El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
 

Un diagnóstico severo pone de nuevo sobre el tapete dificultades presentes para avanzar en el proceso de desarrollo, generación y distribución de riquezas y capacidades. Sin embargo, existen iniciativas y adelantos para desarrollar y consolidar un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: el marco legal y normativo y los servicios de financiamiento y de apoyo existentes, algunas de las instituciones actuales, la demanda de la industria petrolera, son adecuados para lograr la utilización de la oferta y las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, todavía escasamente aprovechadas, en función del desarrollo de la productividad del sector empresarial y del país.

Sistemas nacionales de innovación

Según la definición de la OCDE, un sistema de innovación está constituido por una red de instituciones, de los sectores públicos y privados, cuyas actividades establecen, importan, modifican y divulgan nuevas tecnologías. Se trata, entonces, de un conjunto de agentes, instituciones y prácticas interrelacionadas, que constituyen, ejecutan y participan en procesos de innovación tecnológica.

En los países desarrollados por lo general, los sistemas nacionales de innovación (SNI) se han instalado progresivamente a partir de las prácticas económicas y sociales implementadas a lo largo de su historia, producto de sucesivos paradigmas tecnológicos. La Innovación en estos países, surge en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. La conceptualización y fortalecimiento de los SNI del primer mundo se realiza, a nivel de políticas y programas de los gobiernos nacionales, como un hecho a posteriori, a fin de potenciar y mejorar la capacidad innovadora y los sistemas ya de hecho instalados y funcionando.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, como en Venezuela, a la zaga en el desarrollo, con escenarios de pobreza, desigualdad marcada en la distribución de la riqueza, pobres indicadores de educación y salud, debilidades institucionales, bajo desarrollo de las fuerzas productivas, alta dependencia económica y otros gravísimos problemas, los SNI se han instalado, por el contrario, primero, de manera formal, existiendo solamente, en el mejor de los casos, como una meta a alcanzar enunciada en los planes y políticas de los gobiernos nacionales. A pesar de que existen iniciativas puntuales exitosas, la intervención del Estado es fundamental para crear las condiciones necesarias que hagan posible la instalación de un ambiente propicio, procesos generalizados de Innovación y la inserción competitiva del país dentro de los escenarios internacionales.

En Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) fue creado en 1999, con la función primordial de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), enfatizando el hecho de que tal sistema debe proveer el ambiente y recursos necesarios para la creación, circulación y utilización del conocimiento en la sociedad, en sentido amplio. Se entiende innovación, en este caso, no sólo en el ámbito de los procesos por los que las empresas adquieren el dominio de diseños de nuevos productos, nuevas formas de organización o procesos, llevándolos a la práctica, sino también en el ámbito de lo social, e incluyendo el sector de la administración pública.

Diagnóstico

Una revisión de los principales aspectos que conforman el SNCTI venezolano debe incluir: condiciones macroeconómicas, marco legal y de incentivos, organismos públicos que administran y coordinan a las instituciones de ciencia y tecnología, capacidades en comunicaciones y tecnologías de información y en investigación y desarrollo, instituciones de formación de personal, principalmente universidades y postgrados, vinculaciones entre las instituciones académicas y científicas con el sector empresarial, servicios tecnológicos (metrología, normalización, información y asistencia técnica), régimen de protección a la propiedad industrial, sistemas de financiamiento y caracterización del sector empresarial, particularmente las pymes.

Los Ministerios continúan siendo en su mayoría y a pesar de los esfuerzos realizados, pesadas instituciones burocráticas, ineficientes en buena medida, con poca capacidad de ejecución, presencia de corrupción, poca transparencia en la toma de decisiones y baja confiabilidad, de acuerdo con la opinión pública generalizada. También presentan dificultades para la integración de trabajos conjuntos. Esta herencia del deterioro institucional iniciado en los años ochenta, no ha podido ser transformada salvo en casos puntuales.
Las Instituciones de Educación Superior en Venezuela deben también someterse a un proceso necesario de reformas. En particular, no mantienen políticas claras y efectivas en las actividades de I+D. Las acciones emprendidas para vincular sus actividades con el sector empresarial y la sociedad en general, a pesar de algunas experiencias exitosas, se han revelado muy insuficientes.
Las Instituciones y Centros de Investigación del país, a pesar de contar, en gran parte de los casos, con una adecuada infraestructura y personal altamente calificado, presentan bajos índices de productividad, tanto si se atiende a indicadores de productividad científica, como si se evalúa el área tecnológica y de servicios.

