|
LA
VOLADURA DE LA MUTUAL JUDIA
AMIA:
pruebas perdidas, firmas falsas y dudas sobre la investigación
Esta
semana declaran los empleados del juzgado de Galeano, cuestionado por
la investigación del atentado. En esa investigacón pasó
de todo: desde casetes que se perdieron hasta firmas falsas en las pericias.
El juicio por la voladura de la AMIA cobró un sorpresivo vigor
la última semana y todo hace prever que esa intensidad se mantendrá en
los días por venir, si se tiene en cuenta que desde el martes a las nueve
y media de la mañana empezarán a declarar los empleados y funcionarios
del juzgado federal de Juan José Galeano, el juez que investigó el atentado
de julio de 1994 y que está cuestionado por esa investigación.
El propio Galeano le dio a la causa AMIA otro inesperado brío que desató
una crisis diplomática con Irán. El pasado viernes 7 el juez ordenó la
captura internacional de cuatro ex funcionarios de ese país a los que
considera responsables del atentado. Irán tensó la cuerda y llamó a Teherán
al encargado de negocios en Buenos Aires, lo que puso las relaciones entre
los dos países al borde de la ruptura. La Cancillería intentó tomar con
calma la crisis diplomática, pero desde la SIDE, su titular, Miguel Angel
Toma, criticó a la diplomacia iraní a la que prácticamente acusó de no
querer colaborar con la investigación. El fallo de Galeano se basa en
un informe de la SIDE presentado a mediados de enero, que acusa al gobierno
de Irán y al Hezbollah (o Partido de Dios) del Líbano por el atentado
que dejó 85 muertos. Sin embargo, Galeano se cuidó de acusar a Irán y
sólo responsabilizó por el atentado a "elementos radicalizados de la República
Islámica de Irán".
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 3 siguió con su audiencia en la
que juzga a los policías bonaerenses acusados de partícipes necesarios
en el atentado. Y tuvo una semana agitada: cuatro testigos quedaron presos
—luego liberados— y procesados por falso testimonio, entre
ellos la ex titular del PAMI, Matilde Menéndez, y el ex jefe de la Unidad
AMIA de la Policía de Buenos Aires, comisario Luis Vicat. Los jueces Gerardo
Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo enfrentan también la resistencia
de la SIDE a que varios de sus agentes declaren en el juicio: el procurador
del Tesoro, Rubén Citara, recurrió a la Cámara de Casación y a la Corte
Suprema para que reviertan la decisión de los jueces de llamarlos a declarar.
El Tribunal, al igual que los defensores de los policías y la querella
de Memoria Activa pugnan porque los agentes de la SIDE sí declaren. Hay
muchas preguntas para hacer. Entre ellas, como adelantó este diario, cómo
es que la SIDE intervino los teléfonos del acusado Carlos Telleldín antes
de que su nombre surgiera en la causa a partir del hallazgo del motor
en los escombros de la AMIA. Otras preguntas a responder están referidas
a la pérdida de 68 casetes con conversaciones telefónicas varias, entre
ellas las que Telleldín mantuvo desde Misiones, con agentes de la SIDE
y del servicio secreto isrealí con quienes negoció su entrega nueve días
después del estallido de la AMIA.
Esos casetes, vitales para la causa, ya habían desaparecido una vez. Pero
ahora se sabe que desaparecieron dos veces. En su momento, el juez Galeano
ordenó que esos casetes fueran desgrabados. La tarea quedó a cargo de
la entonces División Protección al Orden Constitucional (POC) de la Policía
Federal. Pero la SIDE también hizo su desgrabación. Galeano recibió dos
textos distintos de las mismas escuchas. El juez entonces hizo lo lógico:
pidió los casetes a la Federal. Ya no estaban: se habían perdido.
Por esa pérdida fue procesado el entonces titular del POC, comisario inspector
Carlos Castañeda, acusado de perder un material invalorable en la causa
que investiga el mayor atentado terrorista de la Argentina. Los abogados
de la AMIA, Juan José Avila, Carolina Fernández Blanco y Miguel Bronfman,
dicen en el pedido de elevación a juicio oral del proceso a Castañeda
que nadie como él y su gente "conocía el contenido de esas cintas.
Y sin embargo, así y todo, o mejor dicho, justamente por eso mismo, hoy
esas cintas no están".
Castañeda también tiene otro proceso pendiente por extraviar disquetes,
rollos fotográficos sin revelar y videos secuestrados nada menos que de
la casa de Carlos Telleldín diez días después del atentado.
Pero los mismos 68 casetes que perdió la Policía Federal, se perdieron
en la SIDE. No es que se hayan extraviado, sino que fueron reciclados
para usarlos en otras escuchas. Esto se desprende de una nota que en noviembre
de 1997 le dirigió a Galeano el subsecretario de Inteligencia del Estado,
Jorge Igounet, el número dos del entonces titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy
(ver facsímil). Igounet y Anzorreguy son dos de los miembros de la SIDE
a quienes quieren interrogar Larrambebere, Pons y Gordo. Es probable que
los jueces quieran intentar comprender cómo es que de dos dependencias
del Estado tan diferentes se perdieron para siempre los mismos 68 casetes
vitales en una causa de la magnitud de la de la AMIA.
De esos "descuidos" la causa conoce muchos. Uno de los últimos se conoció
en plena audiencia, hace ya unos meses. Uno de los oficiales del cuerpo
de bomberos que firmó las pericias que determinaron la existencia de nitrato,
nitrito y amonio en los restos del vehículo hallado entre los escombros
de la AMIA, dijo que seis de las firmas que figuraban en esas pericias
no eran "sus" firmas, que eran falsas.
"Indíquenos concretamente —quiso saber el presidente del
Tribunal— por qué tienen un sello aclaratorio, como si fuesen
suyas...". El experto, subinspector Marcelo Leguizamón, en 1994 en
la División Experimentación y Adiestramiento de la Superintendencia de
Bomberos, explicó: "No es muy parecida (las firmas) a la
que yo, generalmente, suelo hacer. Uno más o menos se conoce un poco la
letra, ¿no?".
El Tribunal envió las firmas a un peritaje. El informe firmado por el
calígrafo oficial José Antonio Sarni llegó a las manos del juez Pons.
Decía: "En síntesis, el análisis íntimo desarrollado sobre las firmas
dubitadas motivo de pericia evidenció que éstas son producto de una
tarea imitativa, delineadas con lentitud de desplazamiento para obtener
un modelo parecido a lo genuino (...) Las firmas que lucen en las fojas
47 a 52, sobre el sello aclaratorio que reza 'Subinspector Marcelo N.
Leguizamón' NO CORRESPONDEN al puño escritor del nombrado".
Contra todo lo que pueda pensarse, no hubo escándalo alguno alrededor
de estas firmas falsificadas. Por cierto, los abogados de la defensa de
los policías acusados no dejan de decir: "La causa es un mamarracho, irregularidades
como éstas y más graves todavía sobran en los más de quinientos cuerpos
de la investigación".
Pero los abogados de las querellas son más piadosos. Uno de ellos, que
pidió reserva de su nombre, se sinceró: "Es 'normal' que se imite la firma
de un perito si es que, en el momento de estamparla, el hombre no está
disponible". La pregunta fue: ¿Es normal aun en una causa como la de la
AMIA? La respuesta del abogado dejó toda una definición en el aire: "Entiéndame,
no lo justifico. Pero esto es la Argentina. Aquí se trabaja así...".
Alberto
Amato, Domingo 16 de marzo de 2003
|
|