La crisis en la Argentina, explicada paso a paso
Mempo Giardinelli
Las imágenes recorrieron el mundo poco antes de la última
Navidad: los argentinos salieron a las calles enfurecidos, golpearon cacerolas
y gritaron y enfrentaron a la policía en abierto desafío
al estado de sitio decretado por el presidente Fernando de la Rúa.
Durante dos noches ocuparon todos los espacios públicos y, a un
costo de más de 30 muertos, consiguieron la renuncia del odiado
ministro de Economía Domingo Cavallo y, enseguida, la caída
de todo el gobierno.
Fueron imágenes impresionantes, que se repitieron durante las
dos siguientes semanas mientras se forzaban cambios de gobierno, uno tras
otro, y este país sudamericano tenía 5 presidentes en 12
días. Decenas de miles de hombres y mujeres, la mayoría de
clase media, con su novedosa protesta aún ahora en el inicio de
2002 siguen siendo los verdaderos protagonistas de la situación.
No es difícil explicar semejante fenómeno sociológico.
Este país de 37 millones de habitantes, rico hasta la exageración
y potencialmente una fabulosa reserva natural mundial, vive desde hace
cuatro años una impresionante depresión económica,
con un desempleo récord superior al 20 por ciento, y un desastre
industrial y financiero sin precedentes. Estadísticas oficiales
revelan que hay 14 millones de pobres en la Argentina (casi el 40 por ciento
de la población), la mayoría provenientes de una clase media
que fue el orgullo de este país pero que se desmoronó durante
los 90 hasta sumirse en un estado de absurda miseria. La mitad de ellos
sobrevive en condiciones de indigencia, con ingresos menores que 60 dólares
por mes. Y la hasta hace pocos años emergente industria argentina
hoy está completamente paralizada.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué la Argentina,
que hacia 1910 era una de las siete economías más sólidas
del mundo, se vino abajo? ¿Cómo un país que se mantuvo
neutral en las dos guerras mundiales del siglo veinte y en 1945 tenía
extraordinarias reservas en oro y divisas, llegó a esta situación?
La respuesta es mucho más compleja, pero seguramente hay una responsabilidad
fundamental: la inestabilidad institucional (entre 1930 y 1983 la Argentina
fue gobernada por el militarismo, con pocas excepciones democráticas).
Esto debilitó no sólo la democracia sino también todos
los sistemas de control político, económico y jurídico.
El principio del fin fue el golpe de Estado de 1976, cuando los militares
asaltaron el poder por última vez. El régimen criminal encabezado
por el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Eduardo Massera
no sólo provocó un verdadero genocidio (30 mil desaparecidos
y más de un millón de exiliados) sino que comenzó
el actual sistema de corrupción bancaria e industrial.
Pero a partir de la recuperación de la democracia, en diciembre
de 1983, no se produjo el esperado cambio. Al contrario, los sucesivos
presidentes constitucionales -Raúl Alfonsín, Carlos Menem
y Fernando de la Rúa- y en particular todos los ministros de Economía
que ellos nombraron, sin excepción alguna respondieron primero y
principalmente al interés de los acreedores, el Fondo Monetario
Internacional y la banca global y nunca, en ningún caso, al verdadero
interés nacional. Y esto es lo que tiene más indignada a
la población en estos días: la furia contra los dictadores
se convirtió ahora en furia por la traición de los demócratas.
Todo estalló a mediados de diciembre pasado, cuando el ahora
ex ministro Cavallo tomó varias decisiones: a) decidió que
en lugar de declarar el default para negociar la cesación de pagos
con los acreedores externos iba a aplicar un nuevo plan de ajuste interno
(hubo 11 ajustes sólo en 2001 y éste se veía como
el más duro); b) decidió que la deuda externa privada (de
las grandes empresas extranjeras con subsidiarias en el país) pasaba
a convertirse en deuda pública, con lo cual a los 91 mil millones
de dólares quedebían los argentinos se les sumaron 67 mil
millones más (y así la deuda externa total es hoy de casi
160 mil millones); y c) decidió que nadie puede disponer libremente
del dinero que tiene depositado en los bancos.
Esta última medida se tomó el 18 de diciembre, cuando
el sistema bancario argentino, compuesto de unos 30 bancos en su mayoría
extranjeros, cerró sus puertas luego de que se sacaron del país
las fabulosas ganancias acumuladas durante los últimos 12 años
(en 2001 se fugaron del país 26 mil millones de dólares)
e incluso se vaciaron las reservas del Banco Central (donde quedaron apenas
3 mil 100 millones). La población contempló, horrorizada,
cómo mientras eso sucedía Cavallo decretaba que los pequeños
clientes (13.5 millones de argentinos que son titulares de depósitos,
ahorros e inversiones de menos de 50 mil dólares) no podrían
retirarlos por 90 días. La masa de dinero de esos ahorristas se
estima también en 26 mil millones de dólares. La furia estalló
cuando la ciudadanía advirtió la gigantesca estafa: menos
de 100 empresas y millonarios endeudados, con la complicidad de la banca,
se llevaban al extranjero el ahorro de millones de argentinos. Era lisa
y llanamente un robo, aprobado y protegido por el gobierno. Por eso, espontáneamente
y sin organización, la noche del 19 de diciembre todos en este país
salimos a las calles y avenidas a batir cacerolas, tocar las bocinas de
los coches, gritar y manifestar nuestra rabia exigiendo que renunciaran
Cavallo primero, y el presidente De la Rúa después.
