LA JORNADA, JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2000

La organización consideró que un funcionario que ''no cumple con las leyes no debería ser parte del próximo gobierno ni estar involucrado en el diseño de los programas sanitarios''.

En julio de 1999, Paulina, quien entonces contaba con 14 años de edad, fue violada y resultó embarazada. A pesar de que realizó los trámites legales para interrumpir la gestación, no lo pudo concretar por la oposición del director del Hospital Civil de Mexicali y el procurador de Justicia del estado, quienes tuvieron el aval de Astorga Othón.

El caso fue analizado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, organismo que comprobó la violación de los derechos de Paulina y emitió una recomendación al gobierno estatal para que se investigara y sancionara a los funcionarios involucrados en los hechos, y se garantizara la manutención de la menor y su hijo con la creación de un fideicomiso.

Al respecto, Astorga Othón señaló que se trataba de una ''recomendación perversa'' y justificó la negativa de los médicos a interrumpir el embarazo porque -dijo entonces- ''Paulina no tenía derecho a abortar porque ese derecho no está en la Constitución''. GIRE consideró que el funcionario ''hizo gala de desconocimiento jurídico en el caso''.

Ayer, Elisa Contreras, secretaria privada de Astorga Othón en el Instituto de Servicios de Salud de Baja California, confirmó que el funcionario trabaja ya como asesor en el equipo de transición de Fox Quesada.

De hecho, ayer el funcionario se encontraba en la ciudad de México, realizando ya sus actividades como asesor en el área de salud, en particular lo relativo al presupuesto de los estados. Contreras explicó que Astorga no dejará su cargo al frente de la dependencia sanitaria de Baja California.

Astorga Othón también se desempeña como consejero estatal del PAN y de acuerdo con la edición del martes pasado del periódico La Crónica de Mexicali, la invitación para asesorar a Fox Quesada se debió a que Astorga es el único secretario de Salud de extracción panista en el país.

LA JORNADA, VIERNES 4 DE AGOSTO DEL 2000

¤ Se aplicarían sanciones de tres meses a seis años de prisión

Mireya Cuéllar ¤ La mayoría panista del Congreso de Guanajuato aprobó anoche un nuevo Código Penal, en el que se eliminó la posibilidad que tenían las mujeres violadas de recurrir legalmente a un aborto, única causal que era permitida en esa entidad que hasta hace unos meses gobernó el presidente electo Vicente Fox.

Con 17 votos a favor -del PAN, un ex priísta y un miembro del Partido Alianza Social- y 16 en contra -de PRI, PRD, PT y PVEM-, el nuevo Código Penal, que impone a las mujeres que deciden abortar una sanción de tres meses a seis años de prisión y de diez a treinta días de multa, fue aprobado anoche en medio de los aplausos y la felicitación de los blanquiazules. La oposición abandonó la sesión para hacer patente su protesta.

Así, en caso de ser violada, ninguna mujer podrá solicitar el aborto porque los panistas "se montan en un discurso a favor de la cultura por la vida y se olvidan de los derechos de las mujeres", lamentó la legisladora perredista Malú Michel, quien explicó que el nuevo código es producto de una discusión que inició la Legislatura pasada y que la actual retomó sin que nunca los panistas hubieran revelado su intención de castigar, en la práctica, cualquier forma de aborto.

"Fue un albazo", apuntó, porque cuando la comisión dictaminadora abordó el tema del aborto, los panistas sólo se manifestaron por mantener lo que ya decía el código derogado ayer, que se podía abortar en caso de violación. A diferencia de otras entidades, no daba la oportunidad de abortar a las mujeres cuya vida corriera peligro en caso de mantener la gestación ni tampoco por casos de malformación.

Sin embargo, al someterse a discusión y aprobación el dictamen, los panistas se reservaron para discutir en lo particular el artículo 163, que trata el tema del aborto y lo modificaron.

Con el título Cárcel a mujeres violadas que aborten, las fracciones de PRD, PRI y PT emitieron anoche un comunicado en el que señalan que "en el Congreso del estado de Guanajuato emergió el rostro de la intolerancia disfrazada de valores espirituales".

"A propósito de la discusión en el pleno del Congreso local del nuevo código penal, la diputación panista sorprendió a todos al presentar una reserva del artículo 163, referido a la caracterización del aborto en caso de violación, cuando en todo el proceso legislativo nunca hablaron del tema (...) El albazo legislativo que se impuso deja sumidas a las mujeres víctimas de violación obligadas a embarazos de hijos no deseados, y si no lo aceptan, la cárcel les espera", apunta el comunicado.

