El voto electrónico

Por Alberto Conde (*)

En los últimos días, el tema de la votación electrónica parece ganar adherentes en la Provincia de Buenos Aires. Esto supone suplantar el tradicional sistema de votación con urnas de madera o cartón y la conocida boleta electoral, por otro sistema donde la urna no es urna y la boleta no existe, se desmaterializa.
Según las versiones que circulan desde el Poder Ejecutivo este nuevo método para emitir nuestros sufragios tendría las características del sistema utilizado en Brasil en la última elección presidencial.
En contra de todas las opiniones a favor de este modelo debo expresar mis reparos, por diversos motivos.
Se puede afirmar, en base a datos obtenidos del "modelo Brasil", que el tiempo que dista hasta las elecciones provinciales no resultaría suficiente si se desea obtener un resultado satisfactorio, económico y, fundamentalmente, de claridad/calidad.
Digo esto porque el cambio de un sistema al otro no es algo que se pueda implementar en unos pocos meses, o mejor dicho, en el tiempo que resta hasta las elecciones provinciales; no sólo por cuestiones legales o tecnológicas, sino también por la necesidad de proveer a la población el conocimiento para el manejo de las urnas electrónicas. Ejemplo de ello es que Brasil viene trabajando en la implantación de este sistema desde el año 1996.
Merece una reflexión aparte el art. 61 inciso 2 de la Constitución Provincial donde se dice "Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos". Se hace necesario entonces un debate jurídico sobre si la votación electrónica está permitida por la Constitución y, simultáneamente, si la propuesta de modificación del código electoral permitiría este sistema. A menos que exista la absurda intención de atribuir a la información vertida sobre una pantalla de PC la significación socialmente asignada al término "boleta".
En cuanto a lo legislativo, implementar este sistema no sólo implica la reforma del código electoral provincial y algunas leyes, sino que abarca una legislación mucho más amplia. A modo de ejemplo debo citar que la legislación Argentina no tiene un adecuado contexto normativo referido a los delitos informáticos, los proyectos con Estado parlamentario en el Congreso Nacional pecan de miopía sobre lo que quieren normar. Y la barrera de división entre un delito informático y un delito electoral se vuelve bastante precaria en la votación electrónica.
Respecto al costo, si Brasil nos prestara las 30 mil urnas electrónicas que se necesitan para la Provincia (tienen un valor promedio de 350 dólares), el mismo podría dejar de ser un factor importante. Sin embargo, nunca pueden dejar de serlo la seguridad del comicio y la transparencia. Si bien es cierto que este sistema acarrea un ahorro acumulativo en sobres, boletas, etc.
El sistema utilizado por Brasil no es perfecto aunque es el mejor de los existentes actualmente, si bien se está lejos de la posibilidad -como se ha planteado- de que los datos vertidos sean inalterables. No todas las urnas electrónicas que se utilizaron contaban con una impresora que emitiera constancia del voto y cierre del comicio; eliminando la posibilidad del recuento.
Para que sea una alternativa segura y realmente efectiva, el voto electrónico debe cumplir con una garantía fundamental: impedir la alteración de los resultados. Si el software utilizado por la urna electrónica no es diseñado, probado y publicado en modo de código fuente, al igual que el usado para el recuento de votos, la seguridad no está garantizada.
Considero impensable desarrollar un proyecto serio en tan poco tiempo evitando que la votación electrónica se convierta en un negocio extraordinario para la empresa que logre en este escaso plazo otorgar (llave en mano) la solución informática necesaria, la cual seguramente promoverá la implementación de recursos no nacionales, teniendo nuestro sistema las mismas deficiencias que tiene hoy en día, desapareciendo simplemente la urna y la boleta.
Propongo, entonces, que la Provincia perfeccione el sistema de voto electrónico eliminado sus deficiencias, previéndolo para las elecciones del 2005 y no las que vienen, donde en todo caso se podría realizar una prueba piloto en un distrito pequeño, y legislando correctamente sobre la cuestión electoral y las adyacentes, para evitar vacíos legislativos.
Se sumaría a esta propuesta la necesidad fundamental de jerarquización de la Junta Electoral Provincial al mismo nivel que los TSE en Brasil o el IFE Mejicano, como organismo totalmente autónomo a cargo de todo lo referente a la elección, inclusive el procesamiento propio de los datos o mediante la firma con otros organismos estatales o universidades.
Además, como la tecnología involucrada no necesita grandes inversiones, es simple y poseemos los recursos humanos y tecnológicos para que todo se realice en nuestro país, el voto electrónico debe enmarcarse en un proyecto a mediano plazo logrando así la independencia de terceros y el crecimiento de la industria tecnológica nacional, garantizando la transparencia, seguridad y claridad de la elección.

(*) Senador provincial por la UCR

(AIBA)