Despenalización es un Tema Prioritario

Lo que ha ocurrido recientemente en tres países latinoamericanos demuestra la necesidad de trabajar urgentemente de acuerdo a las prioridades nacionales, y de construir alianzas con diversos sectores sociales que estén dispuestos a apoyar las demandas de las mujeres en torno a la despenalización.

En Baja California, MEXICO, Paulina, de 13 años, violada y embarazada por un asaltante que se introdujo en su casa, no logró que le fuera practicado un aborto legal al que sí tenía derecho, según el artículo 136 del Código Penal del Estado. Este instrumento establece que una mujer que haya sufrido una violación quedando luego embarazada, puede inhibir su gestación dentro de los primeros 90 días, si denuncia el caso. Tomando en cuenta que la madre de la menor se desistió finalmente de pedir la interrupción del embarazo, atemorizada por dudosos mensajes provenientes de funcionarios públicos, Paulina debió seguir adelante con el embarazo y dio a luz. Ante esto, las organizaciones de mujeres, con el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana, exigieron que el Estado de Baja California otorgue una reparación por el grave daño moral sufrido, que se establezca un fideicomiso para sustentar sus gastos y los de su hijo, y se determine responsabilidad penal y/o administrativa a varias autoridades, entre ellas al Procurador General de Justicia del Estado y al Director del Hospital General de Mexicali.

Pero hasta hoy el caso sigue sin resolverse, ya que aun no se aprueba la Recomendación 2/2000 que establece el fideicomiso, ni se ha resuelto sobre las acusaciones presentada contra las autoridades administrativas. Por el contrario, el gobierno de Baja California está llevando a cabo un proyecto educativo impulsando una campaña "en favor de la vida y en contra de la "cultura de la muerte", y donde pretende que el profesorado se comprometa a transmitir este tipo de mensajes.

Y también en México, la aprobación de una reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para incluir la penalización del aborto en todos los casos, incluso por violación, provocó un fuerte rechazo entre las y los defensores de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo considerando el contexto actual del país donde a diario se producen numerosos ataques sexuales contra mujeres y niñas y sus agresores quedan frecuentemente libres de todo castigo. No obstante, como respuesta a las presiones desde distintos sectores de la sociedad civil mexicana y desde organizaciones a nivel internacional, finalmente el gobernador del Estado, Ramón Martín Huerta, vetó dichas reformas.

Por su parte, Rosario Robles, jefa del gobierno del Distrito Federal, presentó una propuesta de reformas al Código Penal del D.F. para que se permita el aborto impune cuando peligre la salud de la madre y por graves malformaciones congénitas, medida que fue calurosamente aplaudida por el movimiento de mujeres mexicanas. Y en el estado de Morelos fue aprobada una reforma del Código Penal y de Procedimientos Penales que amplía las excepciones de aborto impune. Es decir, el aborto estaría legalmente autorizado en esta entidad estatal en caso de violación (existiendo denuncia previa y una solicitud expresada libremente por la afectada); peligro para la vida de la mujer; cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial no consentida, y por alteraciones genéticas con alto índice de letalidad.

Por otra parte, en BOLIVIA, diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área de la salud de la mujer manifestaron públicamente su rechazo respecto de la Enmienda Tiahrt de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por su sigla en inglés). En abril pasado, la USAID condicionó su financiamiento a ONG, compañías privadas y organizaciones multilaterales que trabajan en planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos, a que certifiquen que no participarán en actividades relativas al aborto hasta el año 2001. Además prohibe que "participen en actividades o acciones para cambiar las leyes o políticas de gobierno respecto a las circunstancias en que el aborto es permitido, reglamentado o prohibido", lo que es una amenaza directa a los grupos que en dicho país participan de la campaña del 28 de septiembre. Fue justamente una organización boliviana -CIDEM- la que coordinó regionalmente hasta el año pasado esa campaña.

Por lo tanto, el Comité Nacional Post Beijing, CISTAC, el Grupo de Trabajo en Embarazo No Deseado, la Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación, Católicas por el Derecho a Decidir, etc., denunciaron la abierta intervención del Congreso norteamericano que con esta decisión deliberadamente ignora la realidad del aborto clandestino en el país, donde mueren más de dos mujeres al día por complicaciones de intervenciones inseguras. Aunque en Bolivia el aborto es impune en casos de violación, incesto, estupro y riesgo de vida de la mujer (artículo 266 del Código Penal), esto no se cumple por la inexistencia de reglamentación al respecto, siendo este aspecto una de las líneas de acción de la campaña del 28 de Septiembre en Bolivia, es decir, el impulso de un Proyecto de Ley por la Reglamentación del Aborto Impune en el Parlamento Nacional.