El artículo 163 que había sido consensuado en comisiones establecía que "no es punible el aborto aun cuando sea causado culposamente por la mujer embarazada" y cuando se provoque o consienta por la mujer en el caso de que el embarazo sea producto de una violación y previamente se hubiere presentado la denuncia correspondiente, y los peritos del Ministerio Público expidan el certificado médico".

LA JORNADA, SABADO 5 DE AGOSTO DEL 2000

A manera de justificación, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local guanajuatense, Ricardo Torres Origel, dijo que aprobaron impedir que una mujer embarazada por su violador pueda recurrir al aborto porque "no se puede castigar un delito cometiendo otro". Lo que harán en Guanajuato, adelantó, será "proveer de todo tipo de ayuda a las mujeres violadas, pues la solución para el caso de violaciones no es el aborto, sino la adopción".

El senador perredista Jorge Calderón externó la indignación de su grupo parlamentario por esa "afrenta", que marca un retroceso en la lucha de las mujeres por sus derechos fundamentales y demandó a la directiva nacional del PAN y al presidente electo, Vicente Fox, un deslinde ante "esas prácticas de intolerancia y fundamentalismo".

El senador priísta Rodolfo Becerril Straffon se unió a la condena por ese "desliz" panista y señaló que el tricolor no permitirá que ese tipo de reformas se generalicen. Sin embargo, el presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, se limitó a reiterar lacónicamente, durante una conferencia de prensa: "Es conocida la posición del partido, en el sentido de que nosotros somos defensores de la vida y que en esto el partido ha sido siempre consecuente".

En Guanajuato, en tanto, la molestia de los legisladores priístas, perredistas y del Verde Ecologista es tal que consideran no asistir al informe de labores del gobernador Ramón Martín Huerta este domingo. Sería una forma de protestar por las reformas judiciales aprobadas por la mayoría panista en el Congreso local, las que además de negar la posibilidad de abortar el producto de una violación, contienen otras medidas "retrógradas" como la disminución de 18 a 16 años de la edad penal, según precisó el líder de los diputados del PRD en Guanajuato, Carlos Scheffler Ramos.

Al respecto, el senador perredista Jorge Calderón sostuvo que esa acción de "una minoría fundamentalista de diputados panistas" es un aviso de regresiones legales y constitucionales que pudiera Acción Nacional tratar de imponer a nivel nacional, pues a esa cancelación de un derecho ya adquirido por las mujeres de optar por el aborto en caso de un embarazo producto de una violación se une la determinación de incluir en el equipo de Vicente Fox a Carlos Astorga Othón, funcionario del gobierno de Baja California que presionó a la joven Paulina para obligarla a dar a luz al hijo de su violador.

Además de los recursos legales que seguramente se interpondrán en contra de las reformas judiciales aprobadas por el Congreso de Guanajuato, Calderón demandó un deslinde de la directiva panista y del presidente electo. Pidió a Vicente Fox "que cumpla un compromiso que ha expuesto de manera reiterada en los últimos días en materia de tolerancia, apertura, gobierno plural y consenso, para que condene este tipo de acciones unilaterales y arbitrarias tomadas por la fracción panista de Guanajuato".

Calderón insistió en que "esa barbarie legislativa" agrede sobre todo a las mujeres de escasos recursos, porque son quienes se verán obligadas a sufrir las decisiones arbitrarias en el gobierno estatal. "Las niñas, jóvenes y adultas de clase alta, incluyendo a las hijas o familiares de prominentes políticos panistas, siempre tendrán la opción de ir al extranjero y ejercer directamente un derecho que pretende cancelarse en Guanajuato y quizá en otras entidades del país dominadas por el PAN".

Por separado, el senador del PRI Rodolfo Becerril Straffon consideró que se trata de "un desliz del PAN" que los priístas no permitirán se haga extensivo a otros estados y menos a nivel nacional. Ello es muestra, dijo, de la ideología panista, que desgraciadamente ganó terreno.

Consideró, sin embargo, que seguramente las mujeres mexicanas encabezarán, respaldadas por el PRI, las movilizaciones necesarias para poner un dique a esa medida intolerante. Por lo que toca a los legisladores del tricolor, agregó, en el Congreso no pasarán reformas de esa naturaleza.

