Otro ultraje a la soberanía: el intento de privatizar el Bapro

Por Alicia Tabarés de González Hueso (*)

A veces es triste que el tiempo nos dé la razón. Hace exactamente 13 dije públicamente que la Legislatura provincial no podía ceder más ante las presiones del gobierno nacional que, afanoso por cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional nos pedía ajuste tras ajuste. En aquel momento expresé textualmente:
"Si cedemos ahora después embestirán contra la educación para hacerla privada, como ya los propuso Fiel; querrán la salud pública y tratarán de quedarse con el Banco de la Provincia. Porque si el establishment nos ve tan flojos exigirá todo a la Nación, a la Provincia y a los trabajadores, incluidos los estatutos profesionales y el aguinaldo".
Ahora, con un gobierno de mi partido, surge con más fuerza la iniciativa impuesta por el FMI de privatizar -se dice que en un 10 por ciento- el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El pretexto, en este caso, es "hacer más transparente" el manejo de nuestro Banco.
Como si fuera imprescindible que intervengan inversores privados (y obviamente extranjeros) para que las cosas se hagan con honestidad. Y como si no tuviéramos ejemplos de sobra sobre cómo los bancos privados manejan más que turbiamente los dineros del pueblo argentino.
Ni siquiera el hecho de que el Bapro esté protegido de la voracidad de los capitales especulativos trasnacionales por la Constitución provincial parece contener a los padres de esta iniciativa.
A tal extremo ha llegado el desprecio por nuestra pobre y maltrecha soberanía que tienen los organismos internacionales y sus disciplinados seguidores argentinos: la Constitución no es para ellos un mandato expresado por el pueblo sino un papel modificable según convenga a sus intereses.
Por cierto, no es una discusión novedosa. En 1895 el secretario de Estado de los Estados Unidos sostenía que su país era "soberano en el continente" y las naciones europeas decían que podían usar la fuerza e intervenir para cobrar sus deudas y proteger a los ciudadanos, amenaza que el Reino Unido y Alemania concretaron en 1903 con el bloqueo al puerto La Guaira, en Venezuela.
El argentino Carlos Calvo sostuvo a finales del siglo XIX algo que hoy tiene absoluta actualidad: que las inversiones extranjeras, contrariamente a lo que sostenían las potencias, debían estar sujetas a las leyes nacionales y que los Estados deben actuar de acuerdo con sus intereses aun cuando esto implicara el desconocimiento unilateral de las deudas.
Robert Freeman Smith, desde otro ángulo, comentó con desparpajo: "Era el clásico debate entre deudores y acreedores, desarrollados y subdesarrollados, débiles y fuertes".
Ahora pareciera que ni siquiera estamos ante ese "clásico debate", sino que, sin debatir, se nos presenta la exigencia de que vendamos, entre otras pocas cosas que nos quedan como herramienta del Estado para tener políticas propias, parte del Bapro.
Falta de debate, por otra parte, que muestra desfachatadamente cómo el FMI y los países que se apoyan en él para defender a sus capitales especulativos, nos consideran insubstanciales tenedores formales de un poder que sólo nos está permitido ejercer dentro de márgenes apenas decorativos. Un poder que, suponen, todo los que tenemos un mandato popular que cumplir estamos dispuestos a resignar.
Mi único poder es el voto en la Cámara de Diputados y no estoy dispuesta a cederlo ni a omitir su uso llegado el caso que la anunciada privatización del Bapro llegue a la Legislatura. Porque considero que es la forma tanto de responder a quienes me votaron pensando en un justicialismo celoso de la soberanía y de la justicia social, como de atender a mi propia conciencia y a mi ideología.
No se trata solamente de una postura principista. Es también el convencimiento de que el Estado provincial no puede desprenderse de ningún porcentaje de su potestad para dirigir sus políticas financieras, productivas y sociales. Es una actitud coherente con lo que planteamos en su momento en la Comisión Bicameral Jubileo 2000.
Es una respuesta al argumento perverso de que los argentinos no somos capaces de gobernarnos sin la tutela de los banqueros internacionales o sus aprendices locales, cuya actuación en los últimos tiempos muestra la corrupción con que manejan los dineros de los pequeños ahorristas y el desprecio por los problemas sociales que generó esta codicia desmedida. (AIBA)

(*) Diputada provincial PJ - Séptima Sección Electoral