La Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista, en su sesión ordinaria celebrada en Madrid el día 23 de mayo de 1963, acordó publicar el siguiente documento:

La Comunión Tradicionalista, guardadora celosa durante siglo y medio de las más puras tradiciones políticas patrias, ha venido observando con alarma, los crecientes ataques que a la Unidad Católica de España, se vienen infligiendo, por quienes han sido sus más constantes enemigos en la Historia, precisamente por su fidelidad nunca desmentida a las enseñanzas y a los intereses de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo.

La acción vigilante de los metropolitanos españoles y el mantenido criterio del Gobierno, han venido oponiendo una constante resistencia, a la sistemática ofensiva realizada, unas veces de manera larvada y otras más ostentosamente, con marcado carácter político. Pero la Comunión Tradicionalista cree, que no puede guardar por más tiempo silencio, sin incurrir en omisión culpable, para que nuestras autoridades eclesiásticas y civiles, encuentren en la postura del grupo político español más antiguo, al mismo tiempo que el primero de los que públicamente se proclaman católicos, un apoyo decidido a la defensa que vienen haciendo, de la más preclara de las herencias que de sus mayores ha recibido el pueblo español: la unidad católica.

No pretende la Comunión Tradicionalista el monopolio ni el magisterio en la defensa de la Religión católica en España. Si en un tiempo el Carlismo se encontró solo en su lucha contra los enemigos de Dios y de la Iglesia, puede ver hoy con satisfacción que su ejemplo ha fructificado, y que a su lado combaten en el campo político, otros grupos que abiertamente proclaman su fe y cuya sinceridad y méritos no regatea. La limpia historia de la Comunión Tradicionalista goza del suficiente prestigio de desinterés y de gallardía como para que pueda quedar libre de turbias suposiciones en su conducta; pero tampoco puede parecer impertinente que solamente se proclame así.

El Carlismo ha venido efectuando y quiere continuar haciéndolo, la consecratio mundi que Pío XII señalara como ideal de la acción pública de los católicos. Recoger los principios cristianos y bajo la propia responsabilidad y riesgo, aplicarlos al terreno mudable y contingente de la acción temporal; no tienen por qué implicar, ni comprometer a la Iglesia en las coyunturas de la política, que son atribución específica y libre de los católicos en cuanto ciudadanos. Al Carlismo le basta, como agrupación política de aquellos, en aceptar con humilde sumisión las enseñanzas de la Iglesia y pretender aplicarlas, lo más fielmente posible y por su propia cuenta, a las circunstancias sociológicas y políticas españolas.

La Teología católica, el Derecho Público cristiano, y las encíclicas pontificias, unánimemente enseñan que el Estado debe profesar y proteger a la Iglesia verdadera de N.S. Jesucristo, sin admitir la concurrencia de cultos extraños a esa Fe. Y esta enseñanza es de obligado acatamiento para todos los fieles. «No puede sostenerse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan el asentimiento de los fieles, porque en ellas los Romanos Pontífices no ejercen su Magisterio con su suprema potestad. Antes al contrario son enseñanzas del Magisterio ordinario de la Iglesia para el cual son aplicables también aquellas palabras: "El que a vosotros oye, a Mí me oye". Además, la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenecía de antemano a la doctrina católica». (Pío XII, Humani Generis).

Cierto es que hoy dentro de la sociedad española no se plantea el problema de la libertad de cultos, pero la cuestión de la tolerancia viene pretendida desde fuera en unos términos de amplitud en contra de cómo tradicionalmente ha sido concebida en nuestra Patria, que puede convertirse en plataforma, si no se toman medidas a tiempo, que nos arrastrará a mayores y más graves males, para la unidad moral de la sociedad civil.

León XIII advierte en su encíclica Immortale Dei: «Hay que prevenirse contra el peligro de que la honesta apariencia de esas libertades engañe a algún incauto. Piénsese en el origen de estas libertades y en las intenciones de los que las defienden».

Y sigue diciendo en la Libertas: «Pero hay que reconocer si queremos mantenernos dentro de la verdad, que cuanto mayor es el mal que a la fuerza ha de ser tolerado en un Estado, tanto mayor es la distancia que separa a este Estado del mejor régimen político. De la misma manera al ser la tolerancia del mal un postulado de prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrita a los límites requeridos por la razón de esa tolerancia, esto es, el bien público. Por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa al Estado mayores males, la consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un bien».