Desde la tribuna del Congreso local, en la ceremonia en la que Martín Huerta entregó el quinto y último informe de esta administración (que empezó Vicente Fox) --en medio de protestas de organizaciones de mujeres situadas fuera del Palacio Legislativo--, el coordinador de la diputación perredista, Carlos Scheffler Ramos, afirmó que su partido no permitirá "los cambios hacia el retroceso".

"La diputada y diputados de ese grupo parlamentario analizaremos las alternativas legales para evitar que este grave retroceso legislativo dañe la vida de las personas y de las familias en Guanajuato, sentando un grave precedente para la legislación de otras entidades y del país".

E hizo un llamado a los legisladores de los otros partidos de oposición para rechazar esa iniciativa.

Después de críticas de especialistas y protestas que empañaron la presentación de su informe --en ellas participó la madre de Paulina, la adolescente bajacaliforniana a la que se impidió abortar después de que fue violada--, el gobernador se comprometió a tomar una decisión al respecto "con la sensibilidad suficiente" y atendiendo todas las voces en favor y en contra.

Martín Huerta tiene 30 días para recibir las opiniones, antes de regresar la iniciativa de ley al Congreso local u ordenar su publicación en el Periódico Oficial.

Por lo pronto, como primera acción del Ejecutivo estatal, la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense --Imug--, Laura Lozano Fuentes, convocó a abogados y organizaciones sociales a expresar sus puntos de vista por escrito y hacerlos llegar al instituto, a fin de integrar un documento que será entregado al gobernador.

Según Lozano Fuentes, la recepción de opiniones será coordinada con la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, para lo cual ya inició pláticas con las diputadas miembros, con el fin de crear un foro, en el que serán analizados los puntos de vista, "con lo que el gobernador podrá estar más informado para tomar su decisión". 07/08/00

En rueda de prensa convocada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la legisladora informó que el compromiso fue suscrito hoy por Jorge Ocejo, secretario general del CEN panista, y Margarita Zavala, presidente de la Comisión de Políticas Públicas de la Mujer, tras una reunión con organizaciones feministas.

Ello, a pesar de que antes, en entrevista sobre el tema, el también diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Miguel Alcántara Soria, sostuviera que el CEN de su partido no intervendría para dar marcha atrás a la mencionada iniciativa.

"En el CEN del PAN no tenemos cultura de imposición centralista de la que el país quiere salir", aseguró, al tiempo que sostuvo que la penalización del aborto, no estaba contemplada en la plataforma electoral de su partido y menos con la torpeza con que se hizo en Guanajuato", puntualizó el legislador.
No obstante, Espinosa hizo el anuncio y reconoció que en Acción Nacional hay mucha gente que no está de acuerdo con la actitud asumida por sus compañeros del Congreso de Guanajuato.

"Yo en lo personal tengo muy presentes los principios y nuestra doctrina, en el sentido de respeto a la vida desde el momento de la concepción, sin embargo, eso nada tiene que ver con reformar el Código Penal para quitar una causal de no punitividad del aborto", acotó la legisladora.

En su opinión, a los legisladores panistas de aquella entidad les faltó escuchar las voces de quienes votaron por ellos y rompieron los consensos existentes con otras fuerzas políticas.

En la rueda de prensa también estuvieron las diputadas perredistas Patria Jiménez y Alma Vucovich, quienes reprobaron las modificaciones aprobadas el viernes pasado por el Congreso del estado de Guanajuato, de composición mayoritariamente panista.

Patria Jiménez recordó que en México cada cinco minutos se viola a una mujer y ocho de cada 10 agresores es un conocido, y peor aún, del total de casos ocurridos, sólo se denuncian 10.
Por ello, calificó de arbitraria la medida de penalizar el aborto cuando el producto haya sido resultado de una violación, ya que en su opinión esa situación dejaría a las mujeres en la indefensión total.
Refirió que para ello no sólo falta desarrollar la cultura de la denuncia, sino que las autoridades mejoren los procedimientos de atención a las mujeres que lo llegan a hacer, toda vez que hasta ahora todo el proceso es muy lento.

Por su parte, Alma Vucovich consideró que la aprobación de esas reformas es una injusticia social que agrava la situación de la mujer y que no se puede aceptar porque borraría de un plumazo lo que se ha hecho a favor de la mujer en los últimos años.

