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Con
los elementos de juicio disponibles era inevitable
suponer, al cierre de esta edición, que el Instituto
Federal Electoral anunciaría esta mañana un resultado
de los cómputos distritales ligeramente favorable para
Felipe Calderón, candidato presidencial panista, frente
a su rival perredista, Andrés Manuel López Obrador. De
ser así, tal anuncio no sería, por desgracia, el fin
del proceso sucesorio en el que está inmerso el país
desde mediados de este sexenio, sino el comienzo de una
nueva fase de confrontación en lo político y en lo
judicial y ojalá que sólo en esos ámbitos, tan
amarga como las precedentes, o más; la necesaria
reconciliación nacional seguiría pendiente y la
consecuencia de la elección del domingo pasado quedará
en el aire, a la espera de definiciones de segunda
instancia.
Tal sería el resultado de un proceso comicial
enturbiado por la permanente intromisión del gobierno
federal; por el uso de recursos públicos a favor del
candidato oficial; por las campañas orientadas a
sembrar pánico en la ciudadanía; por la parcialidad
manifiesta de los medios informativos comerciales,
especialmente los electrónicos; por las
descalificaciones entre candidatos; por la coacción
patronal del sufragio; por las numerosas irregularidades
detectadas más las que falten durante la jornada
del domingo y en las posteriores y, sobre todo, por el
colapso en la credibilidad del organismo responsable de
arbitrar los comicios. Tras el desastre que fue el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y
su exclusión de casi 10 por ciento de los votos
hecho que se pretendió justificar a posteriori con
el argumento técnico de las "inconsistencias",
y ante la evidencia de cuentas que no cuadran, el árbitro
electoral llegó al conteo distrital de ayer con un déficit
de autoridad moral que anuló el sentido conciliatorio y
esclarecedor que debió tener el ejercicio.
Como consecuencia, las cifras de hoy, si fueran las
previsibles, carecerán de veracidad a ojos de una gran
parte del electorado y plantearán una disyuntiva
inevitable: que se acepte un recuento general de los
votos, uno por uno cosa improbable, o que los
inconformes impugnen los comicios ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la
posibilidad de que esa instancia opte por anular la
votación y se dé paso a un gobierno provisional. Tal
podría ser el indeseable resultado de la
irresponsabilidad y la miopía de la clase política en
general, y particularmente del grupo gobernante, con
todo y sus ansias de perpetuarse en el poder; tal sería
ser la consecuencia de la manifiesta incapacidad del IFE
de mantener los ánimos de las campañas en el ámbito
de la civilidad y la ley; tal sería el efecto de la
abrumadora torpeza mostrada en las horas posteriores a
los comicios por el presidente del organismo, Luis
Carlos Ugalde, y de la evidente connivencia entre éste
y el presidente Vicente Fox: hay que recordar la
concatenación de los pronunciamientos gemelos
difundidos por ambos sin el menor escrúpulo de cuidar
cuando menos las apariencias.
Lo único claro, hasta el momento, es que se ha llevado
a la sociedad a un grado de polarización indeseable, a
un desgaste que habría sido innecesario y a una
incertidumbre que no se merecía.
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Agencias de Prensa