La calidad, el nivel y la actuación de estas entidades es muy heterogénea. Al lado de Instituciones como el IVIC, que ha mantenido un relativo prestigio a nivel nacional e internacional, se encuentran casos como el del INIA, que se deterioró apreciablemente, o el del CIEPE, que presenta una productividad baja. La mayoría de estas instituciones no tienen unidades ni personal especializado para la negociación y la transferencia tecnológica, actividades que se realizan, en el mejor de los casos, de manera informal, resultando en una pobre vinculación con el sector productivo.
Existe un desarrollo desigual de las capacidades de ciencia y tecnología en el interior del país. Las mayores capacidades se concentran en las zonas norte-occidentales, donde se ubican, también, las principales universidades y centros poblados del país. La zona de Guayana, donde paradójicamente se concentra una gran parte del potencial industrial y productivo nacional, se encuentra muy por debajo de los niveles deseados, en cuanto a capacidades y actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
El Fonacit, creado a partir del antiguo Conicit, es el organismo público que asegura una gran parte del financiamiento en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación. El fortalecimiento de esta institución debe acompañarse de una mejora en su eficiencia así como una adecuada integración y coordinación con el resto de las instituciones que ejecutan programas de financiamiento en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esto se incluyen, no sólo los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH), Fundayacucho y otros entes que atienden al sector universitario, sino, también, los componentes del Sistema Financiero Público Nacional, que dependen de otros Ministerios, así como los diferentes fondos regionales. El trabajo no es simple, pero debe hacerse un esfuerzo.
El acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales trabas para las actividades de innovación. Las instituciones de apoyo público existentes son todavía burocráticas e ineficientes. Nuevas instituciones e instrumentos han sido creados, como las sociedades de capital de riesgo, y el sistema de garantías para las pymes, pero resta consolidar su funcionamiento para que rindan el servicio esperado. Sin embargo, las bases de un sistema público capaz de financiar las actividades de CTI están creadas y los esfuerzos están en marcha.
Debe resaltarse, también, que hasta finales de 2001 se logró por parte del sector empresarial, una participación más activa en la definición conjunta y participación en los programas de financiamiento para la innovación, pero estas acciones son, todavía, insuficientes. La demanda de ciencia y tecnología nacional, por parte del sector productivo, es insignificante, y, en general, no emplean recursos humanos de alto nivel. La mayoría de las empresas no cuentan con unidades de I+D, ni practican mecanismos de vinculación con los sectores científicos y académicos, valorando muy pobremente el potencial nacional.
El sistema de incentivos para promover la participación del sector privado en actividades de I+D, y de innovación tecnológica, debe ser fortalecido, para lograr la inversión del sector empresarial en estas actividades, la inserción de personal altamente calificado en el sector productivo y la vinculación con el sector académico y de investigación nacional.
El régimen de protección a la propiedad intelectual, a nivel de las leyes nacionales vigentes y a nivel institucional, se encuentra desactualizado. Actualmente, responde al marco de acuerdos y requerimientos internacionales. Los procesos de adjudicación de patentes son lentos, difíciles y costosos. La información relativa al registro de patentes, además de estar desactualizada, no se divulga adecua-damente, lo que impide su explotación y aprovechamiento a nivel nacional.
  Actualmente, se consolida el sistema de calidad nacional, gracias a la introducción de un nuevo y más adecuado marco legal. El proceso de certificación es voluntario, y no existen indicadores confiables que permitan evaluar la situación de las empresas nacionales frente a los patrones de calidad nacional e internacional, pero el número de certificaciones otorgado por Fondonorma ha ido en incremento. A pesar de que muchos laboratorios nacionales han sido certificados, especialmente en el área petrolera, no se ha consolidado una red nacional de laboratorios que permita garantizar la calidad de los productos nacionales. Tampoco existen mecanismos claramente establecidos para verificar el cumplimiento de las normas de calidad en los productos nacionales introducidos al mercado.
  Los servicios de información son una de las principales debilidades detectadas en el SNCTI. La información está desactualizada, es incompleta, poco confiable y de difícil acceso para los usuarios del Sistema. Esto dificulta la elaboración de indicadores y la orientación de políticas adecuadas para fortalecer el Sistema, así como la evaluación y el seguimiento en la ejecución de las políticas. Se han iniciado esfuerzos, pero estos deben ser continuados y profundizados.
  Existen en Venezuela numerosos organismos e instituciones, tanto públicos como privados, que brindan apoyo al sector empresarial, particularmente a la pyme, ofreciendo asistencia técnica, información, formación, acceso a financiamiento, asesorías en la modernización, desarrollo tecnológico, consultorías, etc. Sin embargo, es necesario evaluar esta oferta, muy heterogénea, certificar sus servicios, y coordinar sus acciones, a través de la consolidación de redes a nivel nacional y regional, para lograr un mayor impacto y aprovechar el potencial existente actualmente. Por otro lado, es necesario incentivar la demanda de estos servicios, por parte del sector empresarial, actualmente muy baja.
  Elevar la competitividad de las pymes, y su productividad, requerirá un enorme esfuerzo y la adecuada implemen-tación de políticas públicas que generen un entorno propicio a la innovación. En particular, los empresarios venezolanos de las pymes lucen poco conscientes de las necesidades de activar estos procesos, que requieren inversión en la formación de su personal, en la modernización de su capacidad tecnológica y en su organización, en el establecimiento de asociaciones y alianzas con otras empresas, en estudios para adaptarse a los nuevos mercados y acciones para ingresar en los nuevos modelos económicos, para abaratar costos, aumentar la calidad de los productos y lograr una producción competitiva. En general, para establecer procesos de innovación. Esta situación explica la poca demanda del sector en ciencia y tecnología, y en los servicios de asistencia existente, a pesar de que la oferta es considerable.