Opinó que el clero actúa de manera irracional al expresar su apoyo a esta reforma del Código Penal de Guanajuato, ya que no es posible que apoyen la medida cuando en ningún otro estado se ha legislado para penalizar la práctica del aborto cuando hay embarazo por violación.

La legisladora perredista argumentó que nadie puede decidir qué hacer con el producto de una violación y solicitó que se dé marcha atrás a esa aberración social que aprobó el Acción Nacional en esa entidad.

Hay tiempo

Luego de una entrevista sostenida con Jorge Ocejo Moreno, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la diputada local perredista Martha Lucía Mícher Camarena comunicó que se obtuvo el compromiso de que representantes de la cúpula de ese partido vengan a Guanajuato a dialogar con los legisladores panistas para que expliquen lo que sucedió con el nuevo Código Penal, pues "no es estrategia del PAN quitar artículos ya aprobados en Código Estatales", según le dijeron.

Entrevistada a su regreso de la ciudad de México, la legisladora informó que ella, junto con otras mujeres representantes de diversas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos ciudadanos, fueron recibidos de manera amable, por una comisión panista encabezada por Ocejo Moreno, en donde también se encontraba Cecilia Romero, Patricia Espinoza y Margarita Zavala, ésta última secretaria de Formación Política del CEN del PAN.

Aseveró que en la plática con los panistas, se encontró muy buena disposición para hablar ampliamente del tema del aborto, respecto de lo cual reconocieron que se ha dejado de lado pero se requiere de una amplia reflexión.

Asimismo le externaron, dijo, su indignación porque nunca fueron informados de la pretensión de los diputados panistas para derogar una parte de la Ley Penal y opinaron que fue totalmente inoportuna la medida.

En el mismo tenor, Mícher Camarena les solicitó atentamente que hicieran un llamado a los panistas de Guanajuato, incluso al gobernador del estado, para que "bajaran" el tono de las declaraciones en su contra.

Asentó que se prevén tres escenarios para seguir: uno es la Controversia Constitucional a la que tienen derecho las minorías y que con un 33 por ciento tienen derecho a tal impugnación, lo cual se cumple; otra es el veto del Ejecutivo estatal a la Ley aprobada y otra es el planteamiento de una nueva iniciativa en relación al artículo 228, que en la anterior norma refiere al aborto por violación.

A pregunta expresa, subrayó que sí hay tiempo para reformar la Ley recién aprobada, pues hoy se buscará que se incluya el tema dentro de la sesión de Régimen Interno, el miércoles en la Comisión de Justicia y el jueves tratarlo en sesión plenaria. (Rosa María Balderas)

CORREO, agosto 8 del 2000

En Guanajuato se penalizó el "aborto por violación", es decir, una mujer violada que queda embarazada por esta causa está obligada a gestar, parir y mantener al producto de esa vejación.

Esta determinación significa, en lo personal, un grave retroceso en nuestra entidad, pues pasa por encima de todo derecho esencial de la mujer y viola acuerdos internacionales: en Guanajuato las mujeres, además de violadas pueden ser encarceladas. Esto no sin antes repasar que en sí misma, una violación genera traumas y problemas con respecto a su familia, su trabajo, su pareja, su entorno social, en su integridad física, psicológica, anímica, emocional y sexual, y hasta económica.

El voto ciudadano que se les dio a los legisladores no es un cheque en blanco para que hagan todo lo que quieran, sino para que cumplan totalmente y antes que todo con el programa de trabajo que ofrecieron a la sociedad. Las amplias facultades que tienen son un foco de atención para la sociedad, quienes debemos de revisar su poder para que no se absolutice ante lo que hoy es un Poder Ejecutivo acotado, más cuando legalmente no hay a quién le rindan cuentas presupuestales y de desempeño, más que a una sociedad que desdibujan para que quede en abstracto.

Planteamiento

Hay razones sustentadas para vetar la postura: genéticas, sociales, de derechos esenciales, de inexistencia de instituciones o deficiencias en las pocas que hay.

Nadie puede ejercer un derecho por encima de los de otra persona. La mujer tiene derechos esenciales como el de ejercer libre, responsable e informadamente su sexualidad y el número de hijos e hijas que desea tener, de no ser agredida ni violentada física, verbal y psicológicamente y recibir un trato igual y equitativo como persona, independientemente de su género.

El niño o niña tiene derecho a ser un hijo deseado, sin violencia ni estigmatizaciones, feliz, con acceso a la alimentación y a la educación; la mayor parte de estas premisas no se cumplirán en descendencia de violadores y las mujeres violentadas.

