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GUERRA SUCIA DE LOS
GRUPOS PARAMILITARES EN PERU.
Entre
marzo y octubre de 1991, por lo menos cinco sobres-bomba estallaron o fueron
desactivados en distintos puntos de Lima contra evidentes objetivos
políticos. El cerebro de estos atentados fue identificado por el grupo
paramilitar "León Dormido". Extraído de La
República-Lima. Domingo 17 de Agosto del 2003
Una carga
de explosivo plástico (pentrita o trilita), escondida dentro de la cubierta
de un libro, explotó el 15 de marzo, a las cuatro de la tarde, en el local de
COMISEDH (Comisión de Derechos Humanos). Como consecuencia de sus efectos el
brazo izquierdo del abogado defensor de derechos humanos y asesor legal

Abogado Augusto Zúñiga Paz: perdió el brazo izquierdo luego de abrir un
sobre-bomba.
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de la
revista "Sí", Augusto Zúñiga Paz, quedó mutilado.
Zúñiga Paz trabajaba en el esclarecimiento de la desaparición del estudiante
Ernesto Castillo Páez. Antes, había oficiado de defensor en los casos de la
matanza de Soccos (Ayacucho); el asesinato de
Antonio Ayerbe en Cusco;
y la desaparición de Jaime Ayala Sulca,
corresponsal del diario La República.
Por los mismos días Zúñiga defendía al mayor EP José Fernández Salvatecci, quien en 1983 había propiciado el
enjuiciamiento de Vladimiro Montesinos Torres por presunto delito de traición
a la Patria, y en 1991 era perseguido por el entonces asesor presidencial.
El 21 de junio -seguramente como producto de una equivocación- un artefacto
de similar manufactura segó la vida de Víctor H. Ruiz León, un asesor de Corpac, quien domiciliaba en la cuadra 23 de la avenida Petit Thouars, distrito de
Lince, exactamente frente a las oficinas del semanario "Cambio",
señalado vocero oficioso del Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA).
Melissa Alfaro
Antes de
que transcurrieran cuatro meses, el 10 de octubre, al mediodía, esta vez sí
-según todos los indicios- el sobre-bomba fue entregado en el lugar indicado,
esto es, las oficinas del semanario "Cambio", situadas en la cuadra
23 de la avenida Petit Thouars.
El cuerpo de la joven periodista Melissa Alfaro
Méndez, jefa de informaciones, cayó destrozado por la onda expansiva desatada
por el explosivo.
Cuatro días más tarde, el 14 de octubre, a las 16 horas y 20 minutos, un
sobre-bomba fue detectado en las oficinas del congresista Ricardo Letts Colmenares, en el jirón Azángaro
468, oficina 901. La Unidad de Desactivación de Explosivos pretendió llevarse
el objeto explosivo, pero el propio ex diputado ha recordado que hizo
prevalecer el derecho a retenerlo para desactivarlo en el lugar.
En este caso se usó una carga de 100 gramos o más de masa gelatinosa
presionada entre dos placas de vidrio, unidas por un par de cables muy
delgados.
En 1993, periodistas independientes recibieron de fuente directa del personal
ejecutor de los sobres-bomba información confidencial acerca de la autoría de
este tipo de atentados.
De acuerdo con esa fuente, uno de los blancos desconocidos que se le hizo
llegar un sobre bomba fue al presidente del Frente de Defensa de los
Intereses de San Martín, Lucas Cachay Huamán. No se precisó si el artefacto fue enviado por
correo o expertos en su manipulación viajaron especialmente a Tarapoto. Lo
cierto es que no explotó.
Habla León Dormido
Información sobre este mismo caso fue revelada por uno de los comunicados que
el grupo militar contestatario "León Dormido" hizo llegar a la
revista "Sí", en ese mismo año. En esta edición extraordinaria se
reproduce el escrito. El documento del "León Dormidoí
menciona al oficial Víctor Penas Sandoval como uno de los presuntos autores,
pero las responsabilidades son de más alto rango.
La fuente fundamentó su testimonio acusador en su propia participación y en
la utilización de explosivos de exclusivo uso militar, así como en la
compleja tecnología puesta en práctica.
