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2 de septiembre de 2000
Las ejecutorias que se han llevado a cabo en las dos primeras semanas del Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, que se instaló el pasado 16 de agosto, dan cuenta del desastre que serán los cuatro años venideros.
Solo hay que ver que desde el mismo 16 de agosto, se han inmerso en una extensa campaña de descrédito en contra del gobierno saliente que encabezó el Dr. Leonel Fernández Reyna, declarando en la prensa que la Administración Pública es en la actualidad un "desastre". Han incurrido en la mezquindad sistemática de hacer acusaciones alegres en contra de muchos ex funcionarios, involucrándolos en supuestos actos corrupción, sin aportar pruebas serias y convincentes (Ejemplos de esto son: el caso de los aviones de la Fuerza Aérea y la asignación de los vehículos de taxi amarillos, apodados "pollitos"); lo que es a mi juicio el preámbulo de una bien planeada campaña de persecución política, con miras a debilitar al Partido de la Liberación Dominicana en los comicios congresionales y municipales que tendrán lugar en el año 2002 y las elecciones presidenciales del año 2004.
Otra de las medidas adoptadas, fue aquella del aumento desproporcionado de los combustibles, y las posteriores "medidas de compensación", que no son más que la típica y barata demagogia que siempre ha caracterizado al PRD. Entre esas medidas compensatorias tenemos la de subsidiar el gas a aquellas personas que tengan cilindros de 50 libras o menos, lo que consideramos como una ridiculez, junto al show ese de los cupones. Otra, y la más sucia, es la de otorgar exoneraciones y privilegios a los sindicalistas choferiles (todo un manojo de izquierdistas mafiosos), en flagrante violación de la Constitución.
Las cancelaciones masivas ha sido otra de las brillantes actuaciones de este gobierno, afectando a miles de empleados públicos, muchos con más de 10 años de servicio, violando la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Ley 14-91), llenando las vacantes creadas con un personal incompetente, nombrado por razones de clientelismo político. Con estas cancelaciones han demostrado el hambre de empleos y dinero que tienen los perredeístas.
La que más indigación me ha causado es la misiva que el Presidente Hipólito Mejía le ha enviado al Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, instruyéndole a que desista de toda acción que el Estado dominicano pueda tener, como parte civil constituída en el proceso existente en contra del ex-Presidente Salvador Jorge Blanco, por la comisión de actos de corrupción en perjuicio del Estado durante el mandato 1982-86. Esta medida lo único que hará es fomentar la corrupción, y restarle calidad al PRD para acusar de corrupción a los ex-funcionarios peledeístas. Eventualmente, el desestimiento de toda acción del Estado en ese caso, conllevará a un idulto implícito del que se beneficiará el Dr. Salvador Jorge Blanco.
Las autoridades recién electas lo que deben de hacer es comenzar a trabajar en beneficio de todos los dominicanos, pues no fueron elegidos para hacer lo que hasta ahora han hecho, sino para que cumplieran todas aquellas promesas y sueños que le vendieron al 49% de los electores dominicanos.