La "persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a las mujeres" es la primera área de especial interés que se aborda en el capítulo IV de la Plataforma. Más de mil millones de personas en todo el mundo, en su mayoría mujeres, viven hoy en condiciones inaceptables de pobreza, sobre todo en los países en desarrollo.

El carácter global de la economía mundial y la interdependencia cada vez mayor entre las naciones plantea desafíos y ofrece oportunidades para el crecimiento y el desarrollo económico sostenidos, así como riesgos e inseguridad respecto al futuro. Esta circunstancia, entre otras, está modificando los parámetros del desarrollo social en todos los países. Se ha observado una pronunciada tendencia al empobrecimiento de las mujeres en todo el mundo. Uno de los factores que determina esta situación es la disparidad basada en el género que existe en el reparto del poder económico. La migración y los consiguientes cambios en las estructuras familiares han representado cargas adicionales para las mujeres, especialmente para las que tienen varias personas a su cargo. Las políticas macroeconómicas deben replantearse y reformularse para contrarrestar esas tendencias.

Dirigidas casi exclusivamente al sector estructurado, tienden además a obstaculizar las iniciativas de las mujeres y no contemplan las diversas consecuencias que tienen especialmente para éstas. La aplicación a una amplia variedad de políticas y programas de un análisis basado en el género es, por tanto, un elemento esencial de las estrategias de reducción de la pobreza. Para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, mujeres y hombres deben participar plenamente y por igual en la formulación de las políticas y estrategias macroeconómicas y sociales. Esto no se puede lograr sólo por medio de programas contra la pobreza, sino que requerirá la participación democrática y cambios en las estructuras económicas con miras a garantizar a todas las mujeres el acceso a los recursos, las oportunidades y los servicios públicos. Además de factores económicos, la rigidez de las funciones que la sociedad asigna por razones de sexo y el limitado acceso de las mujeres al poder, la educación, la capacitación, los recursos productivos, el crédito, la propiedad de la tierra y el derecho a la herencia gravitan en la feminización de la pobreza. Las mujeres contribuyen a la economía y a la lucha contra la pobreza mediante su trabajo remunerado y no remunerado. Aunque ésta afecta a los hogares en general, debido a la división sexual del trabajo y las responsabilidades relativas a la familia, las mujeres soportan una carga desproporcionada al tratar de administrar el consumo y la producción de la casa en condiciones de creciente escasez. Además, los sistemas de seguridad social, en muchos países, no toman en consideración las condiciones específicas de las mujeres que viven en la pobreza y existe una tendencia a la reducción de los servicios prestados por dichos sistemas.

El proceso de empobrecimiento es mayor para las mujeres, especialmente en la vejez, ya que los sistemas de seguridad social, donde los hay, se basan en el principio de empleo remunerado continuo. En algunos casos, las mujeres no satisfacen ese requisito debido a las interrupciones laborales provocadas por la asunción de determinados roles sociales. En muchos países desarrollados, donde el nivel de educación general y formación profesional de las mujeres y los hombres son similares y se dispone de sistemas de protección contra la discriminación, las transformaciones económicas del último decenio han producido en algunos sectores un marcado aumento del desempleo femenino o de la precariedad de su empleo. Sobre todo en los países en desarrollo, se debería aumentar la capacidad productiva de las mujeres mediante el acceso al capital, los recursos, el crédito, las tierras, la tecnología, la información, la asistencia técnica y la capacitación, a fin de aumentar sus ingresos y mejorar la nutrición, la educación, la salud y su situación en el hogar.

Algunas de las medidas propuestas son:

 -Revisar desde una perspectiva de género, y con la participación de las mujeres, las políticas macroeconómicas y sociales, y reestructurar la asignación del gasto público con miras, sobre todo, a atender las necesidades sociales, educativas y de salud básicas de las mismas.

-Movilizar a todas las partes interesadas en el proceso de desarrollo (instituciones académicas y grupos de base comunitaria, entre otros) y proteger el derecho de las mujeres al acceso pleno y equitativo a los recursos económicos (tierras, tecnologías, etc.).

 -Facilitar a las mujeres, especialmente a las jefas de familia, viviendas y otros servicios.