Cualquier análisis sociológico de esta situación nos conduce a reconocer que la compleja crisis social y económica que afrontan los países de la Región, requiere intervenciones en todos los campos de la actividad social, en la voluntad de establecer valores y patrones culturales que garanticen el respeto a los Derechos Humanos, la estabilidad necesaria a la vigencia de la Paz y la consolidación democrática, en el objetivo de asegurar un desarrollo económico sostenido.

El análisis histórico y la experiencia acumulado, muestran en el Perú la recurrente presencia de una cultura política de violencia y de enfrentamiento destructivo ante los conflictos y desequilibrios sociales, todo lo cual amenaza la Democracia.

Se hace, por tanto, imperativo el desarrollo de una cultura de Paz, que incorpore patrones culturales de diálogo, de respeto y de responsabilidad social, desarrollo en el que debe comprometerse la sociedad en su conjunto, liderada por un Estado que utilice los recursos de la Democracia, de la legalidad y el Derecho en una tarea que asegure el establecimiento de una relación cargada de humanismo y civilización.

La violación de los derechos humanos, por parte del senderismo y de la fuerza pública, sumió al Perú en una situación de guerra interna sin límites humanitarios, con pocas posibilidades de investigar desmanes de ningún   lado, en una suerte de parálisis moral y ética que llegó a convertir al Perú en una amenaza a los países de la Región.

Los actos producidos por el terror, se convirtieron en endémicos y la espiral de violencia creció en proporción geométrica, alentados entonces por un Estado que durante mucho tiempo sólo atinó a la reiteración de una política de exclusiva represión y repliegue. El terrorismo usó el miedo como un arma fundamental. Sabía que el acto terrorista no se agota en su comisión, porque lo que busca es la intimidación generalizada.

La libertad y la dignidad de la persona humana, son incompatibles con cualquier ideología que justifica prácticas de terror, porque hasta la guerra tiene leyes de respeto y de humanidad que no pueden ser transgredidas y que han sido recogidas por el derecho internacional. El Perú ha venido experimentando la transición de estar saliendo de la etapa más aguda del conflicto, hacia la búsqueda de un período de Paz, estabilidad, desarrollo y consolidación democrática.

Sin embargo, los hechos sucedidos últimamente, que marcamos al inicio de este artículo, nos devuelven a la realidad de que el riesgo de recuperación del terror es evidente y factible, que otras violencias sacuden la vida de la sociedad, y que los sectores populares, especialmente, siguen expuestos a estos peligros que parecen acrecentarse en su número y en su severidad.

El conflicto fronterizo con Ecuador, y su innecesario costo en vidas humanos, mostró que el problema de la Paz y de la Democracia, es de carácter integral, con implicancias económicas, políticas, sociales y culturales. En lo cultural, uno de los mayores obstáculos que enfrenta nuestra sociedad, es la prevalencia histórica de una cultura de violencia política y social que dificulta el desarrollo de la Democracia y, consecuentemente, de la estabilidad política necesario para el crecimiento económico.

La experiencia terrorista, la actividad delictiva común, el vandalismo callejero, nos advierten que ha llegado el momento de oportuna excepcionalidad para implementar acciones urgentes a fin de romper el ciclo recurrente de la violencia.

Impulsado por el caos económico que encontró a su llegada, el gobierno implementó medidas de ajuste económico, muchas de ellas aún vigentes, que en lo inmediato se han traducido en un deterioro de las condiciones de vida de grandes grupos ciudadanos, tradicionalmente marginales, generando tensiones sociales difíciles de prever  en sus reacciones y alcances. Se hace imperativo contribuir a educar y validar la solución pacífica de los conflictos, a superar el recurso de la confrontación violenta y destructiva, y a desarrollar el sentido de la responsabilidad social.

La educación para la Paz, permite concretar una cultura de aproximación a los Derechos Humanos, y su carácter ético y pedagógico es un referente preciso para una pedagogía integral de la Paz, en todos los niveles personales y colectivos.

No existe ningún derecho que no se acompañe de un deber, aunque sea el elemental de respetar la ley que lo crea.