Las imágenes de camas destartaladas con colchones agujereados y mugrientos, los llamados a la solidaridad de la sociedad por conseguir medicamentos que el paciente no puede adquirir y el hospital no tiene o sólo lo entrega previo pago, la demanda frecuente de válvulas cerebrales para las operaciones de hidrocefalia en niños; asimismo cocinas y comedores antihigiénicos con raciones hospitalarias de alimentos que contribuyen a la malnutrición de los pacientes, farmacias desabastecidas, etc., conforman el escenario donde los profesionales médicos, otras de las víctimas de un sector que hace agua por los cuatro costados, completan el cuadro de una crisis. Esta no solamente no insinúa la posibilidad de recuperación sino que, además, muestra la indiferencia y la incapacidad de los responsables de la salud en la población para responder a una demanda que se incrementa de manera alarmante.

El crecimiento de la pobreza, el progreso de la malnutrición, el descontrol en el precio de los medicamentos y, consecuencia lógica, los altos índices de morbimortalidad en la población, hace más difícil la sobrevivencia de los sectores populares que son precisamente los más vulnerables a la enfermedad, a los accidentes, en suma, la muerte.

Nos preguntamos ¿Qué lugar ocupa la protección de la salud de la población en los programas del Gobierno? ¿por qué la conducción de un asunto tan delicado y tan significativo para el prestigio de un régimen, se entrega a la responsabilidad de quienes carecen en absoluto de experiencia en política de salud?

Estas preguntas las hacemos, entre otras, al ver las medidas nada técnicas, pero sí demagógicas, que a manera de sorpresivos bandazos se dan en el sector. Un seguro médico escolar difícil de implementar con instituciones hospitalarias en abandono sin una política contra la desnutrición infantil, terreno de cultivo de los altos índices de enfermedad en este grupo etario; creación de Empresas Prestadoras de Salud que drenan recursos vitales al Seguro Social en una competencia desigual por una clientela que requiere atención médica integral y de calidad, disminución de ingresos al IPSS, último bastión de la atención médica a los trabajadores y sus familias. Ello, siguiendo directivas del FMI sabiendo que con eso se le condena al colapso económico a la institución del Seguro y a la voracidad de la empresa privada, a los asegurados y sus parientes.

Hoy en día en la casi totalidad de las sociedades occidentales se convocan foros multidisciplinarios para determinar en qué condiciones concluimos el milenio y cómo se enfrentan las llamadas “amenazas del fin de siglo”, por referencia a los riesgos que viven  principalmente los países en desarrollo, que es donde los grupos excluidos son los más grandes y las víctimas obligadas de esa indiferencia de los gobiernos de turno.

La lógica de alcanzar la eficiencia económica a cualquier precio, la competencia internacional y la privatización resultan signos de los tiempos que nos conducen al desmantelamiento del edificio social.

La profesión médica en el Perú, por medio de sus organizaciones representativas, ha reclamado, con una terquedad que la dignifica, participar de la discusión del modelo de atención de salud que debe implementarse en el país. La negativa del gobierno fue siempre la misma. Los colegios profesionales son considerados por el oficialismo enemigos a los que no se debe dar oportunidad de hacerse oír.

No hay reformas verdaderas en el sector salud, las leyes de “modernización” dictadas por el Ejecutivo sólo han logrado enmarañar más a la organización sanitaria aumentando sus contradicciones. No hay un Plan Nacional de Salud y no lo habrá con este Gobierno. No hay voluntad política ni capacidad técnica para hacerlo.

Hay desconfianza de la población en el interés del presidente Fujimori por atender sectores vitales como es Salud, y sacarlos de la crisis que afrontan.