Relató, inclusive, la historia de algunos de los atentados, concretamente el
caso del abogado Augusto Zúñiga Paz. Una secretaria de la propia organización
no gubernamental COMISEDH fue enamorada y en medio de las íntimas relaciones
que entabló con un cuadro de contrainteligencia del Ejército proporcionó
información importante sobre la rutina del abogado y la oficina.
Augusto Zúñiga insistió en señalar al comandante PNP Juan Carlos Mejía León
como el probable autor. Pero el dedo índice de esta fuente apuntó a los
servicios secretos militares como los supuestos autores.
En el lapso que estallaron los sobres-bombas (marzo-octubre de 1991)
comandaba el Ejército el general Pedro Villanueva Córdova, más conocido como
"Pechito" Villanueva.
En 1991, el SIE fue dirigido los primeros cinco días de ese año por el
coronel de caballería Jorge Guillermo Burneo Córdova. Del 5 de enero hasta
fin de año lo condujo el coronel de artillería Víctor Raúl Silva Mendoza.
El estamento más especializado, el SIE-1 (encargado de la búsqueda de
información, detección, seguimiento, vigilancia, neutralización y ataque al
enemigo), estuvo bajo la responsabilidad del comandante Félix Daniel
Valderrama Gómez.
El jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) era otra de las
autoridades que, por su función, tenía que haber conocido de esta modalidad
de ejecuciones selectivas. También el presidente del Comando Conjunto de la
Fuerza Armada, el ministro de Defensa y el Presidente de la República.
Las investigaciones sobre estos casos nunca llegaron muy lejos. Ricardo Letts sostiene, inclusive, que para su caso se solicitó
el concurso de la policía norteamericana. Pero nada de esto arrojó luz sobre
tan sombrío capítulo.
Coronel Jesús Salvador Zamudio Aliaga, el coleccionista de dedos.
En julio de 2002 La República reveló la existencia de una fosa
que escondía los cadáveres de 80 civiles en la localidad de Pichari, Ayacucho. Eran las víctimas de una matanza
ordenada y dirigida por un mayor del Ejército que ahora tiene el grado de
coronel: Jesús Salvador Zamudio Aliaga, el
coleccionista de dedos.
Se hace llamar "ZAJ" y tenía el grado de mayor cuando llegó a
Ayacucho, en 1983, con los primeros contingentes de las Fuerzas Armadas que
el gobierno de Fernando Belaunde Terry movilizó para combatir a la subversión.
El nombre de "ZAJ" salió a luz recién a mediados del 2002, a raíz
de las investigaciones policiales y fiscales que le atribuyen la ejecución de
dos emerretistas luego de concluida la Operación Chavín de Huántar, el 22 de
abril de 1997.
Pero su actuación en la zona de emergencia de Ayacucho en los años 1983, 1986
y 1991 era totalmente desconocida para la opinión pública, hasta que La
República, en su edición del 10 de junio de 2002, tocó un punto inicial de
ese periplo.
En esa edición se recordaron los hechos ocurridos hace unos veinte años, el 5
de noviembre de 1983, desencadenados a la una de la tarde en el muelle de Sivia, en la margen izquierda del río Apurímac
(provincia La Mar, departamento de Ayacucho).
A esa hora, una columna de diez senderistas asesinó a mansalva al capitán del
Ejército Juan Enrique Davelouis Salazar, el primer
oficial de las Fuerzas Armadas caído en la lucha antisubversiva.
El capitán Davelouis y su reducido núcleo de
protección habían bajado de la base militar de Pichari,
a una distancia de apenas medio kilómetro, a proveerse de víveres y a
coordinar acciones con las autoridades del poblado menor, cuando fueron
objeto de la criminal emboscada.
La represalia
Los medios de comunicación dieron amplia cobertura al cobarde asesinato. Pero
lo que permanecía en la más absoluta oscuridad era la represalia contra los
poblados de Sivia y de Ccatunrumi
que se desató por la tarde y sobre todo en la noche de aquella jornada.
Para esa operación, desde Los Cabitos el comando militar encabezado por el
general EP Clemente Noel ordenó la inmediata movilización de los
"Linces".
