Investigaciones tras los autores del intento de magnicidio

Por Carlos R. Capdevila

La denuncia de Adolfo Rodríguez Saá cayó como un balde de agua fría sobre la cabeza de los atribulados habitantes de la República Argentina. Tanto el denunciante, como el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, estarían en la mira de un grupo de sicarios contratados para asesinarlos.
De inmediato, ante tamaña perspectiva, tomó intervención la Subsecretaría de Inteligencia Nacional contra Magnicidios -Sin Mag, dependiente del Ministerio de la Incertidumbre- desde donde (prima facie) se rechazó de plano la posibilidad criminal, luego de comprobarse que ni uno ni otro están registrados en los archivos en el rubro de "magnos".
Obviamente, como la denuncia se hizo pública y tal circunstancia afecta la credibilidad de los argentinos y, más aún la paz social, el organismo pasó las actuaciones a la Dirección Nacional para la Prevención de Delitos contra Dirigentes de Segunda y Tercera Línea (Dina de 2° y 3°), dependencia que resolvió tomar el caso por entender que era de su exclusiva competencia.
Las investigaciones preliminares lograron un rápido avance ya que en apenas 24 horas quedaron descartados Carlos Menem y Eduardo Duhalde como presuntos instigadores de los crímenes anticipados, tal como lo había precisado "el Adolfo" al revelar la conspiración a medios de prensa y atribuir responsabilidad a los mencionados líderes justicialistas.
"El actual presidente todavía no cerró el paquete de la provincia de Buenos Aires y el ex presidente está planificando cómo vencer en la interna a los rivales en serio que pudieran enfrentarlo, aunque todavía no aparecen", expuso el informe, con lo que se dio por concluida en términos absolutos la factibilidad de que fuesen autores intelectuales de la amenaza.
Las pesquisas se orientaron, entonces, a otros frentes y los equipos de detectives especializados partieron en dos direcciones distintas. Uno, conformado por ex zorros grises de la Municipalidad de Córdoba, se dirigió a San Luis; el restante, integrado por ex gremialistas de Petroleros del Estado, orientó sus pasos hacia Río Gallegos.
Los investigadores que procuraban conocer quién podía estar interesado en hacer desaparecer a Rodríguez Saá realizaron una sutil tarea, en principio, entre los ayudantes de un prestigioso periodista y analista político que conduce un programa televisivo los domingos por la noche. Tal vez se lo conozca porque al cierre de la emisión se deleita con las volutas de humo de un habano de excelente hoja y cosecha, extrañamente elaborado en la Cuba castrista.
Se registraron sutiles interrogatorios que incluyeron luego a otros colaboradores directos de "el Adolfo" y así comenzó a plasmarse un posible cuadro potencial que -en principio- hizo centrar las expectativas de los detectives en la provincia de San Luis, donde lograron exhumar un expediente no muy antiguo, en el que constaba que el entonces gobernador había sido secuestrado en un hotel alojamiento, en ocasión de una conferencia de prensa exclusiva para una periodista de ascendencia árabe, turca, o algo así.
Las sospechas se dirigieron, obviamente, a la esposa del dirigente amenazado, pero tal presunción se desdibujó al aparecer otra de características más amplias que -en definitiva- tornarían la labor de los sabuesos mucho más compleja.
En síntesis, existe una bien orientada hipótesis que sostiene que los autores del intento de asesinato serían unos cuantos millones de connacionales perjudicados en forma artera por la declaración default que lanzó el entonces presidente provisional desde el Congreso (ante el aplauso de la gran mayoría de los presentes).
Otra suerte corrieron los que trataron de dilucidar quién o quiénes podrían haberse conjurado para asesinar a Néstor Kirchner. Y como en el caso anterior, los primeros pasos fueron dados en un canal de TV por cable que emite durante todo el día con títulos blancos sobre placas rojas, y cuya programación comprende 12 horas dedicadas a la información general y otras 12 destinadas a los discursos y declaraciones del gobernador santacruceño y su esposa.
Nada pudieron lograr en la televisora en cuestión (Carozo se negó a declarar), por lo que decidieron dirigirse a la provincia muy austral, animados por la presunción de que allí hallarían alguna pista firme. Y así fue. Encontraron que los alrededor de 200 mil habitantes estaban furiosos por entender que ellos están afrontando los elevados costos de la campaña pre-electoral de Kirchner.
Al parecer, son pocos los que creen que de la fortuna personal del precandidato se extraen los fondos para abonar los "cachés", los pasajes, las estadías, los aviones, las comidas y todos los demás enseres que demanda la sostenida aparición mediática.
Y cuando todo parecía ir bien encaminado, los investigadores encontraron otra razón de sospecha: muchos millones de argentinos podrían estar comprometidos en la conspiración, ya que sostienen que los fondos de la campaña derivan de las regalías que la Nación envía a Santa Cruz. Ergo: creen que todo el país la subvenciona.
Así las cosas, al advertir la masificación de presuntos involucrados en el complot y tras dejar de lado una propuesta de "detener a todos los descontentos", se cerraron las actuaciones, no sin antes devolver el expediente a la Subsecretaría de Inteligencia Nacional contra Magnicidios (Sin Mag).
La carpeta llevaba adosada una minuta de puño y letra del jefe de los investigadores, quien expuso: "sírvanse tomar debida nota que hemos comprobado la existencia de algunos focos que realmente están pensando en un magnicidio". (AIBA)