En Europa y Norteamérica puede resultar extraño que se
hable de "bancoterrorismo", pero eso fue lo que irritó sobremanera
a las clases medias y medias altas, que son mayoritariamente las titulares
de esos depósitos. Además, el "terrorismo bancario" se explica
recordando que lo que deben al sistema bancario argentino los 87 principales
deudores suma un total de, precisamente, 26 mil millones de dólares.
O sea la misma cantidad que se fugó del país durante 2001
y la misma que constituye la masa del ahorro nacional. ¿Quiénes
son los que fugaron ese dinero?Las mayores empresas nacionales y extranjeras
y, sobre todo, las que surgieron de las privatizaciones de la década
pasada, cuando prácticamente todo el patrimonio estatal fue liquidado
a precio vil y mediante contratos leoninos en contra de los intereses nacionales.
Y muchas de las cuales pertenecen a bancos extranjeros.
Lo que siguió fue un agravamiento político de la situación.
Porque la pregunta: ¿quiénes son los responsables del desastre?
tiene una única respuesta: sin dudas las clases dirigentes argentinas,
que permitieron el descontrol y alentaron los abusos de bancos, empresas
y acreedores, a todos los cuales protegieron como nadie jamás ha
hecho, creo, en toda la historia del capitalismo. La clase dirigente argentina
acumula hoy un porcentaje altísimo del Producto Bruto Interno, que
fue hasta ahora de casi 9 mil dólares per cápita anuales.
Cifra que parece elevada, pero que se relativiza con los datos del absurdo
reparto interno: menos del 10% de la población acumula el 80 por
ciento de la riqueza nacional.
Por eso, cuando en el mundo nos preguntan cómo llegó
la clase media argentina a tomar conciencia política, mi respuesta
es que quizá nunca llegó sino que fue empujada por la desesperación
que le produjo la prohibición de disponer del dinero que cada uno
tenía en los bancos. Sin dudas, ésa fue la gota que colmó
el vaso y la paciencia de la gente, cuya furia hoy alcanza no sólo
a la dirigencia política sino también a la sindical y empresarial,
y a los comerciantes, industriales, profesionales, exportadores e importadores.
E incluso a la eclesial que fue tan amiga de los dictadores. Todos tienen
cuotas de responsabilidad en el desastre.
Y hay que recordar en este punto que la destrucción del Estado
argentino parió una clase de nuevos ricos que hoy son terratenientes,
ganaderos, dueños de caballos de carrera y frívolos personajes
que han sacado gigantescas sumas de dinero del país (se calcula
que hay unos 150 mil millones de dólares en el extranjero, o sea
más o menos el total de la deuda externa argentina).Primero al amparo
de la dictadura, y luego protegidos por mafiosas interpretaciones constitucionales
de la Corte Suprema, ellos son, de hecho, los únicos beneficiados
del perverso modelo económico que se viene aplicando en la Argentina
desde hace un cuarto de siglo. Por supuesto, son gente que tiene nombres
y apellidos que todos conocemos en este país y sabemos que siguen
haciendo negocios fabulosos a costa del Estado. También contra ellos
se levantó la ciudadanía. E incluso la furia de los argentinos
tiene que ver -y me parece importante reconocerlo- con las propias malas
decisiones que como pueblo ha tomado. Porque esta sociedad votó
reiteradamente, por lo menos durante los últimos 15 años,
propuestas políticas que solamente podían conducirla al abismo
en que hoy se encuentra. Lo que algunos llamamos "voto suicida" y que el
líder opositor brasileño Lula da Silva ha definido, con acierto,
como la tragedia de los pueblos ignorantes que "votan a sus verdugos".
Todo esto, además, permite explicar por qué las protestas
continuaron y aún hoy la desconfianza popular es tan grande. Porque
tras la renuncia del presidente De la Rúa la Asamblea Legislativa
designó a un político del establishment peronista sin prestigio
y sospechoso de corrupción, quien decretó medidas populistas
incumplibles y no respondió a las demandas de la población.
Entonces las clases medias, ya entrenadas y autoconscientes de su poder,
hartas de las disputas internas de peronistas y radicales (los dos partidos
que cogobiernan la Argentina junto con los militares desde hace medio siglo)
volvieron a batir cacerolas en el fin de año y tumbaron también
a Adolfo Rodríguez Sáa, presidente por sólo siete
días que debió renunciar al perder el apoyo de su propio
partido.
