Argentina aniquilada

Por José Enrique Velázquez

Alguna vez el país asistió a una fuerte y tardía polémica debido a la utilización de la palabra "aniquilamiento" en un decreto que firmara quien era senador, Italo Luder, presidente transitorio de la Nación durante la gestión Justicialista de los años 70, que finalizara de manera abrupta el 24 de marzo de 1976 con el golpe militar que implantó la dictadura más sangrienta de toda la historia argentina.
Aunque el verbo "aniquilar" tiene una serie interminable de sinónimos, su significado más cruel parece ser el que interpreta un proceso cuyo objetivo sería el aniquilamiento del país.
Y ese aniquilamiento se advierte claramente en la grave situación política, económica y social que padecemos, pero que tiene su expresión más elocuente en el crescendo de la violencia urbana con constantes asesinatos de policías, que en los primeros meses del año ha dejado una secuela de víctimas propias de países en guerra.
El criminal accionar de bandas de delincuentes que se han apropiado de aquella expresión "aniquilar" en sus acepciones más feroces, como matar, ejecutar, exterminar, exhibe con macabra elocuencia una grave fractura en la sociedad que se vio claramente reflejada en el secuestro extorsivo del hermano del crack de fútbol, Juan Román Riquelme. El jugador y su familia, conocedores de los códigos villeros y de los ámbitos marginales, se negaron rotundamente a dar intervención a la policía y negociaron en forma directa con los secuestradores, pagando rescate y recuperando con vida al joven Cristian Riquelme. A su modo -entendible porque privilegió la vida de su hermano-- Riquelme confirmó que en la Argentina de hoy existen dos tipos de leyes o de justicia: la ley escrita o formal, la ley de quienes aún se mantienen dentro de las reglas "de mercado" y la ley de la marginalidad, que tiene sus específicos códigos. Junto con este fuerte quiebre en dos de la comunidad, surge una cultura o subcultura que instala a la policía como enemiga de los sectores más carenciados. Y enemiga en la concepción típica de la guerra, donde matar es el objetivo lógico e inevitable.
También es cierto que a esta subcultura se llegó por múltiples motivos. Seguramente uno de los más importantes tiene que ver con la dictadura militar de los ´80, que instaló el terror entre los argentinos y logró terminar con aquel espíritu solidario que prevalecía hasta entonces. Pero también tiene relación directa con el tremendo empobrecimiento que padeció nuestro pueblo en los últimos cinco ó seis, producto del desgobierno postrero de Carlos Menem y llevado hasta el paroxismo por la ineficacia ilevantable del "gobierno" de la Alianza. Y no es un dato menor en el análisis el convencimiento que tiene gran parte del pueblo sobre la corrupción que impera en los más altos estratos del poder, sea del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del sindicalismo y del poder económico (parte ésta fundamental para que todo acto de soborno o cohecho se pueda concretar). Estos factores, combinados, generan una deletérea mezcla explosiva cuya detonación se está advirtiendo en estos graves momentos. El secuestro express, copia local de la moda impuesta en Colombia y que está en franco auge en Brasil, sobre todo en San Pablo (donde se registra un secuestro seguido de muerte cada 36 horas) es una muestra cabal de las consecuencias de aquella mezcla.
Sólo la intervención atinada del Estado, desde la protección social y el incremento de la educación, el crecimiento de la economía con creación de puestos de trabajo y -también- la acción represiva y preventiva de las fuerzas de seguridad, como el esencial aporte de legisladores y jueces, pueden poner coto a esta escalada de violencia que coloca a Argentina en riesgo de ser aniquilada.
Pero nuestros antecedentes (nuestro prontuario, diría un autocrítico dirigente político) no ayudan para salir con prontitud de esta verdadera trampa del destino. La inopinada prisión de Domingo Cavallo -es posible que sea merecedor de estar encarcelado, pero no por el affaire de las armas-- es una muestra de nuestro contumaz carácter y hacen dudar al mundo sobre nuestra decisión de cambiar. No es menor la responsabilidad de los medios de comunicación, cuya actitud parcial se ha puesto en flagrante evidencia con el tema del dólar: cuando crecía hasta niveles exasperantes sus valores eran difundidos como la temperatura o la hora, lo mismo que las filas y aglomeraciones en el microcentro porteño; ahora, que ha caído -en mucho, desde aquel tope de 4 pesos hasta los actuales 2,60-- casi no existe como información.
El Fondo Monetario Internacional, convertido hoy en auditor universal, y los Estados Unidos (¿gendarme del mundo?), han decidido castigarnos ejemplificadoramente. Es posible que los argentinos nos merezcamos este padecimiento al que somos sometidos por los errores cometidos a todo nivel. Pero la implacable actitud del FMI y de su verdadero patrón -USA-- que hoy exhiben, no se condice con la blandura que tuvieron durante toda la gestión de Menem, ni con la condescendencia exasperante que mostraron mientras hacía sus desaguisados la Alianza en el poder. Los gravísimos dislates de muchísimos dirigentes argentinos sumados a las dramáticas equivocaciones propias de los técnicos del Fondo nos han llevado a un punto de no retorno, donde cualquier error puede tornarse en irreparable y aniquilar definitivamente al país.
La pretensión de los burócratas funcionarios del FMI de expulsar del Estado a más de 450 mil empleados o de bajarles los sueldos de manera dramática o eliminar de un plumazo los innumerables bonos que proliferan en las provincias (que han conseguido mantener a duras penas la cadena de pagos), apunta visiblemente en la dirección incorrecta. Cualquiera de esas medidas contribuiría, de manera exponencial, a transformar en un verdadero caos la dramática crisis que vive Argentina. Sin embargo, en las últimas reuniones parecerían haber comprendido mejor la real situación social del país y habrían flexibilizado levemente su postura.
El gobierno nacional, que parece buscar la concreción de un Pacto similar a los de la Moncloa, no puede desconocer la dura realidad de las provincias -menos que nadie el presidente Duhalde y el ministro Remes Lenicov-- ni exigirles lo imposible. Salvo que la instalación en los lugares de mayor poder del país haga olvidar las experiencias vividas y las razones de porqué estamos como estamos. En tal caso, la Argentina aniquilada sería una tétrica realidad. (AIBA)