Lo sucedido con el Referéndum, en el que compitieron la torpeza de una mayoría parlamentaria con la inconsecuencia de una oposición sin norte, mostró al país la imposibilidad de debatir sobre los grandes lineamientos que rigen el destino nacional, la falta de espacio donde ensayar un intercambio democrático de propuestas y la decisión gubernamental de no permitir que la Sociedad peruana participe de la discusión de los temas de trascendencia para el futuro del país.

El Gobierno y el Parlamento han terminado por echarse abajo los valores éticos y morales que norman el ejercicio de la política en el Perú. Con ello, la Democracia, la Justicia Social, el Derecho a la participación ciudadana, triste es decirlo, han quedado temporalmente sepultados y al parecer no se vislumbra, por el camino de la legalidad, una opción que ilumine el final del túnel y que pueda ser ofrecida como alternativa a la sociedad y sus instituciones representativas.

Nuestros niveles de cultura política y de organización popular son demasiado precarios para enfrentar al abuso y a la autocracia. Los partidos políticos, como instituciones integradas a las demandas nacionales, no existen en la realidad. Razón tiene el Pdte. Fujimori al sostener que la política de las cifras se ha impuesto a la política de los argumentos. Pocas veces fue tan claro y tan rotundo, y lo dijo en una tribuna internacional.

Las elecciones municipales que tenemos en puerta, son precedidas de un clima de frialdad y hasta de indiferencia popular pocas veces vistas en el país, la falta de debate político y la ausencia de confrontación de programas y de posiciones ideológicas, han terminado por castrar la cultura del diálogo entre nosotros, favoreciendo las conductas verticales, el monólogo oficialista y la supremacía del número, todo lo cual favorece esa suerte de dominación que caracteriza a los gobiernos autoritarios.

Y la sociedad peruana en general, reacciona ante este latrocinio mostrando una concepción infra política de los Derechos Humanos. Como si ellos fueran una abstracción a la que hemos revestido con ropajes universales y eternos, y cuyo atropello lo califican de "victimización infeliz "sin ahondar en la raíz del mal.

La violencia contra el Estado de Derecho, contra la institucionalidad democrática, como sucede actualmente en el país, es violación flagrante de los Derechos Humanos que debe ser denunciada ante todos aquellos Foros que la comunidad internacional ha creado para ese fin. No debe buscársele solución humanitaria sino encararse con criterio de combate político.

En el Perú estamos viviendo realidades dramáticas que se muestran como enfrentamientos entre lo político y lo tribal. Parecieran ser choques entre culturas diferentes, y debemos enfrentar esta situación con carácter de urgencia, animando a la opinión del país, promoviendo foros pluralistas y multidisciplinarios, convocando a los Colegios Profesionales a tomar posición en defensa de los derechos ciudadanos, y exigiendo a los medios de comunicación de la prensa hablada y escrita a asumir una suerte de liderazgo de una corriente nacional de opinión, porque sólo ellos lo pueden hacer, a fin de abrir un frente que diga !basta! a los desmanes anticonstitucionales de quienes han equivocado el encargo que el país les puso en las manos y han optado por el camino de la ilegitimidad que es por donde más fácilmente satisfacen apetitos espúreos de un poder que ya no les pertenece.

Creo que pocas veces la prensa nacional se enfrentó a una responsabilidad más rotunda y más dramática. Tiene el aval moral que les confiere la línea de dignidad que caracteriza su actuar, con excepciones infelices, y tiene el camino abierto para iniciar ya una tarea que el pueblo espera con impaciencia que no reconoce postergaciones.

Hay que rescatar la Democracia porque así se rescata la Paz y la Dignidad nacionales, pero desde una perspectiva eminentemente humana, tratando de dar vida a las ideas que alimentan la sed de justicia de nuestro pueblo.