Un ajuste peligroso

LA PLATA, 2 MAY (AIBA). Reiteradamente hemos advertido desde esta columna sobre la ineficacia de las políticas de ajuste sobre ajuste para cubrir el desequilibrio de las cuentas públicas, ya que siempre se termina afectando a la población común, achicando aún más el mercado interno, con lo que se golpea duramente al aparato productivo. Así se profundiza la caída de la actividad económica y se reduce, lógicamente, la recaudación fiscal, lo que obliga a los técnicos de Economía a inventar nuevos tributos para reducir el déficit y el país permanece entrampado en un círculo vicioso.
En abierta contradicción con sus primeras promesas, el ministro Domingo Cavallo anunció el viernes un nuevo y violento apretón impositivo que castiga a las capas medias de la población y pone en riesgo la subsistencia de actividades periodísticas y culturales.
Las medidas tendientes a la reactivación y al crecimiento de la economía -único camino para aumentar los ingresos del Estado- siguen pendientes de instrumentación. Ahora el Tesoro aspirará unos tres mil millones de pesos (según las estimaciones de Economía) del sector privado, con la intención de garantizar a los acreedores externos que el país cumplirá con sus compromisos, mientras fronteras adentro se agudizará la recesión y el sufrimiento de la gente.
Además, la imposición del IVA al precio de los diarios y revistas amenaza seriamente la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas periodísticas, lo que constituye un ataque más a la pluralidad informativa.
La extensión de este impuesto puede ser un golpe mortal a distintos medios que venían soportando mes a mes quebrantos económicos debido a la depresión económica, que llevó a la caída de las ventas de ejemplares y de los niveles de publicidad, y al constante aumento de sus insumos. Esta situación no le es desconocida al Gobierno, por lo que es evidente que poco le preocupa la pluralidad informativa, una de las bases de la democracia.
La voracidad fiscal no respetó esta vez ni la libertad de prensa ni la cultura, pero sí a los llamados "gastos políticos". Las legislaturas provinciales y las cámaras nacionales mantienen su nivel de gastos, incluyendo los reservados, más allá de medidas de maquillaje para disimular ante la opinión pública.
Esto revela a las claras que el Gobierno no tiene entre sus objetivos el desarrollo de la Argentina, sino que se limita a recaudar por el modo que fuera los fondos que necesita para conformar a los acreedores internacionales y mantener el statu quo de poder político vigente, lo que incluye el mantenimiento de las prebendas e irritantes privilegios a costa del sacrificio de todos los argentinos.
No hay valentía para enfrentar a los poderes que se benefician con el modelo actual ni imaginación para idear alternativas capaces de poner al país en la senda del crecimiento.
La administración del doctor Fernando De la Rúa ya introdujo seis ajustes en un año y medio, logrando solamente que la recesión se convirtiera en depresión y que, diariamente, miles de ciudadanos ingresaran en la flagelada legión de la pobreza y la marginalidad. En tanto, la principal oposición sólo mostró fortaleza y decisión para atacar a la Justicia cada vez que insinuaba avanzar sobre las investigaciones de hechos de corrupción.
En ese marco, las únicas esperanzas están depositadas en la capacidad potencial del pueblo argentino, que continúa esforzándose para construir un país mejor con su trabajo cotidiano, tratando de aportar lo suyo para salir de la crisis, a despecho de los recurrentes errores de los miembros de la clase gobernante, que sigue exclusivamente pendiente de sus ambiciones, sin pensar nunca en las necesidades de la población, que es, aunque parezcan no reconocerlo, la única fuente de legitimidad del poder que hoy, circunstancialmente, detentan.

(*) Editorial del matutino "El Popular" de Olavarría.