Calcula –el ministro– que aproximadamente 12 millones de Peruanos serán posesionados de una suerte de "tarjeta de crédito", que demostrará que se encuentran "por debajo de la línea de pobreza". La entrevista contiene otras perlas más, que el espacio no permite analizar en extensión. Es lógico suponer que hacer un censo de pobreza, alentar a los "no pobres" a que se enrolen  en las EPS privadas, repartir –previa calificación– 12 millones de carnés, en franca invitación a la corruptela, confirma que no existe voluntad de garantizarle a la población mayoritaria del país la seguridad de la atención a su salud, y que la posibilidad de una auténtica reforma está hoy más lejos que nunca.

Por si esto fuera poco, la Comisión de Salud del Congreso de la República, controlada por la mayoría oficialista, está distribuyendo copias de un "Proyecto de Ley General de Salud", solicitando opiniones a lo que vendría a ser, finalmente, el régimen de prestación de cobertura de salud que el Estado pretende implementar a nivel nacional, que como se imaginarán no tiene nada que ver con el del ministro Costa Bauer.

Este Proyecto de Ley General de Salud, remitido al Colegio Médico para opinión, es, a nuestro entender, un documento no sólo lleno de carencias y contradicciones sino que desconoce hasta los pretendidos alcances de la Ley 887, de Modernización  de la Seguridad Social en Salud de las propuestas de "carnetización" del ministro.

No menciona en ningún momento al IPSS, ejecutante de las acciones de salud más importantes en el país; no hace referencia a la rectoría del Ministerio de Salud; no considera la participación de los Colegios Profesionales; no dice cómo se financiarán las demandas de salud de los carentes de recursos; y, Por si fuera Poco, no define el modelo de Sistemas de Salud que Propicia el Estado.

En pocas palabras, caos absoluto en el sector. Consecuencia, sin duda, no de malas intenciones pero sí de un desconocimiento de lo que significa Política de Salud.

Los procesos de modernización del aparato estatal han apuntado siempre a favorecer el desarrollo económico y financiero del país, con abstracción significativa de las necesidades apremiantes de los sectores sociales. No sólo eso; la heterogénea división de las obligaciones sociales del Estado aumenta el desorden y el dispendio de recursos. Hoy en día, por ejemplo, la promoción del niño y del adolescente –y al hablar de promoción la salud es capital– está señalada como tarea en los organigramas de los ministerios de Salud, de la Presidencia y, últimamente, del Ministerio de la Mujer.

Los intentos de Reforma de la Salud, en la distorsionada visión del gobierno, sólo están logrando debilitar la rectoría del Ministerio de Salud; aumentar la creación de organismos públicos de salud ajenos al sector, diluir los escasos fondos en reparticiones que cumplen la misma obligación y extender la función privatizadora, buscando con ello compensar las deficiencias e incapacidades de un sector del Estado que reclama atención prioritaria de éste. Experiencias privatizadoras en Salud, como las ISAPRES en Chile, tomadas a menudo como modelo a seguir, están hoy día de regreso después de poco menos que catastróficos resultados.

La reforma en salud es un proceso complejo que, en el caso del Perú, reclama una visión tecnológica y normativa en el tratamiento de sus aspectos económicos, sociales, culturales, etc. La población de nuestro país, sobre todo los grupos sociales más pobres, las mujeres y los niños, las comunidades andinas y selváticas, los trabajadores de las zonas periurbanas, los informales, etc., siguen padeciendo altos riesgos de enfermar y morir.  La atención médica sólo alcanza al 45 % de la población nacional, es decir, más de 12 millones de peruanos no cuentan con protección de salud,

No hay otra forma de acudir en defensa de ese capital humano, que extendiendo la cobertura de la Seguridad Social en Salud a toda la población del país. Por algo la Constitución Política señala en su Art. 10mo. (Capítulo 11 de los Derechos Sociales y Económicos): "El Estado reconoce el derecho UNIVERSAL y Progresivo de la persona a la Seguridad Social". El Seguro Social Universal, implementado a través del Sistema Nacional de Prestaciones de Salud, permitirá integrar funciones y servicios de todas las instituciones prestadoras de Salud del país, en una política de seguridad social unificadora de recursos y servicios, en una administración conjunta que garantice las medicinas de promoción, de prevención, curativas y de rehabilitación a nivel nacional, con aprovechamiento racional e sus disponibilidades y bajo la Rectoría del Ministerio de Salud.

El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) será el  ente responsable, en el sector salud, del ejercicio técnico  del desarrollo de normas y de la fiscalización de las reglas de la seguridad social, lo que viene haciendo ahora, pero esta vez no sólo al 25 % de las personas sino a los 24 millones de compatriotas, sin exclusiones ni marginación.  Creemos que solamente el IPSS es capaz de congeniar una política de Seguridad Social Universal en Salud con una participación efectiva, honesta y coherente del sector privado. Ya existen estudios actuariales sobre la extensión progresiva de la cobertura, sectores a privilegiar, propuestas técnicas y compromiso unánime de la profesión médica. Sólo falta la voluntad política de llevarla a cabo y el convencimiento del gobierno central de que no puede seguir esquivando una responsabilidad que la Constitución le señala claramente.