Las políticas de salud, implementadas de ese entonces a la fecha, muestran su rotundo fracaso en la persistencia, 33 años después, de indicadores de morbimortalidad que se han agravado al no haber respondido el sector a las demandas poblacionales, incrementadas con el crecimiento dernográfico y el deterioro de los niveles de vida.

Nuevas patologías sociales han aparecido, sobre todo en los sectores populares, muy ligadas a fenómenos de transición demográfica, con el consiguiente desarrollo de nuevos perfiles epidemiológicos que se hacen visibles en la mayor prevalencia de enfermedades propias del subdesarrollo, y en la reaparición de otras que se creían desterradas, con un lógico incremento en la demanda de servicios de salud que encuentran al sector responsable burocratizado, con la misma estructura administrativa y técnica de los años 70 y sin ningún proyecto conocido que muestre voluntad de cambio. Todo esto, en un contexto de pobreza desatendida, en progresión creciente, sin programa efectivo de apoyo social en la agenda política y con un crecimiento económico atractivo al inversionista extranjero, pero en abierta contradicción con una marginalidad poblacional en auge.

La atención a la salud, a nivel nacional y sin excepciones, es un reto que obliga una definición política que permita un salto cualitativo en la organización y funcionamiento del sector. Que reconozca la necesidad de un proceso de cambios estructurales profundos en los campos político, técnico y administrativo, con el objetivo orientado a lograr la total cobertura de los servicios de salud a toda la población, con la participación de los recursos públicos, privados y mixtos.

La reforma que el país reclama, debe buscar la manera de mejorar la capacidad operativa del sector salud, de modificar sustancialmente el modelo de prestación y de replantear una nueva organización del sistema vigente. Las reformas políticas y operacionales en la prestación de los sectores de salud, deben mejorar la cobertura, la accesibilidad, la calidad y el ámbito de operación de los servicios de salud, acorde con las necesidades de la población y en función de las condiciones económicas del país. Deben tener en consideración las realidades de los nuevos modelos imperantes en el país, precisando metas y objetivos alcanzables a corto plazo y reconociendo, al mismo tiempo, la convivencia de la medicina occidental y las tradiciones curativas pre-hispánicas a fin de superar mutuas desconfianzas.

La participación del Estado, a través de la gestión del Ministerio de Salud, deberá ser lo suficientemente flexible para que su rol a nivel nacional, sea como normatizador, concertada de las políticas formuladas, supervisor del sistema, etc., se dé en fama desconcentrada, manteniendo los principios de centralización política y descentralización administrativa.

El IV Congreso Médico Nacional, realizado últimamente en Lima (noviembre 96), además de definir lo que el gremio médico entiende como auténtica reforma de la Salud, sirvió también para consolidar una posición unitaria en las exigencias de cambio en el sector. Por ello sancionó, en forma unánime, que el Proceso de Reforma en Salud debe propender a la búsqueda de un Sistema de Seguridad Social Universal tal como lo consagra la Constitución. Consecuentemente, rechazó el D.L. 887 que, con el pretexto de promover !a inversión privada en salud, pone en peligro la existencia misma del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y debilita la responsabilidad que éste tiene sobre la salud de algunos millones de peruanos.

Es preciso definir el espacio geográfico, administrativo y legal donde el Ministerio de Salud y el IPSS deberán ejercer su acción, definiendo lo que debe ser la misión institucional en cada caso, perfilando las funciones estratégicas y los programas prioritarios, con el objetivo fundamental de garantizar la salud de la población, en el cumplimiento, de los principios de equidad, universalidad y solidaridad y buscando el desarrollo óptimo de las potencialidades de la población y de las instituciones públicas y privadas para lograr salud y controlar los factores; que la determinan.

El desarrollo de la salud, debe estar íntimamente vinculado al desarrollo económico y social del país. Sometido a una permanente tarea de formulación y actualización de normas y de aplicación en áreas de importancia estratégica, lo cual permitirá que la conducción de las instituciones que conforman el sector Se realice en forma integral y sistemática y, sobre todo, de acuerdo a una direccionalidad que una vez formulada es obligante su cumplimiento.

Las acciones de privatización en salud, el gremio médico nacional las entiende corno lógica consecuencia de un modelo de economía neoliberal al que orienta la conducta del Gobierno actual. Lo que la profesión médica cuestiona es el que sean gestos incoherentes, no debatidos que no responden a un Plan nacional, que se articulan sin previo aviso a la opinión pública y sin haberse definido previamente a qué modelo de atención de salud corresponden. Querer dejar todo a la perversidad del mercado es desconocer que en el Perú la distribución social de las oportunidades es desigual, inequitativa y concentrada. Todavía tenemos problemas severos en el acceso a la educación, a los sectores de salud, en el acceso a la justicia, el empleo, a las relaciones laborales, etc. Si queremos mostrar los éxitos en la gestión económica, debemos diseñar nuevos paradigmas en la política social, sobre todo la orientada a los sectores de extrema pobreza, donde necesariamente deberán continuar siendo asistenciales en su contenido y eficientes en su ejecución.

Actualmente, en el Perú, los servicios de salud del sector público continúan otorgándose con una irracional pluralidad institucional: Ministerio de Salud, IPSS, Fuerzas Armadas, Municipalidades, Empresas Públicas, Beneficencias, etc. con el agravante resultado de la duplicación de esfuerzos y despilfarro de recursos y lo que es humillante, con desigualdad en la atención de salud contradiciendo a la doctrina sanitaria moderna que al reconocer el Derecho a la Salud como parte de! Derecho a la Vida, postula una atención de salud de carácter universal, integral e igualitaria.

E IPSS viene a resultar el pilar fundamental en un proceso de reforma de la salud. Por ello debe ser repotenciado, incrementados sus recursos financieros, utilizado como columna vertebral de un sistema integrado de servicios de salud y, finalmente obligado a extender progresivamente su cobertura hasta alcanzar la universalización del sistema para toda la población del país, sin exclusiones.

La participación del sector privado no solamente es necesaria sino indispensable. La sobredemanda que inevitablemente se generaría al extender la cobertura, se deberá enfrentar con el aporte valioso de los seguros complementarios y el desarrollo progresivo de un sistema regulado de libre elección.

En el Perú de hoy, los pueblos son escépticos de las agendas políticas y desconfían de ellas. Desconfían de los grandes enunciados con poco contenido real. Las formulaciones programáticas copiosas, tienden a convertirse en instrumentos para la frustración de los pueblos y, frecuentemente, para el engaño.

Por ello, deberíamos hablar de los roles que en el futuro próximo comprometen al Estado. Y para cada rol, cuáles son las metas a alcanzar y los plazos para cumplirlas.