Editorial
Al cierre de esta edición de “MASAS” el Gobierno estaba ultimando los detalles del nuevo ajuste. Cuando este periódico esté en la calle, ya se conocerán los detalles de un paquete cuya esencia es un secreto a voces: reducción salarial de todos los empleados públicos que ganen más de 700$; aceleración del plan de liberalización del sistema de obras sociales y medicina privada prepaga; cierre de algunas dependencias del Estado (TELAM); apertura de retiros voluntarios y/o implementación anticipada de jubilaciones; reducción del presupuesto universitario y de las Fuerzas Armadas.
Pero este ajuste, que el Gabinete
nacional ya está implementando en el ámbito federal, sería tan sólo el anticipo
y el ejemplo para presionar sobre las provincias, que deberían implementar sus
propias medidas.
El maquillaje con que se pretende
disfrazar esta nueva vuelta de tuerca a las condiciones de vida de los
explotados es, por un lado, atacar los privilegios de los políticos y
funcionarios; y por otro lado, asegurar que “no se va a tocar el presupuesto de acción social” (declaraciones de
Graciela Fernández Meijide luego de una reunión de Gabinete).
Es obvio que tamaño golpe
antipopular no podía sino producir alguna tormenta en lo que dimos en llamar un
“Gobierno de coalición”: el PJ, que
acompañó a De la Rúa en todas las medidas implementadas hasta hoy (impuestazo,
Ley de flexibilidad laboral, represión al pueblo, etc.), trata de tomar
distancias. Ruckauff aparece como la voz cantante, afirmando que “es una locura bajar los salarios” y
acusando a Machinea que “se limita a
administrar la Caja para que cierre a las imposiciones del FMI”.
Pero aún en el propio Gabinete
se está produciendo una verdadera puja ante este nuevo paquete: Machinea,
Gallo, Santibáñez y Llach encarnan la “línea
dura” que aspira a enterrar a fondo el bisturí. Chacho Alvarez, Storani,
Fernández Meijide y Terráneo alertan contra el “costo social” de medidas tan drásticas.
Lo
cierto es que en ningún caso (ni en el Gobierno ni en la “oposición” burguesa),
hay el menor cuestionamiento a la línea general que determina la necesidad del
ajuste: el sometimiento al FMI, el cumplimiento ovejuno con el pago de los
intereses de la deuda externa, que como denunciaran los propios voceros de la
prensa especializada, representan el 50% del Producto Bruto Interno nacional.
A lo que aspiran Alfonsín, la
Iglesia Católica y la propia dirigencia sindical que convocara al paro del 5 de
mayo (CGT disidente de Moyano y CTA de De Genaro), es a rogarle al FMI y a los
acreedores que nos perdonen, que nos concedan una quita, o al menos, una
moratoria.
El pronóstico de fracaso de esta
política que apela a la caridad sanmaritana no estriba sólo en que los
banqueros no tienen nada de caritativos ni de sanmaritanos: estriba en que las relaciones de clase que
permiten conservar el proceso de concentración del capital en curso exigen el
mecanismo de la deuda externa, exigen la flexibilidad laboral, exigen la
reducción salarial, exigen la desocupación.
La cuestión antimperialista está
planteada a la orden del día. Medidas de tal especie como el “NO PAGO Y DESCONOCIMIENTO DE LA DEUDA
EXTERNA” (que por cierto, no son en sí mismas socialistas), adquieren un
carácter potencialmente revolucionario, porque para imponerse necesitan del
despliegue en el plano de la acción directa y de la lucha de las más amplias
clases y capas explotadas de la ciudad y el campo.
Como enseñan los últimos
acontecimientos en la provincia de Salta (Tartagal, Mosconi, Orán), los
mecanismos de la democracia obrera han
resultado ser enormemente más eficaces que todas las gestiones leguleyas
propias del régimen burgués constitucional. Las asambleas populares, los cortes
de ruta, las manifestaciones de masas, los piquetes de autodefensa contra la
represión, lograron arrancar (bien que transitoriamente) lo que los gobiernos
(tanto municipal, provincial, como nacional) habían decidido cercenar. El
edificio de la Municipalidad de Mosconi en llamas es un símbolo de que las
masas identifican a las autoridades constituídas como responsables del hambre,
la miseria y la desocupación.
Pero los heroicos
acontecimientos de Salta, como antes fuera Corrientes, y más atrás en el tiempo
Cutral-Có, no son suficientes para quebrarle el espinazo a un régimen decidido
a imponer un retroceso histórico en nuestras condiciones de vida. Apenas
lograron poner un límite parcial a
la ofensiva general que han lanzado los actuales gerentes del FMI.
Para que estas luchas defensivas y
aisladas den un salto cualitativo hace falta coordinarlas, unificarlas, en un PLAN DE LUCHA común, hasta imponerle
al Gobierno un
PLIEGO ÚNICO NACIONAL DE REIVINDICACIONES.
Esto lo sabe la burocracia que posa de opositora, la que toma algunas iniciativas (como el paro del pasado 5 de mayo, la marcha ante la visita del FMI el 31, y la anunciada Marcha Federal de la CTA), con el cuidado de que tales manifestaciones no se le vayan de las manos, ni en el programa que definen (de corte nacionalista burgués), ni en las medidas concretas que convocan (acotadas al pacifismo consejero del mismísimo Gobierno).
Por eso todas estas fracciones de la
burocracia “disidente” coinciden con la oficialista CGT de Dáer en no convocar
JAMÁS a ASAMBLEAS DE BASE, terreno en el que se potencia la posibilidad que se
abra camino una alternativa de independencia de clase.
A esto último hay que apuntar. La táctica del FRENTE ÚNICO es la llave maestra para agrupar al activismo en acciones prácticas organizando y unificando los reclamos. Las banderas antimperialistas deben ser tomadas en toda su magnitud por este activismo, desenmascarando las mentiras y las imposturas de las distintas expresiones del nacionalismo burgués (Moyano, Alfonsín, De Genaro), de modo de avanzar en la tarea de arrancarle a sus bases y cuadros medios.
La construcción del partido revolucionario de la clase obrera está hoy íntimamente ligada a que los militantes que nos identificamos con tal causa, tengamos la capacidad para construir dicho FRENTE ÚNICO ANTIMPERIALISTA.