Cómo
se defiende a los partidos políticos
Por
Eduardo Sigal (*)
No
existe una normativa de la actividad política que sea válida
para todo tiempo y lugar. La reforma política en la Argentina
actual tiene que pensarse y ejecutarse en el particular contexto que
constituye la enorme brecha generada entre sociedad y política,
y apuntar a una recuperación de la credibilidad de nuestras
instituciones. Esto no significa agitación demagógica
de temas caros a la opinión pública, sino sensibilidad
respecto de sus demandas.
Parece ser que un importante sector de la dirigencia política
ha resuelto adoptar una posición defensiva respecto de los
actuales partidos políticos, sobre la base del argumento de
evitar su progresivo debilitamiento. El peligro es que se confunda
la defensa de los partidos políticos con el abroquelamiento
de aquellos que hoy existen, y la defensa de prácticas que
tienen más que ver con el espíritu de corporación
que con el universalismo democrático.
Si la reforma que se impulsa persiste en este conservadurismo, se
estará ayudando inmejorablemente a quienes quieren efectivamente
erosionar la institucionalidad política y debilitar aún
más a los partidos frente a los poderes de facto.
En nuestra Provincia, el gobernador Felipe Solá había
lanzado la reforma como un programa de renovación profunda
y estructural. Ese impulso se ha ido agotando y hoy ocupan su lugar
reformas leves e insustanciales.
Así, las invectivas contra las "listas sábana"
no han sido acompañadas por proyectos de modificaciones en
el régimen electoral que incluyan, por caso, la combinación
de la representación proporcional con la creación de
circunscripciones uninominales capaces de facilitar un vínculo
más cercano entre el elector y los representantes.
Con el argumento de que para renovar todos los cargos electivos hace
falta una reforma constitucional, se ha quitado el punto de la agenda.
¿Por qué no hacer una reforma constitucional en la Provincia
si puede hacerse por el sistema de enmiendas sin necesidad de convocar
una constituyente? Si hay voluntad de atender el reclamo mayoritario
de la sociedad, existen los caminos.
No se modifica, tal como se anunció en algún momento,
la bicameralidad del Poder Legislativo. El argumento de la necesidad
de balancear la representación de Conurbano e interior es inconsistente:
basta arbitrar un sistema de elección de la Cámara única
que asegure ese equilibrio para resolver el supuesto problema y agilizar
el funcionamiento parlamentario.
Se establecen internas abiertas para los partidos, obligatorias para
éstos pero optativa para la ciudadanía; resulta lógico
prever que los aparatos que conducen los partidos podrán asegurarse
resultados positivos en estos comicios, lo que sería menos
seguro si el voto popular fuese obligatorio.
No se avanza hacia una mayor flexibilidad para que puedan presentarse
listas de candidatos no pertenecientes a partidos políticos
ya reconocidos, con lo cual se obtura una excelente posibilidad de
mejorar la competencia política y renovar a la dirigencia.
Todo indica que las grandes maquinarias partidistas están haciendo
pesar su lógica en la discusión de la reforma política.
Ese es un rumbo equivocado y peligroso, ya que abre la posibilidad
de un mayor distanciamiento de la población respecto de las
opciones políticas con el consiguiente debilitamiento de la
democracia republicana.
Todavía estamos a tiempo de retomar el impulso original. Para
defender a los partidos es necesario renovarlos, ampliar la oferta,
favorecer la participación ciudadana y terminar con las prácticas
clientelistas y prebendarias que desvían recursos públicos
a favor de caudillos y corrientes internas.
(*) Presidente del Bloque del Frente Grande de la provincia de Buenos
Aires.