Reforma política y reforma de los partidos políticos

Por Daniel J. Filloy (*)

En estos días en que se discute la reforma política como uno de los resortes de la necesaria renovación de las instituciones, hemos conocido la iniciativa del gobierno nacional, precedida por algunos partidos políticos, de proceder a una reorganización integral de los partidos, comenzando por la declaración de caducidad de todas las afiliaciones, debiendo procederse a la reafiliación general de todas las fuerzas políticas nacionales.
Se argumenta que existen graves deformaciones, padrones excesivamente inflados, afiliaciones dobles o triples, y un sistema corrupto que permite a quienes lo administran arbitrar la distribución de cargos y candidaturas. Muchas de estas calamidades son reales. En consecuencia, la reforma propuesta para los partidos políticos constituye un desafío y una gran oportunidad.
Sin embargo, la situación descripta se ha originado en una práctica del clientelismo político que permitió a dirigentes inescrupulosos incluir afiliaciones en los padrones partidarios a cambio de ventajas o dádivas. Así, contratos, planes de empleo, bolsas de comida, chapas o colchones se canjeaban por fichas de afiliación, luego empleadas para ganar votos en las internas partidarias. El afiliado normal, el hombre comprometido con la idea política, o con la tradición partidaria fue perdiendo incidencia porcentual en los padrones, para ser paulatinamente reemplazado por una multitud de personas que poco o nada tenían que ver con el ideario político, y en cambio, militaban en la lucha por las migajas del poder que se repartía en forma de ayuda social otorgada a cambio de votar sin saber a quién en una interna que poco o nada les importaba.
Por otra parte, esta multitud desprovista de apego ideológico, no tenía escrúpulo para participar simultáneamente en las elecciones internas de otro u otros partidos, eso sí, siempre a cambio de alguna ayuda. De allí a la participación cruzada de dirigentes de un partido en el otro, prestando para la ocasión la "tropa propia", a la espera de reciprocidad en casos análogos, hubo sólo un paso. Y ese paso fue una pena.
Las elecciones internas así planteadas dejaron de ser un procedimiento idóneo para seleccionar los mejores candidatos y los mejores dirigentes políticos, para transformarse en una competencia de aparatos donde el que tenía más recursos y más poder tenía las mayores posibilidades de triunfo, aunque sus candidatos no fueran los mejores. Ello condujo al lógico desánimo de los verdaderos afiliados, que se fueron apartando paulatinamente de la concurrencia a los comicios internos, impotentes para modificar, por sí mismos, este estado de cosas.
Por todo ello, la reforma y la caducidad de las afiliaciones es una valiosa iniciativa que debe ser calurosamente saludada. Sin embargo, permitir una reafiliación sin condiciones permitiría a los que han venido usufructuando este sistema reproducirlo más temprano que tarde, y sin mucha dificultad, al tiempo que la mayoría de los afiliados auténticos, los ideológicos, difícilmente volverían a inscribirse, con lo que el problema lejos de arreglarse se agravaría.
Por lo tanto, proponemos un procedimiento de inscripción en los partidos políticos completamente fiscalizado por el Estado. En efecto, los partidos políticos son instituciones fundamentales de la república. A ellos les corresponde la postulación de los candidatos a los cargos públicos electivos. su organización y funcionamiento está previsto en la Constitución y regulado por ley, tanto en la Nación como en la Provincia.
Por ello, el régimen de su afiliación es asunto de interés público que no debe quedar librado a las corruptelas y a las picardías. En tales condiciones, sostenemos que la afiliación de cada ciudadano a un partido político o a ninguno, es un dato que debe ser relevado conjuntamente con el resto de los datos de identidad, por los Registros de las Personas, en cada provincia, en el mismo momento en que cada ciudadano realiza un trámite de cualquier naturaleza, ya sea su enrolamiento, cambio de domicilio, matrimonio, obtención de documento, etcétera.
Los datos así obtenidos deberán ser informados periódicamente por los registros locales a la Secretaría Electoral de cada distrito, y con estos datos se formaría un registro permanente de afiliación a los partidos políticos completamente depurado y actualizado en forma constante, dado que también se informarían cambios de domicilio, defunciones y eventuales renuncias a la afiliación o cambios de pertenencia, con lo que al darse de alta a un ciudadano en un partido, simultáneamente se lo da de baja en otro al que perteneciera antes, impidiendo que, como ocurre en la actualidad, un ciudadano pueda revistar al mismo tiempo en varios partidos políticos diferentes. El trámite debería ser simple, rápido y completamente gratuito, y desde luego estrictamente personal y con la acreditación de identidad fiscalizada por los funcionarios públicos a cargo de cada delegación del registro.
En esta primera etapa, ante la necesidad de reafiliar a un gran número de personas, sería necesario organizar algunos operativos especiales, pero una vez pasada esta contingencia, el sistema funcionaría automáticamente así como se va confeccionando el padrón electoral con las altas y bajas que se comunican permanentemente. El bajo costo que este sistema ocasionaría es imputable a la obligación constitucional de sostener el funcionamiento de los partidos políticos.
Si se avanzara en un camino tradicional, dejando abierta la puerta a las prácticas habituales, la Nación habría desaprovechado una inmejorable oportunidad para poner a los partidos al servicio de la actividad política entendida como la búsqueda del bien común. (AIBA)

(*) El autor es diputado provincial de la Unión Cívica Radical.