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Por
orden del juez Galeano AMIA: piden la captura de funcionarios iraníes
Dos fueron ministros, y otro, diplomático en Buenos Aires
Para
la Justicia no quedan dudas: los autores del atentado terrorista contra
la mutual judía AMIA fueron elementos radicalizados de la
República de Irán. Por eso, ayer, el juez federal
Juan José Galeano, en la resolución más trascendental
de la investigación desde hace por lo menos dos años, pidió
la captura internacional de cuatro iraníes, entre ellos dos ex
ministros y un diplomático.
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La orden de detención abarca al ex ministro de Inteligencia y Seguridad
de Irán en 1994 Alí Fallahijan; al ex agregado cultural
de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani; al diplomático
iraní Ali Balesh Abadi y a Ali Akbar Parvaresh, quien ya tenía
pedido de captura internacional desde el 9 de agosto de 1994.
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La resolución de 500 carillas, a la que accedió LA NACION,
describe en 25 capítulos por qué el 18 de julio de 1994
la Argentina fue seleccionada para extender el campo de batalla del conflicto
de Medio Oriente, por qué se eligió como objetivo el edificio
de la calle Pasteur 666 y por qué el juez cree que algunos funcionarios
iraníes de entonces planearon el ataque ejecutado por un comando
suicida, que provocó 85 muertos.
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Los fiscales de la causa, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto
Nisman, sobre la base de un informe de inteligencia de la SIDE, habían
pedido la detención de 17 iraníes a los que responsabilizaron
por el ataque, pero el juez entendió que no había suficientes
pruebas para procesarlos en caso de que fueran detenidos, por lo que libró
exhortos a Estados Unidos y el Líbano pidiendo datos adicionales
para pedir sus capturas.
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Lo curioso es que el juez entendió que no fue el Hezbollah como
partido político el que planificó el ataque con apoyo del
gobierno de Irán. Para el juez sólo fueron declamaciones
sus amenazas de extender la guerra, pero no hay prueba para responsabilizarlo.
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No obstante, dijo que el ataque tuvo lugar gracias a una red de
inteligencia articulada por elementos radicalizados del régimen
imperante en la República Islámica de Irán aquí
asentados.
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Fuentes del Gobierno y de la fiscalía se quejaron anoche a LA NACION
por los alcances de la resolución, que consideraron limitados.
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El fallo fue fechado el 5 de marzo, pero se conoció ayer para gestionar
las capturas y darle tiempo al Gobierno a proteger a sus diplomáticos
y embajadas en el extranjero.
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Para el juez, la red de inteligencia que se instaló en el país
estaba conformada por integrantes de los siguientes organismos oficiales
del régimen iraní: Ministerio de Información (Vevak
-Vezarat-e Ettalaat Va Nniyat-e Kashvar-; MOIS), Cuerpo de Guardias de
la Revolución (Pasdaran), Ministerio de Cultura y Guianza Islámica,
la Organización de Cultura y Propaganda Islámica, el Ministerio
de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Comercio -representado por la
empresa Government Trading Corporation (GTC) en pleno vínculo con
la Oficina de la Jihad Zasandeghi (Ministerio de la Reconstrucción
o Cruzada de la Construcción). Todos tenían cobertura de
empresarios, diplomáticos, estudiantes crónicos o desocupados
y respondían al ministro Alí Fallahija.
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El juez destacó que la organización AnsarAllah, que se adjudicó
el atentado en 1994, es un nombre de fantasía, bajo el cual se
escudó un grupo terrorista integrista islámico, presuntamente
vinculado con el Hezbollah libanés y estrechamente ligado a elementos
radicalizados insertos en el aparato gubernamental iraní.
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Más poder que el embajador
Mohsen Rabbani, como agregado cultural de la embajada, según el
juez tenía más poder que el propio embajador y su posición
le permitió ser organizador del ataque con auxilio de la embajada,
que le brindó apoyo material, económico y personal.
El juez probó que buscó comprar una camioneta como la usada
en el ataque, planificó el atentado en agosto de 1993 desde Irán,
luego fue nombrado en Buenos Aires con inmunidad diplomática, lo
que impedía que fuera arrestado.
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Para el juez, se apoyó en una estructura de inteligencia compuesta
por otros cuatro diplomáticos. Además evaluó que
en junio y julio de 1994, antes del ataque, entraron y salieron del país
dos grupos de media docena de correos diplomáticos iraníes:
unos con la intención de supervisar la marcha del operativo y los
otros para mantener contacto con el grupo de ataque, incluido
el comando suicida. Coincidentemente, el 18 de julio de 1994, el embajador
iraní Hadi Soleimanpur no estaba en el país. Ali Balesh
Abadi era uno de estos correos diplomáticos y señalado por
testigos como ligado al ataque.
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Con respecto a Parvaresh, representante del parlamento islámico
de Irán, la Corte desestimó en1994 su pedido de detención,
pero Galeano lo reavivó al entender que viajó a Buenos Aires
en noviembre de 1993 para preparar el terreno del atentado.
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Además de las razones internacionales, el juez analizó los
cambios en la política exterior argentina a comienzos de 1990 y
entendió que el alineamiento con los Estados Unidos y la modificación
de actitudes hacia Israel pueden ser origen de que nuestro país
haya sido elegido como blanco. Además mencionó que la suspensión
de los contratos de transferencia de tecnología nuclear con Irán
puede ser una razón que llevó al ataque.
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Finalmente, el juez entendió que se eligió el edificio de
la AMIA-DAIA por las actividades en favor de la comunidad judía
que se realizan desde allí, su importancia institucional y la ubicación
céntrica del inmueble.
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Por Hernán Cappiello, Sábado 8 de Marzo de
2003
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