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Cómo
se defiende a los partidos políticos
Por Eduardo
Sigal (*)
No existe
una normativa de la actividad política que sea válida para todo
tiempo y lugar. La reforma política en la Argentina actual tiene que
pensarse y ejecutarse en el particular contexto que constituye la enorme brecha
generada entre sociedad y política, y apuntar a una recuperación
de la credibilidad de nuestras instituciones. Esto no significa agitación
demagógica de temas caros a la opinión pública, sino
sensibilidad respecto de sus demandas.
Parece ser que un importante sector de la dirigencia política ha resuelto
adoptar una posición defensiva respecto de los actuales partidos políticos,
sobre la base del argumento de evitar su progresivo debilitamiento. El peligro
es que se confunda la defensa de los partidos políticos con el abroquelamiento
de aquellos que hoy existen, y la defensa de prácticas que tienen más
que ver con el espíritu de corporación que con el universalismo
democrático.
Si la reforma que se impulsa persiste en este conservadurismo, se estará
ayudando inmejorablemente a quienes quieren efectivamente erosionar la institucionalidad
política y debilitar aún más a los partidos frente a
los poderes de facto.
En nuestra Provincia, el gobernador Felipe Solá había lanzado
la reforma como un programa de renovación profunda y estructural. Ese
impulso se ha ido agotando y hoy ocupan su lugar reformas leves e insustanciales.
Así, las invectivas contra las "listas sábana" no
han sido acompañadas por proyectos de modificaciones en el régimen
electoral que incluyan, por caso, la combinación de la representación
proporcional con la creación de circunscripciones uninominales capaces
de facilitar un vínculo más cercano entre el elector y los representantes.
Con el argumento de que para renovar todos los cargos electivos hace falta
una reforma constitucional, se ha quitado el punto de la agenda. ¿Por
qué no hacer una reforma constitucional en la Provincia si puede hacerse
por el sistema de enmiendas sin necesidad de convocar una constituyente? Si
hay voluntad de atender el reclamo mayoritario de la sociedad, existen los
caminos.
No se modifica, tal como se anunció en algún momento, la bicameralidad
del Poder Legislativo. El argumento de la necesidad de balancear la representación
de Conurbano e interior es inconsistente: basta arbitrar un sistema de elección
de la Cámara única que asegure ese equilibrio para resolver
el supuesto problema y agilizar el funcionamiento parlamentario.
Se establecen internas abiertas para los partidos, obligatorias para éstos
pero optativa para la ciudadanía; resulta lógico prever que
los aparatos que conducen los partidos podrán asegurarse resultados
positivos en estos comicios, lo que sería menos seguro si el voto popular
fuese obligatorio.
No se avanza hacia una mayor flexibilidad para que puedan presentarse listas
de candidatos no pertenecientes a partidos políticos ya reconocidos,
con lo cual se obtura una excelente posibilidad de mejorar la competencia
política y renovar a la dirigencia.
Todo indica que las grandes maquinarias partidistas están haciendo
pesar su lógica en la discusión de la reforma política.
Ese es un rumbo equivocado y peligroso, ya que abre la posibilidad de un mayor
distanciamiento de la población respecto de las opciones políticas
con el consiguiente debilitamiento de la democracia republicana.
Todavía estamos a tiempo de retomar el impulso original. Para defender
a los partidos es necesario renovarlos, ampliar la oferta, favorecer la participación
ciudadana y terminar con las prácticas clientelistas y prebendarias
que desvían recursos públicos a favor de caudillos y corrientes
internas.
(*) Presidente del Bloque del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires.
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