CEPAL afirma que un 45% de la población latinoamericana vive en extrema pobreza y un 25% se encuentra sin empleo. Si consideramos que la población de América Latina alcanzará los 540 millones en el año 2000 y que se requieren alrededor de 100 millones de empleos adicionales, prevemos las difíciles circunstancias en que se desenvuelve y continuará desenvolviéndose la vida de los sectores mayoritarios en nuestro Continente en el futuro inmediato.

Modificar este declive social es un reto no sólo de estricta justicia social sino de necesidad política. En el caso del Perú, que se acerca a un proceso electoral, debemos preguntarnos cual puede ser la actitud futura de los electores. Para ello, bien valdría la pena tener en consideración algunos planteamientos que estimamos de actualidad: a)la experiencia demuestra que el malestar social puede llevar a la población a exigir la reducción de la miseria aún en detrimento del ejercicio democrático; b)la corrupción, así como la ineficiencia en el ejercicio del poder, provoca hostilidad hacia el gobierno establecido; c)la aparición de movimientos que propician el golpismo como manera de "salvar a la Patria" y d) la tentación de implementar modificaciones a la Constitución para propiciar reelecciones ilegítimas, como las que hoy viven Perú y Argentina.

La deuda social, que gobiernos como el nuestro desconocen alegremente, no es necesariamente pagada porque se realicen elecciones de acuerdo a la Constitución. La pregunta que nos hacemos es cuanto ajuste puede aguantar una democracia o cuanta pobreza puede soportar la libertad.

A todo ello debemos oponer propuestas que nos lleven a demostrar que el diálogo y la negociación entre los poderes y los sectores sociales, siguen siendo la mejor forma de fortalecer los sistemas democráticos y evitar involuciones que conducen al autoritarismo. La sociedad peruana observa con preocupación, como el Gobierno asume actitudes que pretenden olvidar el marco de nuestros principios fundamentales e imponer soluciones de fuerza.

No es casual que la defensa de los derechos humanos, haya provocado tensiones entre los gobiernos de Perú y los EEUU. Los demócratas y los republicanos han coincidido sobre las virtudes de la democracia y la necesidad de crear mecanismos institucionales que la garanticen. Lo cual ha favorecido el que organizaciones como American Watch, WOLA y otros grupos de defensa de los DDHH. encuentren vías para seguir siendo indispensables en apoyar la democracia del Hemisferio y aumentar su influencia sobre las poblaciones del Continente. Frente a ello, los retrocesos económicos de la Región alimentados por el pago de una cuantiosa deuda externa, contribuyen a poner en peligro las frágiles y débiles democracias que caracterizan a nuestro Hemisferio. Al parecer, por este camino no hay forma de encontrar los recursos para responder a las exigencias legítimas de los pueblos.

La capacidad de acción, en el sistema internacional, de un gobierno democrático, se ve inevitablemente coartada por el incremento de la pobreza y por su incapacidad para resolverla. El aumento de la injusticia social amenaza el equilibrio democrático y hace perder autoridad internacional a los gobiernos. El Perú lo vive hoy con una crudeza que averguenza y en lo que resta de este siglo nada anuncia la posibilidad de que se produzcan cambios significativos.

América Latina ha pagado un tributo social muy alto a los radicalismos anti estatales que sacuden su geografía de un extremo a otro. El fracaso de los fundamentalismos neo liberales, que hoy presenciamos antes de lo que se esperaba, exige un nuevo rol del Estado en su obligación de erradicar la miseria e impulsar las condiciones sociales que hacen que el crecimiento económico sea compatible con la democracia. Ya hemos visto como la disminución del papel del Estado en el campo de la asistencia a la pobreza, la educación y la salud, sólo ha conseguido aumentar la marginalidad social que imposibilita la vigencia de regímenes democráticos.

El nuevo paradigma de desarrollo latinoamericano, requiere de un nuevo equilibrio entre el Estado y el mercado, entre el sector público y el sector productivo privado, entre la política y la administración de la economía.