AMIA:
el trauma de la impunidad
Se
cumplieron ayer 11 años del brutal atentado contra la AMIA.
Once años de dolor, de vergüenza y de impunidad para
los autores materiales e intelectuales del crimen que dejó
sin vida a 85 personas y para quienes desde el poder político
ayudaron a encubrir la actuación irregular de la Justicia.
Tales
sentimientos quedaron de manifiesto ayer durante el acto central
realizado en la sede de la mutual israelita, en el cual se recordó
a las víctimas del atentado y, por enésima vez, se
reclamó justicia.
Muchos
son los motivos de la vergüenza que nos causa la conmemoración
de un nuevo aniversario de este trágico suceso. No sólo
la Justicia tiene hoy las manos vacías pese al hambre de
verdad que padece la sociedad. Más allá de ese triste
dato de la realidad, nos encontramos ante un caso en el que han
aparecido señales reveladoras de que en altos niveles de
la conducción del Estado, durante los años 90, se
habrían ejecutado maniobras dirigidas a ocultar lo sucedido
y a desviar el curso de la investigación.
Como
lo hemos reflejado en anteriores editoriales, demasiados son los
cuestionamientos que se le pueden hacer a la actuación judicial
en la investigación del más grave atentado terrorista
que sufrió la Argentina. La falsedad del acta en la que se
dijo haber hallado el motor de la camioneta usada como coche bomba;
los enormes errores y demoras en el seguimiento de las pistas siria
e iraní; la decisión de borrar grabaciones importantes
para el expediente; el cuestionable pago realizado a Carlos Telleldín,
y la desaparición de numerosas pruebas vitales para la causa
fueron sólo algunas de las irregularidades que sumergieron
en un mar de dudas la seriedad de la investigación.
El
cuestionado fallo del Tribunal Oral N° 3, que absolvió
a los cinco principales acusados de integrar la conexión
local en el ataque al edificio de la AMIA, señaló
que la causa pareció haberse construido "pretendiendo
atender las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que
satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos".
La
pobreza de la investigación del atentado contra la AMIA queda
aún más en evidencia cuando se advierte que en países
que recientemente sufrieron ataques similares, como España
o Gran Bretaña, se pudo identificar rápidamente a
los responsables.
A
partir de hoy, la Justicia tiene apenas un año para encontrar
a los culpables que no haya citado a declarar. De acuerdo con la
legislación penal vigente, cuando se cumplan 12 años
del atentado, el delito habrá prescripto, por lo cual a partir
de entonces se no podrá citar a nadie a prestar declaración
indagatoria.
Esta
cuestión fue planteada en la víspera por el presidente
de la AMIA, Luis Grynwald, y por familiares de las víctimas,
quienes pidieron la sanción de una ley de imprescriptibilidad
de actos terroristas como el cometido el 18 de julio de 1994. El
ministro Aníbal Fernández ratificó que "hay
voluntad política" para llevar adelante "una ley
que impida la prescripción" de casos judiciales sobre
atentados terroristas como los ocurridos contra la AMIA y la embajada
de Israel.
Sin
duda, una norma como la que se estudia será positiva hacia
el futuro, pero no podría tener retroactividad. La única
salida pasaría por la posibilidad de que la Justicia considere
el atentado contra la AMIA como un delito de lesa humanidad, que
sea, en consecuencia, imprescriptible.
No
obstante, parecería ésta una alternativa remota, si
se tiene en cuenta que, recientemente, la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha negado a concederle a España
la extradición del terrorista etarra Lariz Iriondo y que
dos de los miembros del alto tribunal han sostenido incluso que
los crímenes de lesa humanidad son únicamente aquellos
cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción
gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio
análogo al estatal sobre un territorio determinado.
Si
prevaleciese este criterio, quedaría claro que así
como muchos de los integrantes de grupos guerrilleros que durante
los años 70 sembraron el terror y cometieron innumerables
atentados contra la población civil y militar hoy pueden
circular por el país impunemente, dentro de un año
podría ocurrir lo mismo con los autores del ataque a la AMIA,
a menos que sean citados a prestar declaración indagatoria
antes de que se cumpla ese plazo.
Editorial
del diario La Nacion, Martes 19 de julio de 2005
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