Estas palabras del Papa permiten ya a la Comunión Tradicionalista, como expresión en el sector político de una de las partes más numerosas y sanas del país, pronunciarse con propia autoridad en el campo que le es específico, sobre la conveniencia o inconveniencia política de una tolerancia mayor a favor de quienes no comulgan con nuestra Fe católica.

¿No es ya el primordial deber del Estado en un país absolutamente católico, como gracias a Dios es España, hacer todo lo posible por conservar la unidad religiosa?. «Obligación debida por los gobernantes también a sus ciudadanos. Porque todos los hombres hemos nacido y hemos sido criados para alcanzar un fin último y supremo, al que debemos referir todos nuestros propósitos, y que está colocado en el Cielo, más allá de la frágil brevedad de esta vida. Si pues de este sumo bien depende la felicidad perfecta y total de los hombres la consecuencia es clara: la consecución de este bien importa tanto a cada uno de los ciudadanos que no hay, ni puede haber otro asunto más importante. Por tanto es necesario que el Estado, establecido para el bien de todos, al asegurar la prosperidad pública, proceda de tal forma, que lejos de crear obstáculos, dé toda clase de facilidades posibles a los ciudadanos para el logro de aquel bien sumo e inmutable, que naturalmente desean». (Encíclica Immortale Dei, León XIII). Y la libertad que las confesiones no católicas postulan para sí en España, en orden a actuar fuera de sus reducidos medios confesionales, ataca directamente al bien inmenso que de la pacífica posesión de la única senda de salvación goza la casi totalidad de la población española. Es éste un mal tan grave, que cualquier prudente labor de gobierno debe por todos los medios impedir que se produzca.

Es que en España, atentar a la unidad religiosa, es atacar al profundo de la esencia nacional y esa es la explicación de lo sañudo de los embates que padecemos. «Esta unidad se la dio a España el Cristianismo. La Iglesia nos creó y educó a sus pechos, con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el régimen admirable de sus Concilios. Por ella fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de la tenaz porfía de cualquier codicioso... España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio...; ésta es nuestra grandeza y nuestra unidad y no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos o de los vectones o de los reyes de taifas». (Menéndez Pelayo, Epílogo a Historia de los Heterodoxos Españoles).

El inolvidable Obispo de Vich, Torras y Bages, se expresa así: «Es, por consiguiente, el Catolicismo un elemento intrínseco y esencial en la constitución real y legal de la sociedad española; es el eje sobre el que gira nuestra legislación y toda nuestra vida social». (Carta Pastoral Dios y el César, publicada en 1913 y que mereció una carta autógrafa de felicitación de San Pío X).

Por su parte, Monseñor Vizcarra, Obispo de Ereso y Consiliario General de la Acción Católica Española, ha dicho: «En España la pérdida de la unidad religiosa es a breve plazo la pérdida de la unidad nacional, con la siembra de ideales contradictorios, con la reaparición de separatismos regionales, guerras intestinas y retorno al individualismo celtibérico, que terminaría con una directa o indirecta dominación extranjera».

Vázquez de Mella viene a expresar el mismo pensamiento: «No hay amor como el amor religioso, ni odio como el odio a la Religión. En la familia quedan frente a frente, separados por un abismo dos almas cuyas conciencias riñen. Desgarra el Municipio en bandos rivales, y región y nacionalidad se parten en sectas, escuelas y partidos que pelean entre sí y sólo se unen para atacar al pueblo fiel, a su doctrina religiosa. Es una guerra civil no momentánea, sino sistemática y permanente, erigida en ley, cuando la libertad de profesar todas las creencias y sobre todo de atacar las religiones se formula como un derecho».

«Cuando ese momento llega la Patria muere y la Nación sucumbe. No hay unidad ni en el presente, ni en lo pasado, ni en lo por venir. En lo presente la división de creencias produce la de sentimientos y la de prácticas morales y normas jurídicas. La separación de principios lleva consigo la separación de instituciones. Así, después de la caída de la Nación, se rompe el poder material del Estado que vive por algún tiempo en la fuerza y concluye por desmoronarse en la anarquía. No hay unidad en el pasado porque la historia general y particular de cada región con ella concorde es amada por unos y maldita por otros. No hay unidad en lo porvenir, porque no puede haber comunidad de esperanzas, donde no la hay de principios, ni de recuerdos».

