Participación popular, para ahuyentar la violencia

Por Aladino Benassi (*)

Los trágicos incidentes ocurridos el 26 de junio pasado nos llenan de tristeza y preocupación. Nuestra institución ha repudiado la represión sufrida por los piqueteros y el accionar violento, por considerar que ese tipo de conductas sólo nos degrada como sociedad.
Sin embargo, tanto las declaraciones del comisario Alberto Franchiotti (quien tuvo a su cargo el operativo policial en Avellaneda y actualmente se encuentra procesado) y las emanadas de algunos dirigentes que dicen representar a los piqueteros, traslucen que, para ambos grupos, el enfrentamiento y la violencia constituyen la única salida.
En sus declaraciones, Franchiotti dijo que era su responsabilidad "cuidar los bienes del Estado y la seguridad de los uniformados". Ésta es una desviación ideológica, porque le preocupa el Estado y la Policía, en sí mismos, sin tener en cuenta que ambas instituciones deben tener como objetivo la protección del bien común.
Rechazamos la desviación del policía en su función, ya que es un error que cometen a diario muchos funcionarios públicos. Y recordemos sino al señor Montoya (subsecretario de Ingresos Públicos Bonaerenses), quien en su afán por defender el Estado, lo hace propio sin tener en cuenta las funciones para lo cual éste fue creado.
Peligrosamente vuelve a escucharse la teoría de que la violencia de arriba, engendra la violencia de abajo. Y ciertamente la violencia del Estado expresada en la insistencia en un modelo económico que genera la desocupación, los altos niveles de pobreza y de indigencia, parece legitimar la violencia de los de abajo.
Los niveles de corrupción en el Estado y la cesión de las decisiones económicas a manos del FMI, también podrían justificar la violencia. Es por ello que el pueblo tiene que encontrar los caminos que permitan remover a aquellos funcionarios corruptos que no tienen ningún interés en resolver los problemas del conjunto de la población. En este sentido, la justicia tiene mucho que decir, pues su permisividad también genera violencia, conformando en bloque un Estado autista que sólo se preocupa en defender las prebendas de sus funcionarios.
Sólo un cambio en la política económica de nuestro país, una ruptura con este modelo y con las recetas ortodoxas planteadas por los organismos internacionales, nos permitirá modificar la cuestión de fondo: satisfacer el reclamo que hoy tienen amplios sectores excluidos y marginados de la sociedad argentina, eliminando la desesperanza que puede llevarlos a creer y alimentar a la violencia como única salida a la crisis actual.
Por el camino de la violencia podrán eliminarse físicamente a los actuales excluidos pero no podrá impedirse que el modelo agotado genere nuevos marginados.
Los gobernantes tienen la principal responsabilidad a la hora de buscar transitar por otro camino. Pero también es una tarea que nos ocupa a "nosotros", los ciudadanos comunes; quienes trabajamos en las organizaciones intermedias, que somos los que debemos promover una amplia movilización popular que dé por tierra con todos los planes de violencia.
No hay otra forma de enfrentar la violencia que no sea la participación popular y democrática en las acciones de gobierno. Hay que exigir cambios: en la economía, en las formas corruptas de ejercer la función pública, en quienes actúan de manera violenta contra el conjunto de la comunidad e insistimos que el cambio sólo puede surgir a partir de la cooperación de toda la sociedad. Repetimos que el cambio solo proviene de la participación y sobre todo, a través de una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la población.
No nos engañemos, la solución no es establecer cómo debe actuar la Policía frente a los piqueteros; nuestra mirada debe estar centrada en cómo satisfacer la demanda de miles de conciudadanos que utilizan el corte de ruta para sensibilizar a los gobernantes a fin de aliviar, con dignidad, el hambre de su familia. (AIBA)

(*) Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba)