Reforma política: el 2003 ya no existe

Por Enrique Gil Ibarra

Habitamos un país al borde del incendio, y el 2003 ya no existe. Cualquier individuo medianamente sensible podrá aportar más de diez motivos distintos para abonar esta realidad. El autismo demostrado por parte de la gran mayoría de la clase política, que insiste en poner paños fríos efectuando mínimas transformaciones cosméticas en la esperanza de retornar a una supuesta normalidad que les permita continuar con el sistema, es lo asombroso.
La representatividad es un camino de dos vías. No basta con que el "representante" prometa portarse bien. Es necesario también que el representado le crea, y elija aceptarlo como representante. Esto ya no sucede. La dirigencia no sólo no representa a nadie, sino que ya no posee las herramientas necesarias para "explicar" lo que debe hacerse. Cuando el potencial representado no desea escuchar, ningún razonamiento tiene validez. No es importante ya si "no todos" los políticos son corruptos. No son las excepciones, que sin duda las hay, las que lograrán una modificación del concepto generalizado de ineptitud, individualismo, soberbia, indiferencia y ambición desmedida.
Se avecina una situación que tiene solamente dos resultados posibles: o bien Duhalde convoca a elecciones libres y legítimas, o bien se niega a hacerlo intentando conservar los privilegios y prebendas. Es importante destacar que, en cualquiera de ambos casos, el país dejará de ser lo que era. Debe reconocerse la inviabilidad de este esquema insostenible si esperamos evitar lo que probablemente resultará en un baño de sangre donde, quede quien quede, siempre quedarán perdedores. No hay dudas de que aquí pagarán algunos pocos justos por los muchos que han pecado.
Y es sin duda para ubicarse del lado de los "justos" que nuestro lúcido presidente provisional propone llamar a plebiscito para reformar la Constitución sin explicitar -se habrá olvidado- en qué consistirá esta nueva reforma.
Pero es indispensable que el pueblo sepa qué se va a reformar. Los argentinos no concederán nuevamente un cheque en blanco para votar una reforma sin conocer previamente el contenido exacto de la misma. De lo contrario podremos encontrarnos ¡oh sorpresa! con que le hemos permitido a Duhalde reelegirse, o regalar la Patagonia, o concesionarle a la empresa Chiche & Co. los pozos de petróleo.
El Congreso, mediante iniciativa de la Cámara de Diputados, debería someter a consulta popular vinculante (art.40 de la Constitución) un proyecto de ley de reforma constitucional de emergencia (de promulgación automática en caso de voto afirmativo), que incluyera como mínimo los siguientes ítems tentativos:
1-Convocatoria a elecciones generales dentro de los 90 días de aprobada, con renovación de todos los cargos públicos nacionales, provinciales y municipales.
2-Autorización para que cualquier ciudadano pueda postularse a cualquier cargo, pertenezca o no a un partido político, con los únicos requisitos de: a) ser argentino nativo o por opción; b) residir en la provincia o municipio en la que se postula; c) ser mayor de edad y estar legalmente habilitado para elegir y ser electo.
3-Eliminar las denominadas "listas sábana". Cada ciudadano que cumpla los requisitos podría presentarse a disputar un único cargo o bien, reunido con otros, presentar una lista parcial o completa, con suplentes o sin ellos.
4-Establecer para los elegidos la prohibición de reelección o nueva postulación durante un período de dos años a partir del cese en las funciones.
5-Establecer la Revocatoria de Mandatos mediante el sistema de Consulta Popular vinculante. Dicha Consulta popular podría ser efectuada a nivel nacional, provincial o municipal, con el objeto de remover a uno o varios funcionarios. Los requirentes deberían presentar ante la justicia electoral una petición respaldada como mínimo por el 10 por ciento del padrón que corresponda al distrito electoral del funcionario cuestionado. Sólo podría efectuarse una petición de Revocatoria pasados 180 días de la asunción del funcionario en cuestión. Se consideraría el mandato revocado si los votos afirmativos superan la mitad más uno de la totalidad del padrón, sumándose los votos en blanco, nulos o abstenciones como votos negativos. En caso de que la Revocatoria fuera denegada por el resultado de la votación, no podría presentarse otra petición hasta pasados 360 días de la fecha de la primera votación, y se requeriría para aceptarla un mínimo del 20 por ciento del padrón que corresponda al distrito del funcionario cuestionado. En ningún caso podría aceptarse una tercera solicitud de Revocatoria de Mandato.
6-Establecer el sistema unicameral de Representantes, eliminando las Cámaras de Diputados y Senadores en todo el territorio nacional.
7-En el caso de la Cámara de Representantes nacional, cada provincia elegiría dos representantes independientemente de su población, y los restantes serían elegidos proporcionalmente, con un máximo de 10 representantes y un mínimo de tres por provincia, siendo el máximo de 10 el índice testigo en la provincia más poblada. El orden de precedencia sería establecido por porcentaje de votos obtenidos con respecto a la totalidad del padrón provincial.
8-Con respecto a las Cámaras de Representantes provinciales, se elegiría 1 representante por sección electoral independientemente de su población, y los restantes serán elegidos proporcionalmente, con un máximo de 5 representantes y un mínimo de 2 por sección, siendo el máximo de 5 el índice testigo en la sección electoral más poblada. El orden de precedencia sería establecido por porcentaje de votos obtenidos con respecto a la totalidad del padrón seccional.
9-Los intendentes municipales serían elegidos uninominalmente, no pudiendo presentarse listas que incluyan concejales municipales, que serían electos de acuerdo al punto 10.
10-Los Concejos Deliberantes municipales estarían compuestos por un 1 concejal por cada barrio o circuito o circunscripción. No podrían presentarse listas completas ni parciales, debiendo realizarse elecciones uninominales en cada uno de los barrios o circunscripciones. El candidato más votado en cada uno de ellos, integraría automáticamente el Concejo municipal distrital.
11-Con respecto a las remuneraciones, los representantes nacionales percibirían por todo concepto una suma equivalente a 15 salarios mínimos en concepto de remuneración sujeta a la legislación vigente (impuestos y retenciones). Los representantes provinciales y los intendentes percibirían por todo concepto una suma equivalente a 10 salarios mínimos en concepto de remuneración sujeta a la legislación vigente (impuestos y retenciones). No percibirán viáticos, gastos de representación ni adicionales o beneficios extras por ningún concepto. Las ausencias, exceptuando casos comprobados de enfermedad, serán descontadas del salario del funcionario proporcionalmente. Los concejales municipales, por su parte, ejercerían su cargo ad-honorem percibiendo una suma equivalente a 2 salarios mínimos en concepto de viáticos, con carácter no remunerativo y sujeto a rendición mensual de cuentas.
¿Drástico? Si, desde luego. ¿Posible? Absolutamente, si existe la decisión popular. Y por supuesto, mucho más simple y claro de lo que pretenden hacernos creer. (AIBA)