Los "Linces" era una compañía de 50 comandos que se hizo famosa y
temida por sus operativos. Uno de sus primeros jefes fue precisamente
"ZAJ" y una de sus primeras incursiones la que ese sábado tuvo como
objetivo a Sivia.
Los "Linces" eran movilizados generalmente en helicópteros desde su
base Los Cabitos, transportados a largas distancias y luego soltados en el
punto de ataque. Los efectivos de las bases cercanas les prestaban protección
y apoyo.
La operación de castigo de esa jornada corrió a cargo del destacamento de
"Linces" comandado por el mayor EP Jesús Zamudio
Aliaga, "ZAJ".
"Los senderistas se fugaron. Y no tardó en aterrizar en el viejo
aeropuerto de los jesuitas un helicóptero con un fuerte contingente
militar", recordó en julio del 2002 Víctor Palomino Quispe,
teniente alcalde de Sivia.
"Procedieron a detener indiscriminadamente a los jóvenes de Sivia y Ccatunrumi.
Seleccionaron a unos ochenta, se los llevaron al cuartel de Pichari en un volquete y de allí nunca más
salieron", siguió narrando el mismo Palomino Quispe.
Entre los detenidos se encontraba el agente municipal de Sivia,
Jesús Yauli Valladares. También Víctor Flores
Gutiérrez, ex alcalde de San Francisco, y 4 profesores.
Lo que resulta censurable son los excesos que se produjeron aquella noche en
el cuartel de Pichari, sobre lo cual hasta hoy los
pobladores temen hablar.
"Un trabajador del Ministerio de Agricultura que logró escapar contó que
primero los soldados abrieron una zanja. Para eso usaron un cargador frontal.
Después los fusilaron y los enterraron", relató Severino Ramos Chávez,
ex alcalde del distrito de San Francisco.
Zamudio, macabras aficiones
La República llegó en julio del 2002 hasta el cuartel de Pichari
y logró fotografiar la colina dentro de ese establecimiento militar donde
estarían sepultados los cuerpos de las víctimas.
Al agente municipal, profesor Jesús Yauli, lo
acusaron de confabulación con los senderistas y de haber llevado ex profeso
al capitán a tomar una gaseosa para dar tiempo a que los senderistas
actuaran. Su delito fue ser natural de Huamanga y haber estudiado Educación
en la Universidad San Cristóbal de la capital ayacuchana.
Los recuerdos que guardan de "ZAJ" sus compañeros de armas son
contradictorios. El general Jaime Salinas Sedó lo evoca como un oficial que
tenía llegada a la población porque hablaba quechua, lo que además le
posibilitó ser uno de los organizadores de las rondas.
Es compositor y entre sus canciones hay una titulada "El gallo
mañoso", que ZAJ gustaba interpretar durante el tiempo que permaneció en
zonas de emergencia. Otros en cambio lo rememoran como el comando sanguinario
que acostumbraba volver al cuartel con las cabezas o los dedos de sus
víctimas para probar sus acciones.
Vladimiro Montesinos lo convirtió en jefe del batallón encargado de su
seguridad personal, incluida la vigilancia de la casa de la playa Arica. Lo
premió haciendo que el general Nicolás Hermoza lo
destacara a la agregaduría militar en Cuba, con el grado de coronel.
ZAJ volvió para jefaturar el Batallón de Comandos
Nº 19. Durante los días del secuestro emerretista
en la residencia del embajador japonés, paseaba disfrazado de policía con su
boina roja.
MATANZA Y GENOCIDIO EN
AYACUCHO
Seis
evangélicos fueron asesinados por una patrulla militar. 19 años después la
CVR ha recomendado denunciar al marino Luis Alberto Celis
Checa por estas muertes.
El 10 de
marzo último la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó al Ministerio
Público el informe so
bre las violaciones de los derechos
humanos cometidas por efectivos de la Marina en la provincia de Huanta,
durante 1984. El actual jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES),
capitán de navío Luis Alberto Celis Checa, es uno
de los acusados. La Comisión lo sindica como responsable del asesinato de
seis evangélicos de las comunidades de Callqui y Nisperoniyocc. Al cabo de casi veinte años, Celis no ha podido ser procesado por el Poder Judicial, a
pesar de que en 1985 confesó, ante el fuero castrense, haber liderado la
patrulla que, según él, se enfrentó con un grupo de subversivos en dicho
lugar.