Hay un origen delictuoso del embarazo; lo que equivaldría a legalizar toda acción "buena" aunque sea antecedida por un delito.

Razones genéticas, científicas: La ciencia ha demostrado a través del genoma humano que hay genes encargados de la complexión física, el color de la piel, de padecimientos congénitos, predisposición a enfermedades, y del temperamento, predisposición a la violencia o dicho en otras palabras, la formación de un delincuente potencial.

Consecuencias

Esta acción que no tiene el consenso social, pero tampoco legislativo, tendría consecuencias de alto impacto: más abortos clandestinos con mayores riesgos de muerte, que las mujeres con capacidad económica se trasladen a otra entidad para abortar, y que las niñas empiecen a tomar pastillas anticonceptivas a partir del comienzo de su menstruación para prevenir un embarazo por violación.

Deficiencias

La penalización del aborto en esta modalidad agrede más cuando se realiza en un marco jurídico-legal que no se garantiza que el culpable será castigado pero sí garantiza que la víctima lo será. Si la sociedad llegara a avalar la propuesta, para operarla todavía debería ser bajo el esquema de una reforma integral: crear instituciones de apoyo y atención nuevas, reformar las leyes para que la violación sea un delito grave sin derecho a fianza y que la adopción más ágil y operativa. En particular, el violador debe ser castigado con cárcel y con la obligación de mantener al niño o la niña sin derechos sobre él (por ser una persona privada de sus garantías por cuestiones obvias) y no dejar la responsabilidad sólo para la víctima.

Todo derecho conlleva una obligación, y si el estado o un poder se abroga el derecho de decidir sobre una persona, adquiere obligaciones como la de garantizar manutención, educación, atención médica, psicológica, económica y legal para el producto hasta la mayoría de edad. Si no tiene capacidad de responder a las que serían sus obligaciones, entonces ¿cómo pretende ese derecho? Debe reformase la ley para facilitar las adopciones y que sean los padres adoptivos los que, en su caso, se encarguen de la alimentación de la gestante y de los gastos del parto y puerperio.

Propuesta

En este tema hay más de una postura y más de dos propuestas de solución, por lo que lo más ético y responsable sería acudir a una consulta pública segura (tipo censal o electoral), que se anteceda por un mes de promoción por parte de los diferentes actores, con tiempos oficiales sin derecho a publicidad (para no dejar que gane la capacidad económica sobre los argumentos).

La sociedad sí somos gente madura y exigimos un trato como tal, es momento de que los temas torales y tabú que existen en nuestro país sean dilucidados ante la sociedad para llegar a consensos y no imponer juicios de valor personal como verdades universales.

CORREO, agosto 8 del 2000

Ahora resulta que los diputados panistas se consagran en propietarios de las decisiones de las mujeres de Guanajuato, mal precedente para gobernar a a México. ¿Acaso la transición la entienden como si volver a la Época Medieval significara un gran avance?

Como si no les bastara, no se conforman con ganar la presidencia de México, ni la gubernatura de Guanajuato, ahora quieren esclavizar la consciencia de las mujeres, buscan mantener un yugo machista oscurantista, que ya habíamos superado hace 71 años en la República Mexicana.

Ahora resulta que un conjunto de diputados misóginos quieren consagrarse en portadores de la verdad divina y han condenado a prisión a aquellas madres que aparte de ser violadas, buscan deshacerse de un "feto" que todavía no es un bebé.

Duda científica: no se puede enarbolar la filosofía de la iglesia católica, ya que esta institución lleva muchos siglos de retraso en cuando al conocimiento humano.

La iglesia Católica condenó a Copérnico, la Iglesia Católica afirmaba categóricamente que la tierra era plana, a Darwin hasta hace un año le reconoció su verdad científica y ahora los diputados panistas se unen a esta institución, para destruir aún más la vida de las mujeres violadas.

La maternidad no sólo es un fenómeno biológico, también incluye en forma contundente el cariño, el amor, la responsabilidad de educar a los niños, enseñar las buenas costumbres, la ética, el sentido común, el amor por la naturaleza y por nuestra patria.

¿Cómo la mujer violada puede ser verdaderamente madre, si le falta lo esencial que es el amor al hijo?

¿Cómo puede educar a un niño que le recuerda el odio y la maldad que le destruyó la vida?

