¿Qué gastos debe recortar la cartera educativa bonaerense en esta coyuntura?

Por Carlos Alberto Bartoletti y Carlos Alejandro Cebey (*)

La realidad desnudó la verdad, porque "la única verdad es la realidad". Y la realidad es que la Provincia está mal no sólo por los efectos del modelo vigente sino también por la utilización de su estructura para solventar la carrera política de dos dirigentes justicialistas: Ruckauf y Bordón.
La crisis financiera actual es el resultado de la ineficiencia del gobierno provincial en la administración de los recursos de esta Provincia que aporta el 40 por ciento del PBI nacional y que se está manifestando ahora con toda su crudeza.
Por primera vez en años, se ha percibido el aguinaldo en forma tardía y los bonaerenses nos aprestamos a incorporarnos a la lista de las provincias que vuelven al pasado: los "patacones" serán el retorno a épocas anteriores al Pacto de San José de Flores.
En este contexto, cada ministerio se apresta a efectuar "recortes" que empeoran las cosas, ya que no sólo los habrá salariales sino que, por si ello fuera poco, lo que quede se pagará en bonos.
Queremos poner a consideración de los que integran el sistema educativo algunas propuestas que son el fruto de nuestro compromiso con la Escuela Pública y lo que ella significa como herramienta de movilidad social y de la experiencia que hemos adquirido como consejeros generales.
Por supuesto que ninguna de ellas deberán tener impacto directo sobre el salario del personal docente, administrativo y de servicios, más allá de las medidas puestas en vigencia con la reciente ley aprobada que fija recortes salariales y el pago en "patacones" con las características por todos conocidas.
Las propuestas son:
- Fijación de precios únicos y uniformes para los servicios contratados de alcance provincial: Por ejemplo, el valor de kilómetro según el tipo de caminos para el transporte de alumnos prestados por terceros.
- Fijación de precio uniforme para las contrataciones de construcciones y refacciones de establecimientos educativos: para terminar con esta "feria" de valores que oscilan entre los 350 y los 1.000 pesos, según dónde se construya, qué ministerio las adjudica o qué esforzada cooperadora --en estrecha colaboración con los Consejos Escolares-- hace la obra por administración.
- Suspensión de todos los planes provinciales recientemente lanzados que impliquen contratación de personal encubierta, más allá de las presuntas bondades de algunos de ellos. Por ejemplo: Plan Mendieta, con un costo estimado en 70 mil pesos mensuales; El Cine va a la Escuela, Elencos Internacionales, y el Festival Internacional de Cine, con una estimación de 200 mil pesos; y el Stand Feria del Libro, con 90 mil pesos estimados.
- Suspensión de todas las contrataciones a terceros para la realización de planes de capacitación docente y la continuidad de éstos con las cargas horarias que corresponden a la rama de Educación Superior, a cargo de personal propio y a valores de horas cátedra según nomenclador vigente.
- Suspensión de la utilización de horas cátedra como sobresueldo encubierto para personal propio que cumple tareas en pases técnicos y/o situaciones similares.
- Estricto control y revisión de la "bolsa de las horas cátedra", agujero negro de la gestión.
- Revisión de los gastos del área Cultura a la luz de esta situación imperante.
- Derogación lisa y llana del decreto que firmó el gobernador Ruckauf y que "legalizó", en franca violación de la Constitución Provincial y de la Ley 11612, más direcciones provinciales absolutamente innecesarias -con rango de subsecretarías--, que "esfuman" la responsabilidad de gestión directa de la Subsecretaría de Educación, fragmenta los servicios entre públicos y privados y aumenta los gastos burocráticos. Todo ello, pocos días antes de que el propio gobernador anunciara la cesación de pagos y pretendiera hacer a la Legislatura responsable de tal situación.
- Adopción inmediata de medidas de control interno que impidan el "extravío" de fondos remitidos por la Nación y destinados a fines específicos: que a la "pérdida" de los correspondientes al pago del incentivo docente debe agregarse ahora la "desaparición" de fondos de igual origen destinados a la compra de mobiliario escolar por más de un millón de pesos.
Este aporte que realizamos persigue la finalidad de centrar la discusión que se ha abierto alrededor de la racionalización de los gastos del Estado para evitar que se nos confunda con otros temas que pueden ocultar la pérdida de derechos de los docentes y administrativos que cumplen tareas en esta Dirección General de Cultura y Educación.
Están a disposición de todos y si el Consejo General de Cultura y Educación es convocado para expedirse sobre estas cuestiones, ésta será nuestra postura.

(*) Consejeros generales de Cultura y Educación bonaerenses por la UCR.