Una nueva Asamblea Legislativa se reunió el primero de enero
para consagrar presidente a Eduardo Duhalde, un político conservador
del establishment peronista que fue vicepresidente con Carlos Menem y cuyo
discurso populista dice que va a cambiar lo que muy pocos creen que vaya
a cambiar realmente. De hecho, los dos partidos tradicionalmente rivales
ahorase han fusionado en una especie de alianza conservadora que ellos
llaman "de salvación nacional" pero que está bajo la mira
de la ciudadanía, que aprendió a estar alerta y sospecha
(y bien que hace) de todos los dirigentes.
Ahora le toca a este país reorganizar su futuro, pero la solución
a la crisis no está a la vista ni es sencilla. Tendrán que
producirse grandes cambios en el campo político y económico.
Y en primer lugar, habrá que definir quién paga los platos
rotos. Si el gobierno no exige a los bancos que respondan trayendo nuevamente
los dineros que hoy tienen en el exterior y que es de sus clientes (que
todavía tienen sus depósitos confiscados) e intenta nuevamente
transferir el peso de los ajustes a la población, los cacerolazos
y el descontrol popular van a repetirse. Y si en cambio el gobierno se
decide a impulsar una distribución más democrática
de los recursos financieros, afectando a los bancos y empresas que fugaron
capitales, tendrá que soportar las enormes presiones de gobiernos
y empresas extranjeras, como ya está sucediendo (junto con la devaluación
del peso dispuesta el 6 de enero por Ley del Congreso empezó el
desabastecimiento de algunos productos esenciales, como los medicamentos).
Desde hace tiempo sostengo que el problema de la Argentina no es la
economía, como suele proclamar la prensa mundial. El problema es
político y sobre todo es moral antes que económico. Por eso
aquí no habrá ninguna solución económico-financiera
mientras no se cambie el modo de conducción política del
Estado y se cambie la Corte Suprema de Justicia, que es la institución
republicana más desprestigiada de este país. El nuevo presidente,
Eduardo Duhalde, tiene en sus manos hacer ese cambio o frustrarlo nuevamente.
Y de paso le tocará decidir quién paga la fiesta que fue
este país durante el gobierno que encabezaron Carlos Menem y él
mismo en los 90. De esas decisiones dependerán no sólo que
haya o no futuros cacerolazos, sino también la supervivencia misma
de la democracia argentina.
Se trata, como se ve, de un dilema netamente político. Sostener
lo contrario es parte del discurso neoliberal, que todo lo reduce a variables
macroeconómicas sin tener en cuenta a las personas de carne y hueso,
y así ha impuesto en muchas sociedades periféricas la ilusión
del discurso globalizador. Que seguramente es beneficioso para sociedades
avanzadas como la estadounidense o las europeas, pero que es letal en países
de estructuras sociales débiles. Donde los tejidos de la solidaridad
deben ser protegidos en todas sus etapas y donde la salud, la educación,
la vivienda y las fuentes de trabajo deben ser cuidadas como si fuesen
de oro. Y no como sucedió en la Argentina, donde fueron literalmente
arrasadas mediante la mentira y la corrupción.
Si desde el final de la Guerra Fría se convenció al mundo
de que no hay alternativas ni propuestas que disputen el terreno al discurso
globalizador y neoliberal, en la Argentina esa tarea fue realizada por
un verdadero ejército ideológico. El gobierno peronista de
Carlos Menem entre 1989 y 1999, y el radical de Fernando de la Rúa
desde entonces, fueron dos versiones idénticas de un mismo sometimiento
sutilmente totalitario. Lo paradójico ahora es que los peronistas
neomenemistas que acaban de volver al gobierno hace una semana son exactamente
lo mismo.
Podríamos ironizar diciendo que una vez más le toca a
la Argentina ser pionera en algo desdichado: quizá este país
sea el primer testimonio cierto y profundo del agotamiento del capitalismo
neoliberal. Sólo podría superarnos, si finalmente la inventan,
la feroz guerra entre India y Pakistán, donde viven más de
mil 200 millones de personas, o sea la quinta parte de los habitantes del
planeta. Quizá hoy el mundo mira a la Argentina porque somos, inesperadamente,
el país donde todas las clases sociales salen a repudiar el modelo
ultraliberal. Quizá. Por eso la televisión lleva nuestras
imágenes, como para que el mundo se mire por un instante en un espejo
indeseado.
No está mal, quizá eso sirva para que los hacedores y
beneficiarios del modelo descubran que en la Argentina se está viendo
el peor efecto de la globalización: que la gente no sólo
está harta de la injusticia sino que hay algo peor: está
quebrada económicamente y entonces no consume. Y ya se sabe que
los desocupados son no consumidores, por definición. Nada le duele
al capitalismo más que eso.
El Chaco (Argentina), 8 de enero de 2002.