En 1984 Luis Alberto Celis Checa tenía 27
años y apenas un año antes había sido ascendido al grado de teniente primero.
A mediados de junio fue destacado a Huanta (Ayacucho), a donde llegó como
integrante del grupo llamado "Caimán XIII", dirigido por otro
violador de los derechos humanos, Álvaro Artaza Adrianzén,
más conocido como "Comandante Camión".
Debido al cargo y su experiencia en las FOES, durante los dos meses que Celis Checa estuvo en la zona de emergencia marchó a la
cabeza de varias incursiones, buscando presuntos subversivos en los poblados
cercanos a la ciudad de Huanta. Una de las operaciones que comandó tuvo lugar
en las comunidades de Callqui y Nisperoniyocc.
Seis evangélicos tuvieron la desdicha de cruzarse en su camino.
Los hechos
Entre las 6 y 8 de la noche del 1 de agosto de 1984, alrededor de treinta
personas se encontraban reunidas en la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui rindiendo culto a Dios. Repentinamente, una
andanada de golpes abrió las puertas del templo. Eran miembros de la Marina
que en anteriores ocasiones ya habían llegado a Callqui,
ubicada a sólo diez minutos de Huanta.
Los marinos preguntaron por Concepción Chávez, una lugareña que entonces no
se encontraba en el templo. Luego escogieron a seis hombres y los llevaron a
un patio que colindaba con la iglesia. Allí dispararon contra algunos y
acuchillaron a otros. Luego hicieron estallar cargas explosivas sobre las víctimas.
Estas eran Paulino Ccayo Ccoriñaupa,
Jorge De la Cruz Quispe, Melquiades
Quispe Rojas, José Yáñez
Huincho, Wenceslao Huamanyalli Oré y Constantino Yáñez Huincho.
A raíz de la denuncia, un juzgado de Huamanga abrió proceso judicial contra
el capitán de corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén y
el comunero Jesús Vilca Huincho, quien -según los
denunciantes- fue el guía que participó en el operativo. Pero el juicio fue
suspendido cuando la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
dirimió a favor del Fuero Militar la contienda de competencia interpuesta por
la Marina. Fue en esta instancia donde se identificó al teniente primero Luis
Alberto Celis Checa como el jefe de la patrulla que
el 1 de agosto de 1984 llegó a la comunidad de Callqui.
Ante un juez militar, Celis Checa sostuvo que ese
día comandó un operativo en la comunidad de Callqui-Nisperoniyocc, tras recibir información confidencial,
según la cual se estaba realizando una "asamblea popular"
senderista en una casa del poblado. El militar negó rotundamente que su
patrulla -compuesta por 18 hombres- hubiera asesinado a seis pobladores
indefensos. En su descargo afirmó que estas muertes fueron el resultado de un
enfrentamiento sostenido con subversivos que se escondían en dicha comunidad.
Si bien esa declaración bastó para que el caso fuera sobreseído por la
justicia militar, indicios recogidos por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación permitieron descartar el enfrentamiento.
La versión de Celis Checa contenía no pocas
contradicciones. Él aseguró que su patrulla no ingresó en Callqui,
sino que en el camino a este poblado los subversivos comenzaron a
dispararles. Sin embargo, hay varios indicios que lo desmienten.
Según los protocolos de necropsia, cuatro de los
evangélicos muertos tenían heridas punzocortantes,
las cuales sólo pudieron hacerse en contacto directo.
Según el acta de levantamiento de cadáveres, en el lugar donde se los
encontró -el patio de la iglesia- había casquillos de bala, prueba de que los
militares sí ingresaron en el pueblo, tal como aseveraron en su momento los
denunciantes.
Además, en la ampliación de su declaración en el fuero militar, Celis Checa aseguró que incautaron explosivos (quesos
rusos) y propaganda subversiva. ¿Cómo pudo hacerlo sin haber ingresado en el
poblado?
