LA DESCENTRALICACIÓN DE LA SEGURIDAD: UN DEBATE IMPOSTERGABLE

Por Raúl Pérez (*)

La Seguridad está enraizada en la idea del Estado de Derecho, a la cual se encuentra sometida y condicionada, en su misión de proteger a la sociedad mediante el control de la criminalidad y la violencia.
Cuando afirmamos lo anterior estamos esbozando que CONVIVIR EN PAZ requiere: fortalecer la autoridad policial, agilizar la justicia, comprometer a la comunidad, garantizar el control ciudadano y utilizar el presupuesto de la seguridad en forma eficiente para garantizar su eficacia.
En este marco, consideramos que todos los esfuerzos que se dispongan para disminuir la criminalidad y la violencia no debe dejar de lado ningún aspecto. Por ello, sostenemos que debe comenzarse por definir la participación de la Institución Municipal en el control estatal de la gestión regional de la Policía y la represión del delito.
La lucha contra el delito es una lucha colectiva. Incentivar el compromiso de la comunidad promoviendo un rol más activo, extendiendo los mecanismos actuales de participación, y garantizando el control ciudadano sobre el comportamiento ético y moral de la policía en pos de impedir cualquier abuso de autoridad, es un objetivo que está muy cerca de poder cumplir la autoridad municipal.
Los argentinos, en general, estamos muy acostumbrados a dar ejemplos de las sociedades que integran el primer mundo cuando queremos marcar las diferencias con nuestro accionar; entonces el debate acerca de la descentralización de la seguridad en los municipios puede abordarse con esos mismos ejemplos.
En Europa Occidental y en los Estados Unidos de Norteamérica existen organismos de Policía controlados por las autoridades de la Comuna en donde los índices delictivos se mantienen estables o bien tienden a disminuir demostrando así la eficiencia de gestión en esta materia.
Cuando nos planteamos el control comunal nos estamos diciendo que descentralizar implica la creación de otra fuerza distinta a la actual, como tampoco estamos diciendo que es necesario funciones para que se superpongan con otras, y en definitiva sea el contribuyente quien deba pagar los abusos del estado y la criminalidad aumente. Estamos diciendo que el presupuesto en materia de seguridad debe ser utilizado en forma eficiente para que sea eficaz y los bonaerenses puedan convivir en paz.
Estas acciones deben ir acompañadas en la recreación y mantenimiento de los Foros de Seguridad en los distritos porque son Instituciones eficientes para supervisar el accionar policial, que garantizan la generación de propuestas e iniciativas que redundan en el mejoramiento de la seguridad pública.
El apoyo a la autoridad policial debe ser sin prejuicios, separando a aquellos que cometen delitos por los mecanismos que indique la Justicia. Para ello las Jefaturas Departamentales deben coordinarse con la jurisdicción del Intendente dentro de un área que haga mas operativa y transparente la misión del policía en el territorio.
Esto también permitirá que más agentes tengan presencia en las calles para la prevención del delito y menos cumplan tareas administrativas u otras que los alejen de su función. Ello requiere la diagramación de un Plan Penitenciario Bonaerense en donde se incluya la creación de cárceles y/o alcaldías que alojen y trasladen a los detenidos en comisarías- que hoy se cuentan por miles-.
El equipamiento y la capacitación de los miembros de esta fuerza debe analizarse y estar inmerso en la nueva política de seguridad que planteamos en este debate.
Por otro lado, la fuerza provincial y el gobierno de la provincia organizarán y supervisarán fuerzas especiales para luchar contra los delitos complejos. Se capacitará a los policías en tareas de investigaciones científicas para el rápido esclarecimiento de los delitos en pos de ayudar a la justicia en sus misiones. Los trabajos de prevención y anticipación del delito son imposibles sin un claro desarrollo de las tareas de inteligencia contra el delito.
Los Institutos y Academias Policiales cumplirán un rol fundamental en el perfil del egresado que se pretende, debiendo cambiar la estructura curricular apelando a especialistas en la materia. Así la Policía Provincial con su experiencia y capacidad contribuirá a mejorar las acciones que debe realizar para cumplir su misión. Finalmente se deberá crear un departamento idóneo en control de gestión policial que no sólo intervendrá ante la presunta comisión de hechos de corrupción, sino que ayudará a mejorar y trasparentar la calidad de gestión administrativa desde abajo hacia arriba, desde la comisaría hasta la jefatura.
Las fallas estructurales de una sociedad, pobreza, falta de trabajo y educación, seguirán siendo el germen inevitable del aumento del delito común. Los delitos globales, tráficos en todas sus variantes y aquellos altamente sofisticados serán materia de otro análisis.-
A pesar de que el Estado tiene la obligación de generar condiciones de vida dignas en el desarrollo de una sociedad, también tiene la obligación de brindar seguridad. No se le puede pedir a los responsables de la seguridad que generan ocupación y pleno empleo.
Esto último esta destinado a no entrar en un debate de garantistas o mano dura, flexibilización o gatillo fácil, todo eso no contribuye a la búsqueda de una mejor solución. Quienes son responsables en cada área tienen el deber de gestionar bien, y gestionar bien significa hacerlo con transparencia y resultados positivos.

(*) Diputado de la provincia de Buenos Aires por el justicialismo