El escenario amenaza con ponerse peor por obra de las injusticias, de los abusos contra los derechos humanos, de la frustración padecida por grandes sectores populares, que riesgan de llevar la situación a verdaderos conflictos de violencia interna de consecuencias verdaderamente impredecibles.
El que los gobiernos sean producto de elecciones genuinas no ha garantizado la vigencia plena de una auténtica democracia, ni el respeto a los derechos humanos, ni ha evitado que muchos países, como sucede en el Perú, vivan la mayor crisis económica y social de toda su historia.
Es en este panorama política y socialmente desolador, que nuestro país ingresa a la parafernalia tradicional de un proceso electoral pero ahora como nunca se ha visto entre nosotros: indefinición de candidaturas, ausencia de propuestas de gobierno que reflejen al menos el reconocimiento de los graves problemas que viven las mayorías del país, utilización grosera de los recursos del Estado en apoyo de una candidatura todavía imaginaria y compromiso de las células directivas de las FFAA con un proyecto de perpetuación en el poder, que contamina inevitablemente a las instituciones castrenses en forma tal que hará muy difícil que la sociedad peruana vuelva a creer en ella por muchas décadas.
Creo que somos dueños de la democracia más precaria de la Región, la más frágil, producto del anquilosamiento de las instituciones básicas del país, de la incapacidad gubernamental para asimilar los nuevos desafíos que imponen los tiempos cambiantes y de ausencia de liderazgos oficiales y de oposición, que han terminado por dar al traste con algo que entre nosotros no pasa de ser un intento democratizador.
Pese a todo ello es preciso reordenar la agenda política nacional si no queremos que el proceso electoral tenga resultados catastróficos.
La disyuntiva es suficientemente clara. Es urgente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos utilizando al máximo las fuerzas del país, reactivando la solidaridad que nos haga cada vez más sensibles a las demandas de los mas necesitados, plantear soluciones inmediatas a los verdaderos enemigos de la Nación: la pobreza, la deuda externa, la corrupción oficial, la depredación ambiental, la inseguridad ciudadana, en pocas palabras el subdesarrollo que asfixia. Y procuremos el fin de la antihistórica relación de subordinación que el Gobierno pretende imponer a la ciudadanía.
No hemos logrado concretar una actitud unida, efectiva y solidaria frente a la deuda externa. El Gobierno no ha querido escuchar las demandas de todos los niveles sociales ante los estragos que ella ocasiona. Su lealtad la ha privilegiado con los grupos financieros internacionales antes que con el país, y el pueblo quiere de una vez por todas terminar con el menosprecio oficial por sus necesidades y reclamos, a menudo escamoteados y manipulados por el poder.
No hay propuestas claras de ningún lado, el horizonte es desolador. Solo actitudes autoritarias que no resuelven el dilema y ausencia de respuesta de los candidatos que aparentan desconocer la vía para una verdadera reconstrucción política y democrática como la que urge para el Perú que todos queremos.
Se hace perentorio que los candidatos presidenciales conocidos hasta hoy, definan lo que deben ser perfiles inconfundibles de su futura acción de gobierno. Que comprometan en un Pacto Nacional de larga duración sus esfuerzos por abrir rumbos honestos y productivos a la cooperación a favor de los mas necesitados del país.
Creemos que pese a todo el momento histórico es propicio, permitirá entre otras cosas clarificar el ambiente enrarecido del proceso electoral, descubrirá soluciones permanentes y sustantivas que a manera de respuestas comunes harán menos incierto el futuro inmediato y alentará la defensa y consolidación de una verdadera democracia, que finalmente es objetivo fundamental de quienes queremos que nuestro pueblo ingrese al milenio con las banderas de la justicia social al tope de sus esperanzas.
Algo hemos aprendido en estos últimos y dolorosos años, como por ejemplo que asuntos como la vigencia de las libertades públicas y de los derechos humanos, la participación de los ciudadanos en las decisiones del Gobierno, siquiera a través de la elección de los responsables de ejecutarlas, tienen un extraordinario valor en la medida en que son compatibles con la dignidad de la persona humana y con una forma de alcanzar el bienestar de los más.
Es entonces la Democracia Representativa la única vía que permite realizar las aspiraciones de libertad que el pueblo reclama y ella debe ser objetivo inaplazable de quienes aspiran al poder, por eso nuestra preocupación cuando esos horizontes no se ofrecen suficientemente claros por quienes proponen un cambio radical en las conductas de gobierno.
El pueblo confía en quien le garantiza el funcionamiento de las
instituciones y mecanismos de la Democracia. La persistente acumulación
de frustraciones, particularmente en los sectores populares, es uno de
los principales peligros para la construcción democrática
del Perú que todos queremos.