«Sin la unidad moral en ninguna parte y con la discordia en todas, nación y patria se extinguen. Sólo quedará el nombre aplicado a un pedazo variable del mapa. Unidad de creencias y autoridad inmutable que la custodie, solo eso constituye nación y enciende patriotismos».

Cuando cierta tensión o violencia de guerra sorda religiosa se extingue, es posible que se haya caído en el indiferentismo. Esta es la conclusión a la quería llegar, y ha llegado, el positivismo en el llamado Occidente laico, infiel a su noble estirpe espiritual de Cristiandad. Sumidos en esta situación se cae también en la impotencia para hacer frente al materialismo comunista, cuya mística agresiva no se combate con puras técnicas de signo contrario que solo sirven para aplazar el choque definitivo que hoy es la angustia de la humanidad. Para hacer frente al ateísmo marxista, no hay más solución que revigorizar el sentido espiritual de la vida, y apartar todo lo que pueda conducir al escepticismo moral y religioso.

El libre examen en materia religiosa no podría nunca justificarse y nunca ha sido aceptado por nuestro pueblo. La cultura exige el manejo inteligente del argumento de autoridad, y si en los negocios más difíciles de la vida, que son los que afectan a la religión y a la formación de la conciencia, se niega una autoridad definitiva, es porque el indiferentismo ha minado los espíritus. La autoridad que se exige en todo y para todo, hasta en los mínimos negocios temporales; la autoridad política que mantienen tan enérgicamente todos los estados en torno a sus leyes, a sus intereses o a sus imperialismos; el control de la opinión pública, aun en los países más democráticos, que sólo permite el bipartidismo, que es en la práctica y en opinión de los teóricos del derecho político, un auténtico partido único; suponen que todo esto se toma en serio. En cambio, en el gran problema espiritual de la vida, se deja la autoridad a centenares de sectas y opiniones, porque son problemas que en definitiva se consideran marginales, ya que han calado los espíritus en un desolador escepticismo. Si en el alma de los españoles se pierde el prestigio de la autoridad de la Iglesia y del Papa, será prácticamente imposible en nuestra anárquica idiosincrasia, el respeto a ninguna clase de autoridad temporal. Perderíamos la unidad nacional.

En la instrucción de los Rvdmos. Metropolitanos españoles de 28 de mayo de 1948 sobre esta materia se dice: «Guardémonos los católicos españoles de criticar a nuestros hermanos que viven en minoría en algunos Estados y naciones porque se amparan bajo la bandera de la libertad; pero jamás nos lleve ello a conceder en tesis los mismos derechos al error y a la verdad; y guárdense los católicos de cualquier país, si quieren ser verdaderamente tales, si quieren ser fieles a las ordenanzas pontificias, de motejar a los católicos españoles o de cualquier otro país, de motejar a los católicos españoles o de cualquier otro país que tengan la gran fortuna de conservar la unidad católica, de intransigentes y retrógrados por defender dicha unidad católica. ¡Es imposible tener fe en la Iglesia Católica, sin desear como ideal, para toda nación y para todo Estado el de la unidad católica! ».

Por eso el Cardenal Antoniutti, Nuncio reciente en España, consideraba la unidad católica de España como el máximo bien nacional, y Juan XXIII nos decía a los españoles en su reciente radiomensaje al V Congreso Eucarístico Nacional de Zaragoza: «Somos testigos de las grandes virtudes que adornan al pueblo español. Que el Señor os conserve la unidad en la Fe católica y haga a vuestra Patria cada vez más próspera, más feliz, más fiel a su misión histórica».

¡La misión histórica de España!. La que señalaba Menéndez Pelayo en sus palabras antes transcritas y a la que los papas vuelven a indicar como empresa espiritual sagrada, la de la preservación de la Fe, en las patrias filiales de Hispanoamérica, hoy gravemente amenazadas... ¡Por el peligro de infiltración masiva protestante!. ¿No sería un contrasentido abrirle las puertas del plantel donde se cuidan los sacerdotes, misioneros, religiosos y seglares, que han de llevar esa Fe, que se extravasa de España, al otro lado de los mares?.

