El sistema bicameral no debe ser amputado, sino optimizado

Por Carlos R. Capdevila

En el debate acerca de los excesivos gastos legislativos que se registran en la gran mayoría de las provincias argentinas, se ha incluido (sin que tenga nada que ver, por cierto) la discusión sobre la conveniencia o no del sistema bicameral (senadores y diputados), cuando el nudo del problema no pasa por la cantidad de representantes sino por las erogaciones que se han ido permitiendo a los parlamentos regionales a través de sucesivos aumentos presupuestarios.
Viene al caso recordar el ejemplo de un presidente norteamericano de principios del siglo XIX, quien aludiendo a la costumbre de esos tiempos de volcar el café de la taza al platito, como forma de enfriarlo, hizo similar fundamentación para la necesaria vigencia de ambas cámaras legislativas. "Los momentos de fuertes manifestaciones del espíritu pueden llevar a la sanción de leyes apresuradas, peligro cierto que disminuye considerablemente cuando la norma pasa a la otra Cámara, se analiza nuevamente y hasta es probable que vuelva con modificaciones, dando paso así a la reflexión serena tan necesaria en el dictado de leyes que regulan la vida de los ciudadanos".
Y si bien existen numerosas provincias con representación unicameral, en el caso de Buenos Aires -entre otras- no debe asustar la cantidad de legisladores y mucho menos la existencia de dos Cámaras ya que para garantizar lo que podríamos llamar "federalización provincial" debería conservarse la representación distrital de diputados (designados por las ocho secciones electorales), pero bien podría modificarse la de senadores eligiendo a estos últimos -por ejemplo- a razón de uno por cada municipio.
Obviamente, estas reflexiones se basan en suposiciones de desarrollo normal de las instituciones y especialmente de la plena independencia de los Poderes, hecho muy poco común en los tiempos que corren. Es que aunque existan las presiones, los acuerdos "por debajo de la mesa" y otros factores de riesgo, siempre habrá un margen más estrecho para las componendas si existen dos Cámaras en lugar de una.
Convengamos en que todo irá mal -con uno o dos cuerpos parlamentarios, lo mismo es- si la voluntad de los legisladores fuese eludir el verdadero espíritu del proceso de formación de las leyes, o ejercer oposición por la oposición misma, o bien obedecer haciendo la venia al Poder Ejecutivo -por disciplina partidaria-, sin tener en cuenta el contenido ni la calidad de las normas remitidas o propuestas.
La reciente consulta popular impulsada por José Manuel De la Sota en su provincia, Córdoba, no deja de tener trascendencia (más allá de lecturas específicas o lineales) porque expresa la opinión de los ciudadanos. Pero no debe ser malinterpretado su resultado ya que es innegable que todos nos inclinamos por un sustancial ajuste de gastos burocráticos en cualquier nivel (nacional, provincial, municipal, legislativo, judicial, etcétera).
Expuesto el problema con un razonamiento matemático (tengo dos, saco una, me queda una), la supresión de una Cámara encaja en los deseos de la gente, porque se siente cansada de despilfarros, contubernios, corrupción directa o indirecta, nepotismo político y otros males de la incipiente democracia que comenzamos a transitar en 1983, padecimientos que la hacen opinar en forma directa y contundente, sin analizar la esencia de cada caso en particular.
En términos generales, tenemos que recordar que los gastos en las Legislaturas sufrieron incrementos notables en los últimos años. En consecuencia, bastará con analizar los presupuestos de una década atrás y compararlos con los actuales para descubrir dónde están los desfasajes, los excesos y las exageraciones. Con esta simple tarea podría dejarse de esgrimir como una muletilla de buenos efectos demagógicos la tan manoseada anulación de una de las dos componentes del sistema bicameral.
Vayamos a un ejemplo muy claro: Si diez años atrás el presupuesto de un cuerpo legislativo era de 20 millones y el del otro de 15, ambos sumaban 35. Hoy, totalizan 170 millones (100 y 70), con lo que ni siquiera suprimiendo uno de ellos se iguala el gasto anterior mencionado. El problema no pasa por la erradicación sino por la normalización.
Como en casi todos los órdenes de la vida, es bastante común que cuanto más se logra, más de pide y más se desea. En las Legislaturas ha ocurrido algo similar porque cada administración fue incorporando lo que los representantes pedían (por diversas causas) y a lo que anualmente el Poder Ejecutivo accedía, incrementando las partidas presupuestarias. Y por duro que resulte, lo adecuado es emprender el camino de vuelta, actitud que ya se venía insinuando y ratificaron los actuales presidentes, Felipe Solá (Senado) y Aldo San Pedro (Diputados).
Habrá que continuar en ese sendero, paralelamente a una optimización de los recursos y a algunos cambios conceptualmente importantes en la formación de un plantel profesional permanente para asistir a los legisladores, inmune a los cambios políticos y a su engrosamiento ficticio como atención de favores. No hablamos de operar sin anestesia, pero sí de seguir adecuando lo que sea necesario para evitar la extremista supresión que -seguramente- tampoco atacará la raíz del problema. (AIBA)