Futuro posible

Con base en este diagnóstico de contenido crítico debe resaltarse, sin embargo, que existen las bases necesarias para impulsar un continuo esfuerzo que permita desarrollar y consolidar un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En efecto, el marco legal y normativo y los servicios de financiamiento y de apoyo existentes, son adecuados para lograr la utilización de la oferta y las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, en la actualidad escasamente aprovechadas, en función del desarrollo de la productividad del sector empresarial y del país. Los servicios de financiamiento requieren de mejoras en procedimientos y ejecución, pero llevan una constructiva experiencia que debe ser profundizada. El fortalecimiento de instituciones y del recurso humano es necesario para poder crear una masa crítica que posibilite el desarrollo en el fortalecimiento de redes conformadas por el sector industrial y el sector académico.

A pesar de la crisis política y económica, se deben hacer esfuerzos para reducir el déficit fiscal y aumentar la compe-titividad de la industria nacional. Para ello, se hace necesario la activa participación del Estado, y una mayor participación del sector empresarial, para formular e implementar una política industrial que pueda aprovechar el potencial de la industria petrolera para activar las pequeñas y medianas empresas en cadenas productivas aguas arriba y aguas abajo, canalizando, también, una política de compras del Estado que se abra hacia este sector. La política industrial debe implementarse de manera de permitir el fortalecimiento de las grandes empresas, elevando su productividad a niveles más competitivos internacionalmente, e incentivando la demanda de servicios y de producción de pymes nacionales alrededor de ellas.

La intervención del Ministerio de Ciencia y Tecnología debe orientarse a retomar los esfuerzos avanzados para impulsar un ambiente propicio para la innovación y fomentar esta cultura en la sociedad, a fin de contribuir con los cambios necesarios para insertar al país en los nuevos paradigmas de modelos productivos instalados en un mundo globalizado, y que están basados, fundamentalmente, en la valoración del talento humano y en el desarrollo científico tecnológico.