La "desigualdad entre las mujeres y los hombres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones en todos los niveles" -título de la séptima área de interés- contraviene claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.

El logro del objetivo de igualdad de participación de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones proporcionará un equilibrio que habrá de reflejar de una manera más exacta la composición de la sociedad, y es además necesario para reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento, así como para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación de éstas y la incorporación de su punto de vista, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.

A pesar de que en la mayoría de los países existe un movimiento generalizado de democratización, las mujeres suelen estar insuficientemente representadas en todos los niveles de gobierno, sobre todo en los ministerios y otros órganos ejecutivos, y han avanzado poco en la obtención de poder político en los órganos legislativos o en lo que respecta al cumplimiento del objetivo aprobado por el Consejo Económico y Social de que para 1995 haya un 30% de mujeres en puestos directivos. A escala mundial, sólo el 10% de los escaños de los órganos legislativos y un porcentaje inferior de los cargos ministeriales están ocupados por mujeres. De hecho, en algunos países ha disminuido significativamente el número de mujeres representadas en los órganos legislativos. Las actitudes y prácticas discriminatorias, las responsabilidades con respecto a la familia y la crianza de hijas e hijos y el elevado costo que implica aspirar a cargos públicos y mantenerse en ellos, son factores que pueden disuadir a las mujeres de ocupar puestos políticos. Pero las mujeres han demostrado una considerable capacidad de liderazgo en organizaciones comunitarias y no oficiales, y en cargos públicos. Contra esta evidencia, los estereotipos sociales que asignan funciones distintas a las mujeres y los hombres refuerzan la tendencia a que las decisiones políticas sigan estando en poder de éstos. Debido a su acceso limitado a las vías tradicionales de poder, como son los órganos de decisión de los partidos políticos, las organizaciones patronales y sindicales, las mujeres han logrado este objetivo a través de estructuras alternativas, sobre todo en el sector de las ONG. Mediante éstas y las organizaciones de base popular, han podido dar expresión a sus intereses y preocupaciones e incluir las cuestiones relativas a las mujeres en los programas nacionales, regionales e internacionales. Por otra parte, la desigual división del trabajo y de las responsabilidades domésticas, que es fruto de unas relaciones de poder también desiguales, limita las posibilidades que tienen las mujeres de encontrar tiempo para adquirir los conocimientos necesarios y participar en la toma de decisiones en foros públicos más amplios. Al repartirse más equitativamente esas responsabilidades entre las mujeres y los hombres, no sólo se proporciona una mejor calidad de vida a las mujeres, sino que también se les da más oportunidades de configurar y elaborar políticas y prácticas, de forma que sus intereses puedan ser reconocidos y tenidos en cuenta. El hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre quienes adoptan decisiones económicas y políticas en los niveles local, nacional, regional e internacional obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que deben superarse mediante la aplicación de medidas de acción positiva. Los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación, la banca, las instituciones académicas y científicas y las organizaciones regionales e internacionales, incluidas las del sistema de la ONU, no se benefician plenamente de las capacidades que tienen las mujeres para la administración de alto nivel, la formulación de políticas, la diplomacia y la negociación. En algunos países, la aplicación de medidas de acción positiva ha llevado a una representación de un 33% o más en los gobiernos locales y nacionales. Con todo, las instituciones de estadística nacionales, regionales e internacionales no han desarrollado los métodos necesarios para presentar la igualdad de trato de mujeres y hombres en las esferas económica y social.

 ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS:

-Lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, en la administración pública y la judicatura, para llegar a una representación paritaria, incluso mediante medidas de acción positiva.

-Adoptar medidas de acción positiva para que exista un número decisivo de mujeres dirigentes en el nivel de la toma de decisiones, y proporcionar formación a las mujeres y a las niñas para ocupar puestos directivos y fomentar la autoestima.