Por otra parte, en NICARAGUA se está desarrollando una fuerte campaña desde distintos sectores y desde el mismo gobierno con el fin de retirar la personería jurídica e incluso intervenir en las instalaciones de Servicios Integrales para la Mujer, SI Mujer, que opera en Managua como un centro alternativo de salud prestando servicios a mujeres y adolescentes, en especial de sectores populares. Esta intención ha sido formulada a través del canal estatal de televisión y en la voz de diputados que han intervenido en la Asamblea Nacional, donde más allá de exigir el cierre de SI Mujer, se acusó falsamente a los centros de mujeres como "responsables de 36 mil abortos en el país, por los que han recibido jugosas ganancias", pidiendo al mismo tiempo prisión para algunas de sus integrantes bajo el cargo de "asesinato". El motivo de esta medida persecutoria, según han señalado Ana María Pizarro e Ivania Flores, Directora y Subdirectora de SI Mujer, se explica por el compromiso demostrado por esta organización con la mantención del aborto terapéutico en el nuevo Código Penal del país, que fue establecido hace 129 años en la legislación nicaragüense, permitiendo salvar muchas vidas de mujeres. De allí que SI Mujer ha hecho un llamado a las redes internacionales y a las organizaciones de mujeres de todo el mundo para que rechacen vigorosamente la posibilidad de retiro de la personería jurídica de este centro alternativo y de cualquier otro que esté amenazado por dicha causa.

Para enviar adhesiones y solidaridad a las organizaciones bolivianas afectadas por la exigencia de la USAID, comunicarse con: CISTAC, cistac@mail.megalink.com,br> Para enviar adhesiones a las compañeras de SI Mujer, dirigirse a: direccion@simujer.org.ni

Cartas de apoyo para el caso de Paulina, en Baja California, México, deben enviarse al Grupo Feminista Alaide Foppa, organización que ha liderado su defensa: alaide@cetys.com.mx

Seis mil mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos en América Latina y el Caribe.

La cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de cuatro millones.

Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una cada ocho muertes maternas.

Mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro.

Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Servicios de aborto seguro podrían prevenir entre el 20 y el 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo.

En América Latina y el Caribe entre el 10 y el 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto.

- Sonia del Valle, CIMAC, Septiembre 1999

**Cifras proporcionadas por el Instituto Alan Guttmacher; Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida.

La región de América Latina y el Caribe es la más restrictiva con relación al aborto. Sin embargo, proporcionalmente, es la que práctica el mayor número de procedimientos y en la que se producen más muertes debido a complicaciones por abortos inseguros (1998, OMS).

Se calcula que el aborto realizado clandestinamente y en condiciones inseguras es la causa de 1 de cada 3 muertes maternas en la región, y que aproximadamente hay 800.000 hospitalizaciones como consecuencia de esos procedimientos (1999, Singh y Sedgh).

Y cuando se despenaliza...

En Guyana, la legalización del aborto entró en vigor a 1995. Desde ese año hasta 1997, la disminución de las hospitalizaciones por abortos provocados fue de 65% (Nunes y Delph).

En Puerto Rico y Cuba, donde está permitido por las leyes, las tasas de aborto voluntario son más bajas que en Brasil, Colombia, República Dominicana, México y Chile, con sus legislaciones restrictivas. Chile, el único de estos países que no admite el aborto en ninguna circunstancia, es justamente el país con la mayor tasa de abortos (Yamila AzizeVargas y Luis A. Avilés).

- Del Folleto de la Campaña 28 de Septiembre

"Que ya nunca ninguna mujer se haga un aborto. Mientras llegue ese día, porque para que se acaben los abortos se tienen que acabar las violaciones, se tiene que acabar la ignorancia, ya no tienen que fallar los métodos anticonceptivos, a lo mejor en un siglo lo conseguimos, 50 años, pero mientras llega eso, que sean las propias mujeres con sus compañeros, cuando hay compañero junto, las que tomen las decisiones en materia de sexualidad y reproducción."

Marta Lamas

Sociologa