sobre los efectos del industrialismo como parte de sus agendas de trabajo.
Darwin Suarez
Ejecutor del Programa de Información de Provea