Por Jorge Carlos Brinsek

BUENOS AIRES, 24 ENE (AIBA-INFOSIC). La Argentina probablemente sea uno de los pocos países en el mundo donde se pagan tasas exorbitantes ya sea por un préstamo bancario o por financiar las compras con tarjetas de crédito.
El argumento que esgrimen los bancos y entidades financieras para justificar tremendos desfases (cobran por mes lo que en otras partes se paga en un año) es que se hallan desprotegidos, o bien presionados por la legislación local.
Concretamente los bancos están obligados a mantener una gran cantidad de dinero inmovilizado (encaje) como garantía de su solvencia, lo cual encarece el crédito. En el caso de las tarjetas, las entidades están desguarnecidas frente a los deudores, ya que no tienen facultad ejecutiva para cobrarles sumariamente a los morosos.
Ahora el Gobierno estudia encuadrar los resúmenes de las tarjetas de crédito dentro de la categoría de documentación bancaria ejecutable judicialmente, tal cual un cheque o un pagaré. Es justo que así sea, pero la contrapartida tiene que venir de las instituciones emisoras rebajando significativamente los gastos e intereses que cobran por sus servicios.
Sucede que no existe proporción en un país sin inflación, y aún con deflación, que se paguen intereses del orden del 50 por ciento anual para cualquier compra en cuotas, a lo que se suma el IVA, y una serie de ítems que nadie entiende, pero que hay que oblar, que terminan duplicando el valor del artículo según las mensualidades en que se convenga saldarlo.
Como se dijo más arriba, eso sólo puede comprenderse si, frente a un incumplimiento de pago, la cobranza resulta imposible, lo que hace necesario abultar intereses para tener un fondo de reserva para afrontar esas situaciones.
Pero si se da el visto bueno para que un banco le pueda rematar a un moroso su casa si no paga el resumen, no se justifica entonces semejante carga en los intereses o costos "administrativos" que implica el manejarse con dinero plástico.
Lo mismo ocurre con los bancos en lo que hace a los préstamos y al dinero en descubierto, esos montos que los clientes están autorizados a utilizar cuando sus cuentas corrientes están exhaustas y que luego terminan siendo más caros que si hubieran caído en las fauces del peor de los usureros.
Los negocios lo son cuando resultan aceptables para todas las partes. Pero si alguien se queda con la porción más grande de la torta y el resto comparte las migajas y paga por la torta entera, entonces algo anda mal.
La clave del retroceso argentino, fuera del tremendo gasto público y la ineficiencia intrínseca de su administración, es precisamente el alto costo del crédito, lo cual hace imposible generar producción y mucho menos desarrollar el consumo.
Comprar con tarjeta de crédito puede ser un buen mecanismo si el beneficio es equilibrado y ecuánime tanto para el que vende, como para el que compra y desde luego para el que financia.
Pero si este último se queda con la parte del león, como se dijo más arriba, las cosas difícilmente cambiarán sea cual fuere la legislación que se ponga práctica.