Esta misión española de guardiana de la Fe frente a un mundo laico e incomprensivo, es la que esperan muchos extranjeros que España siga manteniendo a ultranza. Aunque la propaganda quisiera presentarnos otros aspectos, es cierto que la Comunión Tradicionalista ha recibido estímulos muy eficaces, para que responda a la coyuntura del momento, como depositaria del contenido político más puro de la verdad católica. Ya antes se leían en la revista francesa La Pensée Catholique (núm. 23) los siguientes párrafos: «Solución española. Sí, sin duda. Pero apresurémonos a subrayar: solución que está en absoluto conforme con la doctrina tradicional de la Iglesia Católica. Porque si –desde la laicalización sistemática de la Cristiandad– Francia y un demasiado grande número de naciones siguiendo su ejemplo han adoptado otra solución, la separación que creando una separación contra natura produce una ofensa grave a la vida, es necesario reconocer que esa solución es y constituye un mal. El Catolicismo español –en vigorosa juventud– ¿no constituirá a manera de un vivo reproche para muchos de entre nosotros?. Habiendo sabido triunfar –gracias a Dios– de las revoluciones violentas del siglo, nos muestra lo que "debe ser" hoy y mañana. ¿No es el moderno, el más moderno, en la misma vanguardia de la Cristiandad del siglo XX?».

Y es que como decía don Severino Aznar en su ochenta aniversario: «Las soluciones de las hipótesis envejecen al cambiar las circunstancias y las hipótesis tienen los triunfos del presente pero el desvío y el olvido del futuro. En cambio, los partidarios de la tesis ven aumentar su autoridad y simpatía que inspira a medida que el tiempo pasa y las gentes se van aproximando al ideal, que es la tesis».

No puede producir recelos a nadie esta defensa de la unidad católica de la nación española, y mucho menos en estos tiempos en que todos los estados, aun aquellos que más pregonan la libertad y la democracia, hasta imponerlas por la fuerza a los demás, no toleran la más mínima fisura en su constitución interna (obra al fin y al cabo de los hombres, por muy sabia que subjetivamente la consideren) y obligan hasta con juramento al compromiso de no quebrantarla, incluso a quienes accidentalmente pisan su suelo. ¿Podrá presentarse seriamente pues que los católicos españoles no defendamos con igual celo nuestra santa Fe?.

Por eso, en la primera palabra del lema carlista, Dios, se comprende la defensa de la unidad católica. En el Acta de Loredán se formulaba así: «Todas nuestras antiguas glorias y grandezas, nuestras leyes y nuestras costumbres, se originaron y vivificaron por la Fe católica, y sobre este formidable fundamento se alzó sublime la figura de España, que por amor a la Verdad, abominando del error, necesita y defiende la salvadora Unidad Católica, lazo de su unidad moral y corona de su Historia».

Don Alfonso Carlos I en uno de sus últimos y más transcendentales documentos políticos, fechado el 23 de enero de 1936, al precisar el contenido ideológico sustancial del Carlismo, dice: «I. La Religión Católica, Apostólica Romana, con la unidad y consecuencias jurídicas con que fue amada y servida tradicionalmente en nuestros Reinos».

Cerrando estas citas en un histórico documento, que a la terminación de la Guerra de Liberación la Comunión Tradicionalista sometía a la consideración del Jefe del Estado se hacía constar lo siguiente:

«Porque la creencia religiosa ha sido y ha de ser en la Historia el único aglutinante de nuestros particularismos, nuestras rebeldías y nuestras diferencias; porque España debe exclusivamente su unidad política al Cristianismo; porque los principios que labraron la grandeza de España y que informaron su genio civilizador frente a los demás pueblos a lo largo de la Historia, fueron la espiritualidad, la cultura y el orden católico; porque siempre que España se apartó de su misión cristiana, de su política católica, perdió su carácter, inició o acentuó su decadencia hasta rayar en los linderos de su acabamiento y disolución nacional como recientemente hemos visto, porque únicamente en la restauración íntegra de esos valores cristianos radica la esperanza de que merced a esta unidad espiritual de todos los españoles, España vuelva a ser una gran nación con carácter genuino, unidad propia y universalidad fecunda, el Estado debe afirmar reciamente y sin titubeos su confesionalidad católica».

Estas afirmaciones toman doble fuerza y actualidad a la luz de la fecha histórica del 18 de julio de 1936. El Alzamiento Nacional no lo fue exactamente de unos grupos políticos, sino de toda la sociedad española unánime en recobrar con gesto decidido la unidad de creencias amenazadas por la política laica de la República, que se precipitaba al ateísmo materialista del comunismo y con ello a la descomposición de España, como patria histórica de los nacidos en ella.

