Proclama pública

 

La sociedad actual presenta rasgos y características distintivas que aboga por los cambios indispensables para su consecución y realización dentro del estrato socio-comunitario del cual se nutre e interactúa permanentemente. Requiriendo para ello la implementación de políticas activas que tiendan a resguardar y proteger sus derechos inalienables como así también procurar mejoras en la calidad de vida.

 

Esta misma sociedad se halla condicionada y hasta a veces soslayada y afectada sensiblemente en aspectos y circunstancias que imposibilitan y restringen sus dignidades en torno a hechos que escapan del ejercicio habitual de sus tareas cotidianas y el desarrollo constante de su personalidad por su influencia externa.

 

Si bien, el desarrollo de la personalidad es un proceso de socialización al participar de la vida en sociedad, siendo por lo tanto dinámica y cambiante al ser moldeada mediante la interacción constante con los demás; precisamente es allí en donde se asienta el poder de la clase dirigente, exigiendo una actitud altruista y de pulcritud interactiva para con su pueblo, asegurando de esta manera una correcta adaptación entre sus miembros.

 

Una comunidad sana es aquella que asegura una adecuada adaptación y equilibrio de sus integrantes, estableciendo bases firmes para la convivencia humana, entre las cuales se mencionan: Salud, alimentación, educación, trabajo, empleo, consumo, ahorro, transporte, vivienda, vestido, esparcimiento, recreo, seguridad social y libertades humanas.

 

Un pueblo asume el compromiso y la tarea de crecer cuando sus gobernantes demuestran con su ejemplo el compromiso asumido y la palabra empeñada.

 

La sociedad, por tanto, no sólo es un grupo de individuos que comparten una vida en común, sino que sus variaciones estarán condicionadas a la interacción continua con sus pares y así también con la clase dirigente. De la cual resultará su aceptación y reconocimiento y el engrandecimiento de una nación.

 

El pueblo, de esta manera, proclama su soberanía y su ejercicio consecuente por medio de sus representantes y autoridades legitimamente constituidas, quienes deberán velar por el bien común y la paz social.

 

 


 

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