Prisión perpetua para quien mate un policía

Por Felipe Solá (*)

No se trata de discriminación. Se trata de proteger al Estado de quienes le disputan el monopolio de la fuerza y amenazan la integridad de nuestra sociedad.
Nadie que mate a un policía, una vez aprehendido, puede recuperar su libertad. No se trata de que haya muertos que valgan más que otros. Se trata de que la muerte de un policía es un crimen contra el Estado, un disparo al corazón de su razón de ser: el monopolio de la fuerza, para proteger la convivencia social.
Si los responsables de garantizar el orden y de proteger en nombre del Estado a la comunidad, pueden ser asesinados impunemente y sus victimarios gozar de beneficios procesales que les permitan alguna vez recuperar la libertad, el Estado mismo -como expresión de una comunidad civilizada y democrática- terminará de suicidarse.
Los asesinos de policías deben saber que, de ser detenidos, habrán de morir en prisión. En concordancia con esto, todo delito cometido contra la integridad física de un policía en ejercicio de sus funciones deberá tener penas más graves que los que afecten al común de los ciudadanos. Una vez más, no se trata de discriminación a favor de los uniformados, se trata de proteger al Estado -de una vez por todas asumámoslo como propio y necesario- de quiénes le disputan el monopolio de la fuerza.
Normas que tipifiquen y jueces que sancionen estos hechos, se hacen hoy imprescindibles. ¿Resolveremos con esto la profunda crisis que afecta a la seguridad pública? Definitivamente no. La crisis es sistémica y no deja a ninguno de los actores fuera de su alcance corrosivo. La justicia, la ley, el sistema carcelario, la participación comunitaria y la misma policía son sujetos de una crisis íntimamente ligada al desquicio institucional sufrido por la República, desde la instalación -noventa años atrás- de la democracia moderna.
Así como no recrearemos la confianza pública en los dirigentes con la "política espectáculo", ni el prestigio de los jueces con "la justicia mediática", tampoco restauraremos la seguridad a golpes de efecto o con medidas destinadas a saciar temporalmente la vindicta pública. Nuestra sociedad reclama acciones y no actuaciones, políticas de Estado y no respuestas ventajeras montadas en el último sondeo de opinión.
Atropellos totalitarios, democracias fraudulentas o contaminadas de autoritarismo; crímenes atroces cometidos desde el Estado prostituyendo sus instituciones a los ojos y vista de una justicia ciega de complicidad y una sociedad reaccionando solo al borde de su disolución, son una carga demasiado pesada como para aliviarla mágicamente.
Proponemos sólo un punto de inicio que permita reconstruir la autoridad de un Estado anémico y desmantelado. Que los delincuentes sepan que matar un policía acarrea la pérdida definitiva de la libertad, porque si el Estado quiere sobrevivir, no puede tolerar que se le dispute abiertamente el monopolio de la fuerza que una comunidad democrática le delega.
Para que nadie suponga que ignoramos los hechos de corrupción y los crímenes que han dañado seriamente la confianza entre la policía y los ciudadanos, proponemos también que sean sancionados más severamente, llegando incluso a la prisión de por vida, los delitos cometidos por funcionarios policiales.
No habrá soluciones mágicas, ni sirven las reacciones espasmódicas si no se enmarcan en una estrategia integral de abordaje de la crisis que afecta a la seguridad pública, incluidas especialmente la lucha contra la pobreza y la inequidad social. Pero por algún lado hay que empezar y no está mal que lo hagamos protegiendo a la institución policial -incluso de aquellos que la deshonran- para detener una sangría que de continuar amenaza con transportarnos, sin retorno, a la ley de la selva.

(*) Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

(Especial para Aiba)