Si el referente maternal es sólo de naturaleza biológica, según este principio universal de filosofía panista, estaremos ante una circunstancia que se toman decisiones universales conociendo sólo una millonésima parte de un fenómeno.

Si se sigue este principio, los panistas tomarán las decisiones económicas de la República Mexicana, sólo con el miserable referente de lo que elguna vez les ocurrió a sus empresas.

La hipocresía de los diputados panistas no tiene límites: por una parte, condenan una forma descarnada de la existencia en las madres solteras y por otra, exigen que se fomente la vía de la violación, la existencia de una gran comunidad de madres solteras, que tuvieron a sus hijos por la vía de la violencia.
Gran solución a los problemas de las mujeres violadas.

¿Cómo proteger a los hijos de las madres violadas encarcelando a sus madres?

¿Los padres violadores, qué papel juegan en la educación de sus hijos?

¿Hasta dónde se protege a la vida con albazos diputadiles, son ponerse en la vida de las mujeres violadas?

¿Por qué no consultan a las mujeres violadas de Guanajuato en lugar de convocar a los ridículos plebiscitos que pretende hacer el gobernador Ramón Martín Huerta?

¿Cómo preguntarles a todos los guanajuatenses lo que opinan que debe ser la legislación que se aplicará a las mujeres violadas, si a los diputados panistas de Guanajuato no los han violado?

Eso sí, los diputados panistas se erigen como los salvadores de la vida, sin siquiera consultar en qué momento comienza la vida humana en su sentido total.

La ignorancia sobre los principio filosóficos, éticos y fisiológicos del ser humano, los sustituyen con argumentos dignos de un ejercito de fanáticos, que en lugar de saber qué significa ser auténticamente cristianos, se consagran en verdugos de las mujeres violadas.

Quitando la mascarada hipócrita que acompaña la vida de muchos panistas, a quienes verdaderamente se perjudica son las mujeres violadas más pobres.

¿Cuántas mujeres violadas, si tienen dinero se van a abortar a cualquier estado que no sea Guanajuato?

¿Cuántas mujeres que están embarazadas, aún sin ser violadas, simplemente se van a abortar a los Estado Unidos, a Cuba o a Yucatán, sólo con el poder de su firma y sus billetes?

Por favor diputados panistas, los fantasmas de su ignorancia no traten de justificarlos rompiendo con la vida de las mujeres violadas.

Correo, agosto 9, 2000

Sí al cambio, pero sin retroceder

por luz maría rodríguez de usabiaga*

Al leer la prensa en días pasados, no podía dar crédito a la noticia que ocupaba las primeras páginas de los diarios. Además, no era yo la única sorprendida con la reforma a la penalización del aborto en el nuevo Código Penal del Estado, sino que pude constatar que abogados, periodistas, escritores y personas de diversas profesiones, manifestaban su opinión negativa a dicha reforma, donde se establece penalidad para las mujeres que abortan cuando el producto es consecuencia de una violación, castigándose hasta con varios años de prisión. Es inadmisible la reforma votada por 17 diputados en aras del partido que se encuentra en el poder. Ahora bien, todas las mexicanas deseamos un cambio, pero sin que ello signifique un retroceso social, moral, jurídico y cultural. La LVII Legislatura pasará a la historia como un grupo de personas que no se preocuparon por mejorar la condición jurídica de la mujer guanajuatense sino, por el contrario, hacer más penosa y grave su vida.

Los diputados, que debieran de legislar para salvaguardar los intereses de las mujeres que en un momento dado les confiaron su protección legislativa, resultaron ahora sus enemigos, por la irreflexiva, ignorante y soberbia decisión de penalizar el aborto derivado de una violación, que con no poca frecuencia pudiera inclusive ser incestuosa, y que no solamente puede dañar a la mujer, menor o mayor de edad, sino terminar por desintegrar a la familia.