Si hay algún elemento íntimo y común entre los participantes del Alzamiento, es el religioso, ante cuya ofensa reaccionaron de manera igual todos los sectores sociales españoles hasta el punto de poder bautizarse legítimamente como Cruzada (único fenómeno político contemporáneo que puede honrarse con este título), recibido con el esfuerzo y la sangre de millares de combatientes, perseguidos y mártires, que lo fueron auténticamente, inmolados por la Fe que profesaban. La estructura formal política en que este movimiento hubo de concretarse –ya que alguna tenía necesariamente que adoptar– resulta muy accidental para el hecho innegable de la principal motivación religiosa de la lucha.

El 18 de julio fue un no rotundo al intento de descatolizar el país y la expresión de mantener hasta la muerte la doble unidad religiosa y nacional. Y esta fecha debe quedar clavada como irreversible en el calendario histórico de España.

Lo que se ganó con tanto sacrificio, limpiamente con las armas –la suprema y más valiosa manifestación del alma de un pueblo– no se puede permitir que se pierda o socave subrepticiamente, al amparo de situaciones provocadas interesadamente y carentes totalmente de realidad.

Porque la situación de los protestantes en España es un problema creado artificialmente y mantenido periódicamente por la agitación de la prensa extranjera en su pertinaz ataque al Régimen nacido del Alzamiento Nacional. Los protestantes en España no están perseguidos y pueden practicar libremente su culto, conforme a sus convicciones; lo que se quiere impedir es que atenten con su proselitismo a la situación de hecho de la unidad católica de nuestra Patria. Una minoría sin relieve sociológico no tiene entidad para modificar la constitución política del país en beneficio de intereses poco claros y muy peligrosos; sólo goza del derecho que toda persona tiene a la interioridad de su conciencia y esa es escrupulosamente respetada. En cuanto a las manifestaciones es claro que no pueden autorizarse más que las que sean compatibles con el bien común. No es un espíritu evangélico el que guía actualmente a pretender multiplicar capillas, seminarios, centros asistenciales y medios de difusión, entre una población que según la propia doctrina que los protestantes predican, está en vía de salvación, al ser cristiana.

Pero es que además la realidad jurídica española, consagrada en el Fuero de los Españoles y en la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958 (y recogida en el Concordato con la Santa Sede), no puede ser modificado por un "Estatuto de Confesiones Religiosas", sin que para su promulgación se atienda a las mismas solemnidades con las que se estatuyeron las anteriores. Y la prensa democrática mundial sabe muy bien que todo el pueblo español unánimemente rechazaría el intento, como lo ha hecho siempre, de manera rotunda, cuando se ha atentado a la fibra más honda de su sentimiento.

Ni cabe argüir, con la solidaridad de los católicos españoles, ante los problemas de otros países. A ello contestaremos con las autorizadas palabras del Cardenal Ottaviani, cuando al defender precisamente la situación legal española sobre este asunto decía solemnemente en el año 1953 en el Pontificio Ateneo Lateranense: «Los hombres que nos sentimos en posesión de la verdad y la justicia, no transigimos. Exigimos el pleno respeto a nuestros derechos. Los que en cambio no se sienten seguros de poseer la verdad, ¿cómo pueden exigir que se les respete una exclusividad a su favor sin consentir nada a quienes reclaman el respeto a los propios derechos basados en otros principios? El concepto de la igualdad de cultos y de su tolerancia es un producto del libre examen y de la multiplicidad de confesiones. Es una lógica consecuencia de la opinión de aquellos que creen que la Religión no tiene que ser dogmática y que solo la conciencia de cada individuo puede señalar el criterio y las normas para la profesión de la fe y el ejercicio del culto. Y entonces, en los países donde prevalecen estas teorías. ¿por qué extrañarse de que la Iglesia Católica reclame un puesto para desenvolver su divina misión y quiera que se le reconozcan aquellos derechos que, como lógica consecuencia de los principios adoptados en la legislación puede reclamar?. La Iglesia quisiera hablar y reclamar en nombre de Dios, pero aquellos estados no la reconocen la exclusividad de su misión. Entonces se contenta con reclamar en nombre de aquella tolerancia, de aquella paridad y de aquellas garantías comunes en las que se inspira la legislación de los países aludidos».

