Las denuncias sobre malversaciones, apropiaciones ilícitas, evasiones tributarias, inmoralidades, etc., alcanzan tanto a universidades públicos como privados. En el caso de estas últimas, por disponer de millonarios presupuestos, las pérdidas son notoriamente significativas.

Todo lo cual nos convence, sin mucho esfuerzo, que el sistema universitario en su totalidad se halla gravemente enfermo. Y aquí también, como en todo acto médico, el éxito de la conducta terapéutica dependerá, fundamentalmente, de un diagnóstico acertado. Y creemos que las medidas dictadas por el Gobierno muestran, sin lugar a dudas, el desconocimiento absoluto que se tiene sobre la realidad de la problemática universitaria.

El que la nota más saltante de las denuncias contra las universidades cuestionados sea la apropiación escandalosa de sus recursos no quiere decir que todo no sea sino un simple problema de hurto, sino que este delito muestra una situación de colapso moral que obliga a revisar en su integridad y verificar si el sistema universitario actual, que albergó masas significativas de jóvenes esperanzados, miles de ellos capacitándose en carreras in futuro, debe continuar como está o debe someterse a una reorganización integral, despolitizada, con directa participación de la sociedad en la voz de sus instituciones representativas. Creer que las comisiones reorganizadoras o de investigación, cuyos poderes y recursos son limitadísimos, son la solución, es simplemente mirar el árbol sin percibir el bosque.

Pensar que expulsando estudiantes crónicos, autoridades corruptas, se habrá dado una solución definitiva es seguir ignorando la causa de la enfermedad y sólo hacer terapia sintomática. El sistema universitario debe ser declarado en emergencia. Sus estructuras revisados en su integridad, señalando los mínimos recursos humanos, materiales y científicos que se exigen para autorizar a una universidad a continuar con su funcionamiento. De lo contrario no dudar en clausurarlo, que es mejor a que continúe haciendo daño y fabricando ilusiones.

Se debe suspender los exámenes de ingreso hasta que las universidades muestren haber alcanzado un mínimo de excelencia, con justificación académica y laboral en las carreras para las que capacitan, habida cuenta de que la mayor parte de las universidades, públicas y privadas, siguen graduando profesionales que terminan engrosando el ejército de desempleados, sin posibilidad siquiera de rentabilizar el dinero invertido en su formación, por el Estado o por los padres.

No sólo es preciso prohibir la apertura de nuevas universidades sino clausurar aquellas que están lejos de responder a la obligación que el Estado les señala y que simplemente se aprovechan de la falta de control que debe ejercerse sobre ellas. Replantear el sistema universitario, vía una ley elaborada por especialistas en la materia, conlleva sacrificar el número en favor la calidad, significa quitar el debate del ámbito de la política de mostrador y llevarlo al terreno eminentemente técnico, a tiempo que se difunde que el tránsito por la Universidad no es instancia obligada para la realización individual, como equivocadamente creen nuestros jóvenes.

Es preciso responder a los interrogantes de ¿para qué se enseña? y ¿qué debe enseñarse?, y así encontrar sentido a la existencia del hombre y saber que mundo humano buscamos construir. Aquí encontramos una responsabilidad moral y una decisión de nivel histórico en una sociedad, como la nuestra, que por ser heterogénea y plural, requiere planes educativos que descubran lo común pero también la diversidad. Un Estado moderno, o en camino a la modernidad, requiere transformar sus estructuras nacionales. Permitir que la comunidad organizada encuentre su propio sistema de autogobierno y conjugue singularidades propias de nuestra pluricultura. El mensaje educativo universitario debe contener la tradición cultural abierta a la realidad cambiante del saber.

Nadie duda que el país necesita profesionales sólidamente formados. El sistema universitario actual no garantiza el logro de este objetivo. La mentalidad mercantilista, que predomina en la mayor porte de las universidades, sólo contribuye a agravar el caos, incrementar profesionales sin oferta de trabajo y traficar con las expectativas de una juventud que se merece otro destino.