Los señores diputados panistas, tomaron en cuenta la esperanza de vida de un embrión, y dejaron a un lado la realidad de la vida de una mujer violada bajo las circunstancias que se dieran. Los señores diputados Ricardo Torres Origel, Miguel Cortés Lara, Susana de Barrera, y seguramente todos sus compañeros de bancada, asumen el papel de moralistas públicos, si por moral pública se entiende la de la clase dirigente que en no pocos casos predica una cosa y hace otra. Si para la señora Barrera es doloroso un aborto, a la ligera manifiesta que las madres que tengan un hijo producto de una violación, lo regalen, palabras que además de ser huecas, estúpidas e ilógicas provocarían más dolor en esa madre, que se tiene que desprender de un hijo nacido regalándolo como si fuera un mueble. Seguramente necesitan ellos tener a una hija, o a una hermana violadas para entender la amargura que sufren las mujeres. Tal vez entonces fueran más humanos y sensibles, pues su actual postura no responde al contexto de nuestra realidad, sino a la élite de diputados que imponen supercherías partidistas. Para ellos, la persona y la familia son simples instrumentos al servicio de una ideología totalitaria, y por fanatismo religioso, sin la preparación jurídica adecuada, votan una reforma que daña más a las mujeres, de acuerdo a la tesis del peligro de la vida y salud mental de la madre.

Me pregunto cuántos de nuestros legisladores podrían acreditar conocimientos siquiátricos, sicológicos, jurídicos, o de estudios en otras áreas, para decidir sobre la vida de las mujeres. En cambio una mujer violada puede perfectamente decidir qué es más conveniente para ella, si continuar con el embarazo o interrumpirlo. Nuevamente me cuestiono si algunos de esos diputados panistas pudieran acreditar cuando menos la preparatoria, para legislar en la forma hipócrita que lo hicieron. Gente como ellos no sólo dañan su propio prestigio, sino perjudica la imagen de su partido político y hace que sus adversarios generalicen calificándolos de "mochos".

Por si fuera poco, todavía tienen el atrevimiento de publicar a toda plana una "justificación", amañada para confundir a la población, en la cual, para inspirar conmiseración, llaman "bebé" a lo que, en un aborto reciente a la concepción, no es sino un minúsculo punto embrionario, y estigmatizan a la hipotética madre inculpándola de asesina de su propio "hijo".

Además de permanecer sin sanción el aborto derivado de violación, se debía haber legislado para una mayor aceleración en la investigación de los delitos y la rápida autorización a llevarse a efecto el aborto, es decir "solicitar pura y simplemente del Ministerio Público, sin previo proceso del presunto violador, la autorización para abortar". Los diputados panistas han sido ineptos para distinguir entre moral y derecho. Porque si en términos generales el aborto es inmoral, puede no serlo en varios casos, especialmente en los casos de violación, de estupro, de malformación clínicamente comprobada del fruto de la concepción, lo que justifica por sí sola su impunibilidad.

Al mismo tiempo felicito al grupo parlamentario que abandonó la sesión del Congreso del Estado, por negarse a firmar una reforma, plasmada de anacronismo jurídico y que no tiene justificación, ya que no se toman en cuenta los aspectos implicados en la violación, ni las consecuencias para esas mujeres, para el hijo no deseado y para la familia involucrada.

También pediremos al gobernador electo Juan Carlos Romero Hicks, que, en la conformación de su próximo gabinete o en la designación de cargos importantes, se abstenga de hacer nombramiento de cualquiera de los votantes a favor de tan nefasta reforma. Las mujeres del estado no permitiremos que esos "parlamentarios" vuelvan a participar en la vida política del Estado por indeseables, ignorantes e intolerables. Criticaron la asesoría del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, señor licenciado Miguel Valadez Reyes. Ojalá lo hubieran escuchado y permitido que los ilustrara para que les hubiera evitado cometer tamaña barbaridad.

Es un tema muy amplio y por lo mismo ya solamente me concretaré a señalar que la condición jurídica de la mujer en el estado de Guanajuato es contraria a las disposiciones constitucionales de la República, arcaica y obsoleta en relación con la de otros estados.

Han pasado diversas legislaturas que no se han preocupado por resolver el problema de la condición jurídica femenina. Por este medio aprovecho de exhortar a las diversas organizaciones para recibir su opinión, para ello les manifiesto mi domicilio en calle Héroes de Nacozari número 133, Colonia Alameda, Celaya, Gto. C.P. 38050.

E-mail usabiaga@prodigy.net.mx. Soy miembro del Colegio de Abogados de Celaya y ex presidenta del mismo. Exhorto a todos los colegios del estado a concretar una reunión urgente para tratar de evitar la descabellada Reforma del Código Penal en su Artículo 163, votada por el partido en el poder a quien dimos nuestro voto, desconociendo que actos como los de la bancada panista en esta legislatura lo pueden convertir en totalitario y absolutista.

* Profra. normalista y licenciada.