Tras recoger estos indicios, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su
informe presentado al Ministerio Público el 10 de marzo último, recomendó que
se formule denuncia penal contra Luis Alberto Celis
Checa por el delito de homicidio calificado. La denuncia alcanza, además, al
jefe de la Base Huanta, el entonces teniente segundo Augusto Gabilondo García del Barco, quien ordenó que se llevara a
cabo el operativo; al Jefe del Destacamento de Infantería de Huanta y La Mar,
capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén; y al
guía de los marinos, Jesús Vilca Huincho.
En este momento el caso está a cargo de la Fiscalía Provincial de Huanta, que
tiene la responsabilidad de que este crimen no quede impune una vez más.
Luis Alberto Celis Checa
El
jefe de la patrulla
* Entre
1985 y 1987: Jefe del Departamento de Base del Grupo de Operaciones
Especiales Centro.
* En 1996: Inspector Interno de la Comandancia de la Segunda Zona Naval y al
año siguiente, Secretario de la Subjefatura de
Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
* En 1988: Comandante del Grupo de Operaciones Especiales Nor-Oriente
y en el 2000: Jefe de la División de Inteligencia del Departamento de
Política y Estrategia del Estado Mayor de la Marina.
* Actualmente ocupa el cargo de Jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales
(FOES).
Verdad y debate
Que
importantes personalidades políticas del país manifiesten su oposición,
adversidad y hasta temor ante el informe que presentará la Comisión de la
Verdad a inicios de setiembre, no debe llamar la atención. Era lo esperable.
Sin embargo, que los argumentos utilizados sean tan deleznables y evidencien
desinformación, ausencia de sentido común y hasta sospecha de mala intención
no deja de ser preocupante. Una "clase política" con graves
dificultades para mantener cotas mínimas de legitimidad debiera esforzarse en
aparecer más razonable y con mejor conocimiento de causa.
En términos generales, se escenifica un fuego graneado contra la CVR en base
a presunciones. Están siendo concluyentes cuando aún no se conoce la
totalidad de aspectos que investigó la CVR ni las apreciaciones que ella
tiene sobre estos resultados. Todo es sospecha, posibilidad y guarecerse, sin
importar las formas, ante cualquier eventualidad.
Como no se conocen los argumentos de la CVR, debe descalificarse desde ya a
quienes los sustentan. Los ataques ad hominem deben
dejar de lado a cualquier réplica fundamentada. Si los peruanos esperamos que
el informe de la CVR provoque respuestas que refuten, enriquezcan o, sencillamente,
contradigan lo allí afirmado, vemos perplejos reacciones que parecieran tener
la intención de destruir personas y no construir argumentos.
Un ejemplo, ¿las descalificadoras agresiones de las
que es objeto el secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza,
es suficiente para negar que en nuestro país hubo una confrontación que dio
como resultado espantosas cifras de muertos, desaparecidos y afectados que
pugnan por reconstruir sus vidas de alguna manera?
Hay, asimismo, quienes además de insistir en la supuesta falta de idoneidad
de los comisionados y altos funcionarios de la CVR, cuestionan la pertinencia
misma de este colegiado. Todo vale aquí, desde interpretaciones legalistas
hasta la increíble afirmación de que no existe un "ambiente político adecuado"
para este tipo de cosas. Es decir, se prefiere transitar un camino entre lo
pintoresco y lo grotesco mostrando sin pudor algunas prácticas que, dado el
caso y el momento, veíamos en los operadores del autoritarismo fujimorista.
Dicen que la verdad de la CVR no es la verdad. Correcto. La CVR no fue creada
para decirnos "la verdad". Fue creada porque la violencia política
produjo inmensos daños a la sociedad y la historia oficial sobre este proceso
adolece de graves vacíos y flagrantes contradicciones. Fue creada, además,
porque las voces de los peruanos no habían encontrado canales de expresión.
De esta manera, la CVR ofrecerá un punto de vista. Lo deseable es que esto
nos motive para que descubramos nuestra propia verdad. Aceptemos que ocurrió
algo gravísimo que no puede soslayarse sin afectar profundamente nuestro
traído a menos sentido de comunidad. Que la violencia haya impactado
esencialmente en los sectores más marginalizados de
nuestra sociedad, y que frente a ellos sigamos comportándonos como si fueran
extraños y ajenos a nosotros podría ser lo peor para los sentidos realmente
democráticos que queremos darle a nuestro país.
*Investigador
de Desco
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