EL PRESUPUESTO HECHO AÑICOS

Por Jorge Aristi

Sólo diez días bastaron para que el gobierno bonaerense caiga en la cuenta de que las previsiones de gastos e ingresos que quedaron plasmadas en la ley de presupuesto que votó la Legislatura bonaerense devinieron en un cúmulo de metas y objetivos incumplibles.

"Sólo nos hemos comprometido una meta en el déficit, pero no la de gastos, ni la de ingresos y esas las deberemos reformar", dijo el gobernador Felipe Solá durante su estadía en la ciudad de Bahía Blanca. En la misma conferencia se comprometió a no echar gente del Estado -esto ya se lo había afirmado al propio representante del FMI Anoop Singh- y advirtió que si la Suprema Corte de Justicia provincial no le avala la ley que podó el presupuesto educativo provincial tendrá que recortar salarios en forma generalizada.

El viernes, fue el propio ministro de Economía de la Provincia, Gerardo Otero quién aseguró que tendrá muchas dificultades "para reducir el déficit en un 60 por ciento". El año pasado la Provincia gastó 2.900 millones más de lo que recaudó y en el presupuesto de este año se comprometió a gastar sólo 1.073 millones más que el dinero que le entre.

Ese déficit, por estos días es una línea traspasada por las circunstancias. La inapelable baja de la recaudación deja una brecha insalvable en los números de la Provincia. El mismo motivo hunde la coparticipación nacional -por ejemplo la Nación todavía no coparticipó un centavo del impuesto al cheque-.

La recaudación en el primer trimestre cayó un 32 por ciento respecto del mismo período del año pasado -40 por ciento en enero, 30 por ciento en febrero, y 25 por ciento en marzo-. En abril la historia había cambiado y según Economía la recaudación estaba un cinco por ciento por encima de las previsiones para estos meses. El feriado cambiario y bancario trastocó todos los planes y la Provincia perdió 150 millones. Esa cifra es la que se recauda en una semana, pero la certeza de los funcionarios de economía indican que un gran porcentaje de ese dinero ya no volverá a ingresar a la Provincia, "porque la gente la gasta en otra cosa". Así las proyecciones de recaudación que tenía Otero sobre su escritorio, las mismas plasmadas en el presupuesto, se hicieron añicos.

También en Bahía Blanca Solá dejó un adelanto de lo que ni él mismo quiere imaginarse; dijo que si la Justicia no le deja aplicar la ley de ajuste educativo tendrá que producir un recorte generalizado del sueldo de todos los trabajadores estatales.

Sobre este punto, también Otero dejó una precisión "si uno observa el presupuesto ve claramente que el 65 por ciento del gasto se va en salarios".

El gobierno bonaerense se debate en una disyuntiva esencial, meter mano en los salarios -ya recortó horas extras y las cambió por las URPEs- o seguir imprimiendo patacones. Todo mientras desespera porque la economía Argentina se ponga en movimiento. Por ahora, el gobernador y el ministro prefieren seguir imprimiendo patacones; es que la inflación no da margen para el recorte salarial.

Mientras tanto, desde ningún lugar de la administración pública se generó un hecho concreto que permita dilucidar desde dónde la Provincia reacomodará sus ingresos, o sus gastos. En pocas semanas se cumplirá un año que el Estado Provincial se hizo cargo de la cartera de incobrables del Banco Provincia, y todavía no se consiguió recuperar un peso de esa inmensa mochila de 2.100 millones de dólares que el Estado se cargó, producto de préstamos que realizaron el Bapro a empresas que ahora están quebradas y que el Estado debería haber comenzar a intimar.

Sólo queda la promesa de la descentralización impositiva, que deberá pasar por la legislatura y por ahora no ha trasuntado ninguna urgencia. En este contexto queda flotando la idea que también naufragará en la incertidumbre el pacto al que llegaron los municipios y la Provincia. Con el agravante que muchos de los puntos de esa concertación -que los intendentes contaron a su favor- no están escritos. Fue el propio Solá quién tomó la precaución de no escribir algunos detalles, no menores por cierto: por ejemplo que los 200 millones de Patacones que se agregaron en última instancia al permiso de emisión sean destinados con exclusividad a las comunas.

En paralelo, y en el mismo sentido que se profundiza la debacle económica y financiera, se incrementa la necesidad de asistencia social en el territorio provincial. Por estos días el gobierno bonaerense tiene una obsesión; comprar alimentos para contener el hambre en puntos calientes del segundo y tercer cordón de conurbano provincial; y también en ciudades del interior provincial donde la parálisis de la producción hizo estragos en los últimos años.

En el tema social hay una fecha que desvela al gobierno provincial: es el día en que la Nación comience a pagar los 150 pesos a cada uno de los casi 600 mil inscriptos que registra el Plan Jefas y Jefes de Hogar que anunció el presidente Eduardo Duhalde como un derecho de todos los desocupados que tengan a cargo un grupo familiar.

En el área social de la Provincia estiman que el 20 de mayo las primeras 420 mil personas que ya se anotaron comenzarán a percibir los 150 pesos mensuales. Hasta ese día, con alimentos, buscarán que -al menos- el incendio no se descontrole.

Sólo el descalabro nacional alcanza desdibujar la crisis provincial. En ese marco de exigencia y presión el gobernador tendrá que comprometer objetivos para hacer posible el pacto con el FMI. Sobre el tema Solá deja más interrogantes que certezas: "los gobernadores de todas las provincias hemos tomado una posición de resinserción de la Argentina en el mundo, siempre y cuando eso no implique firmar algo que internamente nos paralice aún más".

(DIB).