Una chance para reformar el financiamiento de la política

Por Ricardo Vázquez (*)

El desprestigio de la política y el descrédito de los partidos políticos, el "divorcio" entre la política y la sociedad, la pérdida de confianza en los representantes y la caída de su credibilidad, el desinterés acerca de los asuntos públicos, la falta de participación en política y las recurrentes "crisis", son algunos de los elementos que caracterizan el marco político actual.
La reforma política es una asignatura pendiente con la sociedad. Por ello la impulsamos, para que la sociedad recupere confianza y credibilidad en la política. La asignatura pendiente consiste en lograr que una mayor credibilidad y confianza en la propia actividad y en los actores políticos principales, reconstruya un nuevo nexo social que potencie, alimente y mejore la calidad del sistema político en el que nos toca vivir.
Se trata, entonces, de encarar de forma integral el mejoramiento de la calidad del sistema democrático argentino. El compromiso de fin de siglo de los líderes políticos consiste en elevar la calidad de la política y devolverle la excelencia a su ejercicio.
El reencuentro de la ética con el ejercicio de la política constituye además un imperativo que sólo puede darse dentro de la democracia. Las relaciones entre el dinero y la política no escapan tampoco a los estándares de la ética.
Si no se rompe el círculo vicioso de los pocos y grandes intereses económicos financiando la actividad política para poner en marcha políticas públicas que no lesionen su conjunto específico de intereses, continuaremos ampliando la brecha de desigualdad de oportunidades que marca indeleblemente el desarrollo reciente de nuestra región.
Entonces, se busca dotar de normas con el mayor nivel de transparencia a la actividad política, porque no procuramos solamente conductas ejemplares, sino también mejorar las normas, las reglas, las leyes que vayan acercándonos a los estándares de una democracia más perfeccionada, más plena, más participativa.
Uno de los principales cuestionamientos de la sociedad está dirigido al financiamiento de la política, de los partidos y de las campañas electorales. Es esencial la transparencia e información que los ciudadanos tengan acerca del origen de los fondos que sostienen a los partidos políticos, como así también el uso que los partidos hacen de esos fondos.
Los aportes privados han sido históricamente la principal fuente de recursos de los partidos políticos. El sistema de financiamiento basado en fondos privados, sin limitación alguna, ha generado serias objeciones desde el punto de vista de los principios democráticos. Se ha sostenido que, a través de la donación de fondos para la campaña, lo que se compra es influencia sobre futuros gobernantes, lo que haría que los electos fueran menos representantes del pueblo y más voceros de los intereses de quienes contribuyeron a solventar la campaña, a decir de Norberto Bobbio el "poder invisible".
En relación con el financiamiento público, la idea ha estado inspirada en la necesidad de democratizar las campañas electorales, corrigiendo los desfasajes y problemas generados por el financiamiento privado. El financiamiento público busca garantizar un piso de igualdad en la competición electoral, evitando que las chances de los ciudadanos dependan exclusivamente de su capacidad de recaudación o de su fortuna.
El financiamiento público también tiene algunas desventajas: si el grueso de los gastos de los partidos fueran solventados con fondos públicos, se produciría una relación de dependencia con el Estado..
Por todo ello, es esencial determinar a la luz del día el origen, los medios, las formas y los fines del dinero en la financiación de la actividad política. En conclusión, la respuesta acertada parece la combinación del financiamiento público con el de origen privado.
Por lo expuesto, el sistema de financiamiento que se propicia es mixto, conformado por aportes públicos y privados.
Respecto de la disminución del gasto público para campañas electorales, el aporte que reciban los partidos políticos para la campaña electoral no podrá ser superior a 2 pesos por cada voto obtenido en la última elección.
Los aportes que se deben prohibir son las contribuciones o donaciones anónimas; de entidades autárquicas o descentralizadas; de empresas o personas físicas que exploten juegos de azar; de gobiernos o personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia en el país; de asociaciones sindicales, patronales, profesionales y cámaras empresariales; de personas que hayan sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores.
También se establecen límites cuantitativos a los aportes privados.
Con respecto a la financiación privada, la limitación en los montos de los aportes ha sido la solución ideada para evitar la influencia de los grandes contribuyentes, extendiendo la base de aportantes de los partidos y los candidatos. No obstante, el tema central es lograr mayor transparencia. Resulta, por ello, indispensable que se prohiba el anonimato de las donaciones y que se evite la adopción de reglas que indirectamente implican el encubrimiento del origen real de los fondos. La transparencia y el control sólo se logran si se investiga en todas las etapas e instancias del proceso del financiamiento de los partidos. La información requerida debe incluir muy especialmente los gastos de los partidos o candidatos. En suma, con estas propuestas, las próximas campañas electorales habrán de ser más cortas, más baratas y más transparentes. (AIBA)

(*) Diputado nacional UCR - Buenos Aires