Y ni siquiera insistiendo en esta línea, con las novísimas razones de un orden internacional regulador de la comunidad de estados, puede hacerse quebrar la fortaleza doctrinal y práctica de los católicos españoles. Pío XII en el discurso dirigido al V Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos, de 6 de diciembre de 1953, que a veces tan precipitadamente ha sido invocado dice: «Si después de esta condición se verifica en el caso concreto –es la "quaestio facti"– debe juzgarlo, ante todo, el mismo estadista católico. Éste, en su decisión, deberá guiarse por las dañosas consecuencias que surgen de la tolerancia, comparadas con aquellas que mediante la aceptación de la formula de la tolerancia serán evitadas a la Comunidad de Estados; es decir, por el bien que según una prudente previsión podrá derivarse de esta fórmula de tolerancia a la misma Comunidad como tal, e indirectamente al Estado miembro de ella. En lo que se refiere al campo religioso y moral, el estadista deberá también solicitar el juicio de la Iglesia. Por parte de la cual, en semejantes cuestiones decisivas, que tocan a la vida internacional, es competente, en última instancia solamente Aquel a quien Cristo ha confiado la guía de toda la Iglesia, el Romano Pontífice».

La Comunión Tradicionalista, fidelísima a las indicaciones de la Santa Sede, ha aceptado y aceptará con toda sumisión sus indicaciones; por eso mismo se atiene y defiende la doctrina por la misma establecida, que al acogerla en el campo político y hacerla suya, sirve eficazmente con su prestigio social, para orientar la elaboración de una autorizada opinión pública en la Iglesia sobre estas materias, que tanto preconizara Pío XII, y con ello a la formación del prudente juicio de la Iglesia y del Estado. Carlos VII ya dejó dicho en 1874: «No daré un paso más adelante, ni más atrás que la Iglesia de Jesucristo...».

A este respecto, Mons. Pedro Cantero, Obispo de Huelva, decía en su reciente discurso de 16 de mayo último lo siguiente: «Dicha unidad católica, aun considerada dentro de las perspectivas de la comunidad internacional, su reconocimiento aparecería como una bandera y una garantía efectiva del respeto internacional a las libertades religiosas de las diferentes patrias y estados».

En este día de hoy, después de examinar la situación política nacional e internacional, estimamos que no han variado los supuestos sociológicos y políticos que aconsejan nuestra unidad, ni se ha perdido ninguna posibilidad de defenderla. Tampoco son mayores los ataques y dificultades que los que hicieron escribir muchos de los textos citados, y se superan victoriosamente.

En lo religioso no aceptamos que un sector progresista se arrogue la representación de la Iglesia; ésta no se gobierna por rumores ni por oficiosidades, sino por documentos solemnes e inequívocos; ninguno lesivo para nuestra unidad religiosa hemos encontrado en las vías normales del Magisterio ordinario. La afirmación de que las circunstancias actuales de la Iglesia y del mundo exijan un cambio legal en la materia que nos ocupa, es completamente personal.

En política internacional, ¿acaso han llegado hoy las presiones extranjeras contra nuestra unidad católica al nivel de los años 1946-1948, cuando se retiraron los embajadores, o al que alcanzaron durante la Cruzada?

Tampoco creemos que nuestra prosperidad material esté realmente comprometida. Los turistas han acudido a millones y saturan nuestra capacidad receptora. Otras ventajas y colaboraciones económicas se establecen sobre bases diferentes y no se regatea ni a los países comunistas, ni a Francia, que siempre ha omitido ratificar la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

Los enemigos de dentro se apoyan en los de fuera, intentando aparentar un poderío mayor que el real. En último término, después del triunfo casi milagroso del Alzamiento, las posibilidades de victoria no se pueden calcular ya desde la inoperancia, sino sobre una base experimental, y para ésta no se ha convocado aún al pueblo fiel a la lucha.

Y así hoy, otra vez más, la Comunión Tradicionalista levanta a todos los vientos, con un grito de alerta, su programa de unidad católica al servicio de la Iglesia y de la Patria y llama a todos los españoles a defender, hoy más que nunca y con redoblado ímpetu, sus afirmaciones de carácter nacional, en orden a nuestra constitución política:

Madrid, 23 de mayo de 1963.

En nombre de Su Majestad Católica el Rey Don Javier I, la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista.

Servicio de Prensa y Documentación

Comunión Tradicionalista